FACUA-Consumidores en Acción considera que la sentencia del Supremo que tumba el sistema de financiación del bono social eléctrico deja en evidencia el fracaso del modelo energético que mantiene el Gobierno, heredero de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad. La decisión del alto tribunal vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema que es continuamente cuestionado en los tribunales, algo que encarece continuamente el servicio y que por lo tanto convierte a los consumidores, la parte más vulnerable, en los principales perjudicados, más aún en este caso, cuando se trata precisamente de dar cobertura, a través del bono social, a la población más desprotegida y en riesgo de padecer exclusión energética.
FACUA considera que la decisión del alto tribunal vuelve a poner de
manifiesto la inseguridad de un sistema continuamente cuestionado, en el
que los principales perjudicados son siempre los consumidores.
En su sentencia, el Supremo considera que no está suficientemente justificado el sistema de financiación del bono social, que recae sobre determinadas empresas, obligadas a financiar el descuento que se realiza en la factura de la luz a las familias con menos recursos económicos. La sentencia recoge, además, que ahora habrá que devolver las cantidades que las compañías afectadas han aportado para este sistema con intereses.
El Supremo valora que, dado que el sector eléctrico está liberalizado y en él operan empresas privadas en un sistema de libre competencia, las obligaciones de servicio público que el Gobierno quiera imponerles tienen que estar claramente definidas, justificadas, ser transparentes, no discriminatorias y controlables.
FACUA recuerda que es la segunda vez que el Supremo tumba el sistema de financiación del bono social. Ya ocurrió en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba (en vigor desde 2009) y tuvo que ser modificado. Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora se ha vuelto a anular.
La asociación entiende que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social. El hecho de que las decisiones legislativas que toma el Gobierno en este sector sean sistemática y continuamente recurridas en los tribunales por las grandes multinacionales que operan en el mercado español es buena muestra de ello. Tanto el sistema de financiación de las energías renovables como el modelo de establecimiento de la tarifa regulada de la luz han sido previamente denunciados por las empresas, a lo que ahora se suma el sistema de financiación del bono social.
Este estado permanente de litigio provoca un encarecimiento de un servicio con el que los consumidores están profundamente en descontento, tanto por el desproporcionado coste de la electricidad como por las continuas irregularidades que cometen las compañías, valora FACUA.
La asociación considera evidente que el proceso de liberalización del sector eléctrico llevado a cabo desde la última legislatura de Felipe González no ha servido para beneficiar a los consumidores, que ven cómo aumenta desproporcionadamente la factura de la luz y cómo es cada vez más complicado acceder a un servicio esencial como este, en el que no hay información suficiente sobre cómo se factura, sobre las empresas que operan en el sector y en el que constantemente se están cometiendo irregularidades que terminan repercutiendo siempre sobre los más vulnerables.
Un sistema de acceso excluyente
FACUA recuerda que, además, el sistema para poder ser beneficiario del bono social es excluyente e impide el acceso a numerosas familias en riesgo de exclusión. Así lo denunció la asociación en 2014.
Si bien con anterioridad se trataba de un precio fijo, a partir de 2014 pasó a ser un descuento sobre la tarifa semirregulada, por lo que un bono que pretendía asistir a las familias más vulnerables y con dificultades para acceder al sistema quedaba sujeto a las oscilaciones del mercado: cuando sube el precio de la luz, sube el precio del bono social.
Para acceder al descuento de un 25% sobre la tarifa semirregulada (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC) hay que tener contratada una potencia inferior a 3,3 kW o, en el caso de que sea menor de 10 kW, encontrarse en uno de estos tres supuestos: ser pensionista con prestaciones mínimas y más de 60 años de edad, ser familia numerosa o vivir en un hogar en el que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.
En su sentencia, el Supremo considera que no está suficientemente justificado el sistema de financiación del bono social, que recae sobre determinadas empresas, obligadas a financiar el descuento que se realiza en la factura de la luz a las familias con menos recursos económicos. La sentencia recoge, además, que ahora habrá que devolver las cantidades que las compañías afectadas han aportado para este sistema con intereses.
El Supremo valora que, dado que el sector eléctrico está liberalizado y en él operan empresas privadas en un sistema de libre competencia, las obligaciones de servicio público que el Gobierno quiera imponerles tienen que estar claramente definidas, justificadas, ser transparentes, no discriminatorias y controlables.
FACUA recuerda que es la segunda vez que el Supremo tumba el sistema de financiación del bono social. Ya ocurrió en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba (en vigor desde 2009) y tuvo que ser modificado. Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora se ha vuelto a anular.
La asociación entiende que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social. El hecho de que las decisiones legislativas que toma el Gobierno en este sector sean sistemática y continuamente recurridas en los tribunales por las grandes multinacionales que operan en el mercado español es buena muestra de ello. Tanto el sistema de financiación de las energías renovables como el modelo de establecimiento de la tarifa regulada de la luz han sido previamente denunciados por las empresas, a lo que ahora se suma el sistema de financiación del bono social.
Este estado permanente de litigio provoca un encarecimiento de un servicio con el que los consumidores están profundamente en descontento, tanto por el desproporcionado coste de la electricidad como por las continuas irregularidades que cometen las compañías, valora FACUA.
La asociación considera evidente que el proceso de liberalización del sector eléctrico llevado a cabo desde la última legislatura de Felipe González no ha servido para beneficiar a los consumidores, que ven cómo aumenta desproporcionadamente la factura de la luz y cómo es cada vez más complicado acceder a un servicio esencial como este, en el que no hay información suficiente sobre cómo se factura, sobre las empresas que operan en el sector y en el que constantemente se están cometiendo irregularidades que terminan repercutiendo siempre sobre los más vulnerables.
Un sistema de acceso excluyente
FACUA recuerda que, además, el sistema para poder ser beneficiario del bono social es excluyente e impide el acceso a numerosas familias en riesgo de exclusión. Así lo denunció la asociación en 2014.
Si bien con anterioridad se trataba de un precio fijo, a partir de 2014 pasó a ser un descuento sobre la tarifa semirregulada, por lo que un bono que pretendía asistir a las familias más vulnerables y con dificultades para acceder al sistema quedaba sujeto a las oscilaciones del mercado: cuando sube el precio de la luz, sube el precio del bono social.
Para acceder al descuento de un 25% sobre la tarifa semirregulada (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC) hay que tener contratada una potencia inferior a 3,3 kW o, en el caso de que sea menor de 10 kW, encontrarse en uno de estos tres supuestos: ser pensionista con prestaciones mínimas y más de 60 años de edad, ser familia numerosa o vivir en un hogar en el que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.
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