Querido vecino de Ceuta:

Lo primero es reconocer que tu preocupación es legítima. La entrada masiva de unas 72.000 personas durante los días 30 y 31 de julio de 2026 colocó a la ciudad ante una situación excepcional. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero Ceuta continúa necesitando recursos, coordinación y apoyo institucional.

Los ceutíes tenéis derecho a exigir seguridad, atención sanitaria, alojamientos dignos, protección para los menores, control fronterizo y una respuesta rápida del Estado. También tenéis derecho a pedir responsabilidades políticas cuando la emergencia esté encauzada.

Pero apoyar a Ceuta no consiste únicamente en acudir a la ciudad, convocar concentraciones o exigir dimisiones. Apoyar a Ceuta significa aliviar su presión de manera concreta. Y eso exige que las comunidades autónomas acepten recibir una parte proporcional de las personas y los menores migrantes que permanecen allí.

La contradicción del Partido Popular

El Partido Popular denuncia que Ceuta no puede soportar sola la situación. Sin embargo, varios gobiernos autonómicos del PP rechazan aceptar nuevos traslados o anuncian que recurrirán cualquier mecanismo de reparto.

La contradicción es evidente: se reclama solidaridad con Ceuta, pero no se practica cuando consiste en que otras comunidades asuman una parte razonable de la responsabilidad. No se está pidiendo que cada autonomía reciba a miles de personas sin planificación. Se está pidiendo una distribución proporcional, con financiación, medios y seguimiento.

Si el PP considera que Ceuta está colapsada, debería presionar a sus propias comunidades autónomas para que acepten recibir algunas de las personas migrantes y los menores y contribuyan a descongestionar la ciudad. En lugar de eso, parece utilizar el sufrimiento de los ceutíes para atacar al Gobierno de España, mientras evita exigir responsabilidades a sus presidentes autonómicos.

¿Por qué no se escucha a Feijóo reclamar públicamente a Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia, Valencia o cualquier otra comunidad gobernada por el PP que acepte su parte proporcional? Si la prioridad es Ceuta, esa debería ser la primera exigencia del principal partido de la oposición.

«Que vuelvan todos» no es un procedimiento legal

Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del PP han defendido que todos deben regresar al lugar del que proceden. Pero una consigna política no sustituye a la ley.

Cada persona debe ser identificada. Hay que determinar quién es menor, comprobar su situación familiar, estudiar si la persona necesita protección internacional o asilo y verificar si el retorno es seguro y legalmente posible. En el caso de los menores no acompañados, debe prevalecer su interés superior.

No existen devoluciones colectivas automáticas. El retorno puede proceder en determinados casos, pero debe tramitarse individualmente y con garantías. Lo contrario podría vulnerar la normativa española, europea y los tratados internacionales de derechos humanos. Ya hay sentencias recientes del TS.

Por eso resulta poco responsable exigir el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, resumir toda la solución en «que vuelvan todos». Si el PP cree que los retornos son posibles, debe explicar cuántas personas pueden ser devueltas, a qué país, mediante qué procedimiento y con qué garantías.

La presencia de Frontex confirma precisamente que la respuesta real requiere identificación, análisis de cada caso, coordinación europea y procedimientos individualizados. No basta con lanzar frases contundentes desde una rueda de prensa.

El uso partidista de la FEMP

También resulta especialmente cuestionable el uso partidista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una institución concebida para representar los intereses del municipalismo, facilitar la cooperación entre ayuntamientos y defender soluciones comunes.

La FEMP debería ser un espacio de diálogo institucional, no una herramienta de confrontación partidista. Sin embargo, la convocatoria unilateral de actos en apoyo de Ceuta, sin buscar previamente el consenso de todas las fuerzas políticas representadas, convierte una institución municipal en parte de una estrategia de oposición.

Ceuta merece solidaridad institucional, no una escenificación partidista. Si la FEMP pretende hablar en nombre de todos los municipios, debe contar con todos los grupos y buscar un acuerdo amplio. Una convocatoria promovida desde la dirección de una organización municipal sin consenso corre el riesgo de dejar de representar al conjunto del municipalismo.

El problema no es manifestarse por Ceuta. El problema es utilizar una institución creada para la cooperación municipal para organizar una movilización que excluye a una parte de sus representantes y que coincide con la estrategia política del PP contra el Gobierno.

La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿por qué la FEMP no utiliza su capacidad institucional para pedir a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que acepten recibir parte de esas personas migrantes y de los menores y ayuden materialmente a Ceuta? Si de verdad se quiere aliviar a la ciudad, esa sería una medida mucho más útil que una concentración convocada sin consenso.

Ceuta no quiere ser utilizada por grupos racistas

También hay que reconocer la dignidad de los ceutíes que se han enfrentado a grupos violentos, neonazis o racistas que pretendían apropiarse de su sufrimiento. Esos grupos no representan a Ceuta.

En la ciudad hay problemas, preocupaciones y opiniones diferentes, como en cualquier otro lugar. Pero la mayoría de los vecinos quiere una solución, no que su angustia sea utilizada para difundir odio contra las personas migrantes por su origen, su color de piel o su religión.

