Llevamos un tiempo escuchando el eufemismo de la violencia institucional y del odio: “prioridad nacional”. Lo repiten Vox y parte del PP, lo repiten sus portavoces, presidentes y presidentas del PP en algunas de las Comunidades Autónomas en las que gobiernan, y sus alcaldes y alcaldesas en los pactos de gobierno municipales. Y, lo que es más grave, lo repiten también quienes lo critican. Y cada vez que alguien lo pronuncia, aunque sea para atacarlo, hace el juego sucio por ellos.

Tengo una petición concreta, dirigida a organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas, periodistas y activistas: dejemos de usar esa expresión. No porque el tema no importe- importa muchísimo-, sino porque usar su lenguaje es aceptar su terreno de juego. Y en ese terreno ellos siempre ganan.

Esta expresión racista intenta sonar a gestión responsable, a sentido común. Está construida para sonar razonable. Pero lo que describe no es razonable ni neutro: es excluir a personas del derecho al acceso a la vivienda, a ayudas sociales y a servicios públicos por su origen, su nacionalidad o el color de su piel.

Eso tiene nombre en el ordenamiento jurídico español y en el derecho internacional: se llama discriminación por razón de origen racial o étnico y está prohibido por la Constitución Española en su artículo 14, por la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, por el artículo 21 de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

No es una opinión, no es una interpretación progresista. Es Derecho vigente y vinculante. No solo una declaración de intenciones sino una disposición de obligado cumplimiento.

Entonces, ¿por qué seguimos debatiendo si esta cláusula de odio es o no es racismo, como si hubiera un margen razonable de duda?, esa duda no existe jurídicamente. Lo que existe es una campaña muy bien diseñada para que normalicemos la idea de que el bienestar colectivo tiene que repartirse según se sea “más de aquí”. Y cada vez que respondemos con “eso es prioridad nacional, pero racista”, estamos repitiendo su etiqueta y contribuyendo a que la escuche más gente, más veces y con más naturalidad.

Lo que hay en esos pactos de gobierno -en Extremadura, Aragón, en municipios de toda España, en las propuestas legislativas de Vox con el aval silencioso y en ocasiones de manera consciente del PP- no es una política de gestión de recursos escasos, es la construcción de una jerarquía de ciudadanía basada en el origen. Es segregación en el acceso a derechos fundamentales que no admiten excepción. Es exclusión racista del Estado de Bienestar. Es xenofobia institucionalizada. Llamémoslo así, digamos esas palabras. Son las exactas.

No pido que se cambie el fondo del análisis – el fondo ya lo tiene bien analizado mucha gente, pido que se cambie el vocabulario. Porque el lenguaje no es un detalle técnico: es el campo de batalla. Quien fija las palabras, fija el debate. Y ahora mismo, Vox y sus socios están fijando el debate.

Cuando hablamos de “racismo, de “discriminación ilegal de “segregación en derechos sociales”, de “exclusión por origen étnico”, no solo somos más precisos. Somos más eficaces, porque activamos el marco correcto: el de la igualdad, el de la ley. Un marco en el que ellos no tienen buenas respuestas.

Así que, por favor: en la próxima rueda de prensa, en el próximo artículo, en la próxima intervención parlamentaria. Digamos lo que es: RACISMO

Luis Poveda Amores (Bétera)

Miembro de la Comisión Ejecutiva de Esquerra Unida del País Valenciano- EUPV