#Incendios2025 #ProtecciónCivil #GestiónForestal

La oleada de incendios que azota España este verano ha desatado una tormenta política entre comunidades autónomas y Gobierno central. Pero detrás del cruce de acusaciones, el marco legal y los hechos muestran una realidad muy distinta: los medios estatales ya están desplegados, las competencias siguen siendo autonómicas y lo que falta no son recursos, sino prevención y responsabilidad institucional.

España atraviesa este mes de agosto de 2025 una de las peores crisis por incendios forestales que se recuerdan.

La emergencia ha saltado del terreno técnico al político, y de ahí al ruido mediático. En mitad de ese fuego cruzado, se escuchan gritos de auxilio, reproches cruzados y acusaciones entre administraciones. Pero si se repasa con calma el marco legal y la respuesta institucional, la cosa cambia. Ni lo que se está diciendo es del todo cierto, ni el debate tiene que ver únicamente con recursos o competencias. Lo que hay, sobre todo, es una maniobra política para evitar responsabilidades, desviar el foco y explotar el incendio como arma partidista.

1. Qué dice la ley y cómo se organiza el mando

En España, la gestión de los incendios no es un asunto improvisado. La Constitución establece claramente las competencias y mecanismos de actuación ante este tipo de emergencias. Por un lado, el artículo 2 consagra la unidad del Estado y la solidaridad entre territorios, mientras que el artículo 149.1.29 reserva al Estado las competencias exclusivas en materia de seguridad pública.

Sin embargo, cuando se trata de catástrofes naturales, el reparto es mixto: según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad directa de prevenir, planificar y actuar ante incendios forestales. Solo cuando una emergencia supera su capacidad de respuesta, pueden solicitar formalmente que el Estado asuma la dirección.

En concreto, los artículos 28 y 29 de la Ley 17/2015 permiten al Ministerio del Interior declarar una emergencia nacional de nivel 3, asumiendo el mando operativo, siempre que la comunidad autónoma afectada lo pida o el propio Ministerio detecte un riesgo grave para el interés nacional.

Hasta ahora, ninguna comunidad ha dado ese paso. Ninguna ha pedido formalmente que el Estado tome el mando de la emergencia. Lo que sí hacen, públicamente, es reclamar más recursos del Estado, pero sin soltar el control operativo.

2. Qué está haciendo el Gobierno central

Pese a no haberse activado el nivel 3, el Gobierno central sí ha desplegado medios estatales e internacionales a petición de las comunidades autónomas. La Unidad Militar de Emergencias (UME), con sus capacidades logísticas, técnicas y sanitarias, está operando sobre el terreno desde el primer momento. A esto se suma la activación de ayuda europea coordinada por el Mecanismo de Protección Civil de la UE, con aviones, helicópteros y brigadas extranjeras trabajando ya en las zonas más afectadas. Exactamente lo mismo que haría si declarara la emergencia que las CC.AA. no piden, ni realmente quieren que se declare.

Es decir: los medios del Estado están disponibles y funcionando, sin necesidad de que las comunidades hayan cedido el mando. Las herramientas existen y se están utilizando. Lo que no se ha querido asumir —por parte de los gobiernos autonómicos— es la consecuencia institucional que implica reconocer que una emergencia les supera: ceder el control.

3. Lo que está ocurriendo en lo político

Aquí empieza el punto clave. En lugar de solicitar el mando único estatal, varios presidentes autonómicos —sobre todo en comunidades gobernadas por el Partido Popular— insisten públicamente en exigir “todos los recursos del Estado”, mientras mantienen bajo su responsabilidad la gestión operativa. Así pueden culpar al Gobierno central por “no hacer lo suficiente”, pero sin admitir que no dan abasto ni asumir el coste político que supondría renunciar a la dirección de la emergencia.

Es una estrategia calculada: reprochar la supuesta falta de ayuda estatal mientras se conserva la competencia, y evitar que la opinión pública asocie el desastre a la gestión autonómica.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reforzado este discurso, exigiendo la intervención del “ejército e ingenieros”, a pesar de que la UME y los equipos especializados ya están desplegados desde el principio.

En resumen: no hay un problema de legalidad ni de medios no ofrecidos, sino de una gestión política orientada a desviar el foco. El marco legal es claro: sin cesión formal de mando, la responsabilidad sigue siendo autonómica. Y los medios que se reclaman ya están sobre el terreno, porque no hace falta la declaración de nivel 3 para ponerlos en marcha.

4. La raíz técnica del problema: lo que no se está contando

El foco público se ha centrado en los recursos y las llamas, pero la mayoría de expertos coinciden en que el verdadero problema viene de antes. Concretamente, de la falta de inversión preventiva y planificación forestal durante el invierno y la primavera, que son etapas claves para evitar grandes incendios.

La gestión del monte, la limpieza de cortafuegos, la retirada de masa vegetal seca, los tratamientos selvícolas, el control de plagas… todo esto depende de las comunidades autónomas. Y en muchos territorios, según denuncian entidades ambientales y técnicos forestales, estas tareas se han recortado o directamente abandonado en los últimos años. Todo ello sin entrar en el amargo rostro de los bomberos que cobran salarios mínimos (Diputaciones y Comunidades Autónomas) y se contratan por 4 o 5 meses para luego devolverlos al paro y, hasta nuevo año.

A esto se suma un retroceso normativo en materia ambiental y la resistencia de algunos gobiernos autonómicos a aplicar políticas activas de adaptación climática. El resultado: bosques más vulnerables, más carga combustible, más riesgo.

5. El contexto ideológico: negacionismo climático y la “Agenda 2030” como enemigo

En paralelo al agravamiento de la crisis, la narrativa política ha virado hacia el conflicto ideológico. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —que interrumpió sus vacaciones en Miami para sumarse al debate— ha señalado a la ONU y a la “Agenda 2030” como culpables indirectos del desastre, al tiempo que cuestionaba abiertamente las políticas medioambientales internacionales.

Este tipo de discurso busca diluir la responsabilidad local y convertir el cambio climático en una consigna partidista, en lugar de reconocerlo como un factor clave en la intensidad de los incendios. Así, se desvía la atención de la falta de gestión forestal y se coloca el foco en una supuesta “imposición ideológica” global.

El negacionismo climático, las teorías conspirativas sobre la Agenda 2030 y el rechazo a cualquier regulación ambiental se están usando como coartada política para eludir responsabilidades reales.

El debate sobre si el Gobierno central está haciendo lo suficiente o si faltan recursos está sirviendo de pantalla para evitar hablar de lo importante: la responsabilidad institucional autonómica en la prevención y gestión forestal. Mientras se dramatiza en los medios una supuesta falta de apoyo estatal, lo cierto es que el Estado ha actuado dentro de la ley y ha puesto todos los medios disponibles a disposición de las comunidades.

Lo que no se está haciendo —por decisión de los gobiernos autonómicos implicados— es asumir que sus capacidades están superadas. Tampoco se está reconociendo el error de haber recortado prevención, ni se está proponiendo una estrategia técnica de futuro.

Mientras tanto, el fuego sigue. Y el discurso se calienta, pero no por el clima, sino por cálculo político.

J.C.