Defender a Ceuta no significa deshumanizar a quienes han llegado. Significa garantizar la seguridad de los vecinos, proteger sus derechos y hacerlos compatibles con los de las personas y los menores migrantes, investigar los hechos y aplicar la ley con todas las garantías.

La comparación con Ucrania

La comparación con las personas desplazadas por la guerra de Ucrania plantea una pregunta incómoda. España y las comunidades autónomas fueron capaces de colaborar para acoger a cientos de miles de personas ucranianas mediante un régimen europeo de protección temporal.

Es cierto que ambas situaciones no son jurídicamente idénticas. Las personas procedentes de Ucrania se beneficiaron de un mecanismo extraordinario de protección temporal, mientras que quienes llegan irregularmente a Ceuta deben someterse a los procedimientos de extranjería, asilo y protección de menores que correspondan.

Pero esa diferencia jurídica no justifica negar derechos básicos ni rechazar cualquier forma de solidaridad. La protección de los derechos humanos no puede depender del color de piel, de la religión o de que una guerra nos resulte culturalmente más cercana.

Si existen límites de capacidad, deben discutirse con datos, financiación y planificación. Lo que no es coherente es afirmar que Ceuta está desbordada y, al mismo tiempo, impedir que otras comunidades reciban a un número limitado y proporcional de personas.

Solidaridad proporcional, no improvisación

El traslado de menores no debe hacerse de manera improvisada. Debe contar con financiación suficiente, profesionales especializados, plazas adecuadas, atención educativa y sanitaria, seguimiento de cada caso y coordinación con las entidades locales.

Pero exigir una planificación rigurosa no puede convertirse en una excusa para no hacer nada. La alternativa al reparto desordenado no es el bloqueo: es organizarlo mejor.

El posible derecho de asilo no es un invento del Gobierno, es el resultado de años de caminar desde la barbarie hasta la civilización. No parece que queramos volver a la barbarie. ¿O sí?

Ceuta necesita que el Estado refuerce sus recursos, coopere con Marruecos, investigue las posibles responsabilidades, agilice los retornos que legalmente procedan y proteja a quienes tengan derecho a solicitar asilo o protección.

Y necesita también que las demás comunidades acepten una parte proporcional de la responsabilidad. No por caridad, sino porque forman parte del mismo Estado y porque la solidaridad territorial es una obligación democrática.

El Gobierno también debe explicar qué falló

El Gobierno de España debe responder por sus decisiones y explicar qué información tenía antes del 30 de julio, qué falló en la previsión y cómo fue posible que Ceuta llegara a recibir unas 72.000 personas en un periodo tan corto. Una entrada de esa magnitud merece explicaciones y una revisión seria de los mecanismos de prevención y coordinación.

Pero tampoco sería razonable negar que hubo capacidad de reacción. La gran mayoría de esas más de 70.000 personas regresó a Marruecos en apenas 24 o 48 horas. Un retorno de esa dimensión difícilmente habría sido posible sin una coordinación operativa entre España y Marruecos y sin que las autoridades marroquíes facilitaran las devoluciones.

Eso no borra las responsabilidades ni las preguntas pendientes. Una cosa es reconocer que pudo faltar previsión o que la coordinación previa fue insuficiente, y otra muy distinta afirmar que el Estado no reaccionó. Los hechos obligan a separar ambas cuestiones.

La crítica al Gobierno es legítima y necesaria. Debe aclararse qué sabía, cuándo lo sabía, cómo actuó y qué medidas adoptará para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse. También debe explicar qué falló antes de la crisis y por qué una respuesta que después permitió retornar a decenas de miles de personas no evitó previamente una entrada de semejante magnitud.

La prioridad debería ser resolver, no desgastar

Exigir esas explicaciones al Gobierno no debería servir para negar lo que sí funcionó ni para bloquear ahora las soluciones que Ceuta necesita.

Lo que no parece responsable es utilizar cada dificultad para impedir los acuerdos necesarios, convocar actos sin consenso institucional y convertir Ceuta en el escenario de una campaña permanente contra el Gobierno.

El PP dice defender a Ceuta, pero no parece dispuesto a exigir a sus propias comunidades que la alivien. Dice defender la ley, pero algunos de sus mensajes sugieren devoluciones generales que no pueden ejecutarse sin estudiar cada caso. Dice buscar unidad, pero utiliza la FEMP sin un consenso amplio.

Ceuta no necesita que nadie hable en su nombre para convertirla en un campo de batalla partidista. Necesita que España actúe como un país unido.

La ciudad no pide privilegios: pide medios, seguridad, respeto y solidaridad. Y esa solidaridad debe traducirse en hechos: aceptar algunos menores de forma proporcional, garantizar los recursos necesarios y cumplir la ley sin racismo ni demagogia.

Apoyar a Ceuta no consiste solo en manifestarse en sus calles. Consiste en hacer todo aquello que permita que Ceuta deje de soportar sola la emergencia.

Ceuta necesita soluciones. El PP y la dirección de la FEMP están ofreciendo, sobre todo, confrontación.

#Ceuta #Migración #FEMP

JC.   Publicat per AGORACT en Crònica Camp de Túria

Vecinos de Ceuta hablando con migrantes, primeros dias