El PP y ERC frustran la ley de Ciencia. El Grupo Republicano ha cambiado de opinión y apoyado una enmienda del PP que ha impedido que se apruebe la nueva norma. El texto, para actualizar la normativa de 2011, volverá al Congreso. Y vuelve mermado, sin una de las medidas que más habían valorado los sindicatos y las asociaciones de investigadoras y que estaba destinada a aumentar la contratación indefinida de los investigadores en el sector público, como consecuencia de la enmienda popular que ha apoyado ERC.

Hace solo tres semanas el Grupo Republicano había votado en el Congreso a favor de esta misma medida que ahora rechaza. Lo que está en disputa en este caso es, grosso modo, el uso de los fondos competitivos europeos: UP había conseguido, con el apoyo de los socios habituales de Gobierno, introducir una enmienda en el último momento del trámite de la Cámara Baja para que los investigadores tuvieran contratos b b ñindefinidos y no temporales como ahora. De esa manera, tendrían más estabilidad y unas mayores indemnizaciones por despido.

La alternativa, defendida en primer el momento por el PP, Vox y Junts, era que los investigadores sigan teniendo contratos temporales bajo el argumento de que la enmienda aprobada por el Gobierno iba a incrementar los gastos de los organismos de investigación. El antiguo grupo convergente cifró en 1.500 millones de euros el coste para la Generalitat. Bajo este argumento parece haber convencido Junts a su socio de Gobierno ERC para que cambien de postura y tumben lo que hasta ahora era la disposición adicional décima de la ley.

Fuentes del grupo explican que se hecho una valoración desde la Generalitat y se ha decidido priorizar la financiación de los proyectos (vinculación a los fondos europeos) a la vez que se trabaja para que los contratos sean fijos. "ERC siempre velará por el interes y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras", explican fuentes del grupo.

Con este cambio el texto vuelve al Congreso, que tendrá que ratificar o anular la modificación que ha hecho el Senado. Lo preocupante para el Gobierno es que el cambio de posición de ERC altera las mayorías: si no se enmienda a sí mismo de nuevo, la medida desaparecerá definitivamente de la ley.

Con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 14/2021, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Gobierno pretende aumentar la financiación del sector científico hasta alcanzar la media europea, reducir la precariedad obligando a la contratación indefinida para casi todos los supuestos y simplificar la burocracia, entre otras cuestiones. Puedes consultar el texto aquí.

El trámite parlamentario ha evidenciado un enfrentamiento entre organismos de investigación públicos y al menos algunas asociaciones de investigadores a cuenta de la contratación indefinida o no en la administración, de la precariedad y del dinero: lo que para unos son ingresos necesarios, para los otros son gastos limitantes. Por el momento van ganando los organismos.

A media tarde el trámite parecía estar salvado cuando el senador de ERC Josep María Reniu Vilamala ha afirmado en su intervención en el debate: "Somos un grupo progresista estamos por la estabilidad. La investigación deja de ser precaria", aunque no ha mencionado explícitamente que se estuviera refiriendo a esta cuestión. Desde el grupo matizan: "También ha dicho que 'apostamos por garantizar una financiación suficiente que permita a los centros de investigación contar con unas mayores garantías de funcionamiento". Luego vendría la sorpresa.

Hace tres semanas, UP consiguió pactar pocas horas antes de la votación final de la ley en el Congreso la enmienda 59, que incluía una serie de medidas que a ojos de las asociaciones como la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarias o CCOO salvaban la ley: se extendía la obligatoriedad de firmar contratos indefinidos a los investigadores que trabajan en proyectos financiados con fondos europeos competitivos –un grupo que se había quedado fuera de esta medida, que viene de la reforma laboral– y se pasaba a considerar al personal técnico y de gestión como parte del personal de investigación para que puedan desarrollar su carrera laboral.

Pero varios organismos públicos de investigación, y también la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue), están en contra de esta medida y lo han hecho saber mediante sendas cartas dirigidas a los grupos en el Senado. Obligar a realizar contrataciones indefinidas en la administración pública para los proyectos vinculados a fondos europeos competitivos –los de más excelencia– implicaría un aumento del gasto para estos entes que, aseguran, perjudican a los propios organismos, pero también a los jóvenes investigadores.

"Comprendemos que esta disposición adicional 10ª [donde quedó plasmada la obligatoriedad de contratar indefinidos] busca reducir los contratos falsamente temporales que se encadenan (...)", conceden los rectores, "pero el redactado actual tendría un doble impacto enormemente negativo en el sistema de investigación en España". Por un lado, aseguran, "se llegaría a doblar el coste de indemnización" frente a un contrato temporal (en realidad se pasa de 12 días por año trabajado a 20); por otro, añaden, el aumento de los despidos (al no haber contratos temporales cuando se acaben los proyectos hay que despedir a los investigadores), conllevará Expedientes de Regulación de Ocupación, "sometidos al comité de empresa". Los organismos de investigación ponen más el foco en la "conflictividad" que auguran por los despidos, según informa Ara.

Unidas Podemos calcula sin embargo que la enmienda iba a afectar al 45% de los investigadores e investigadoras en España. "Según datos de CCOO, esta enmienda reducirá la temporalidad a menos de la mitad. Por ejemplo en el Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), con 13.500 trabajadores, se espera pasar del 45% de temporalidad al 20%-24%. Los restantes son los contratos de convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación, predoctorales y posdoctorales, que son inherentemente temporales", explica la formación.

En el Congreso apoyaron la enmienda de UP el PSOE, ERC, Cs, Bildu, BNG y la CUP. Parecía atada. Pero el PP no daba la batalla por perdida y se encontró con aliados en los centros de investigación y la Crue. El sábado por la tarde empezó a correr el rumor: ERC se estaba pensando cambiar de bando, apretada por Junts pensando en la el Govern catalán, que ambos comparten. Dicen desde la antigua Convergencia que las medidas introducidas le costarán a Catalunya 1.500 millones de euros, entre otras cosas porque implican más contratación indefinida en la administración pública, unas mayores indemnizaciones por fin de contrato y un continuo contratar y despedir. Más dinero a pagar por la administración. Si ERC apoyaba la enmienda, cambiaban las mayorías.

Así, los populares presentaron la enmienda 76 en el Senado para tumbar la que en su momento fue la enmienda 59 del Congreso. "Ni siquiera es nuestra la enmienda", ha defendido este martes Juan José Sanz Vitorio, portavoz popular. "Es una petición que nos han hecho llegar toda la red de centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. Se ha sumado la Crue. Y yo me pregunto, ¿todos los centros de excelencia de este país están equivocados? ¿Todas las universidades están equivocadas?", ha justificado.

El socialista José Latorre Ruiz le dio la réplica y expuso la discrepancia en cuestión: "El modelo de la precariedad o el modelo de la estabilidad y los derechos. Los investigadores saben quién está de su lado", sostuvo.

Poco después, el portavoz de ERC Josep Maria Reniu Vilamala aclaraba la postura de su grupo, que había dado pábulo a los rumores los días previos no desmintiendo que se estuvieran pensando cambiar de postura y apoyar la enmienda del PP. "Somos un grupo progresista estamos por la estabilidad. La investigación deja de ser precaria", argumentó.

Con carácter general, la ley busca reducir la precariedad en el sector investigador español, aumentar la financiación y reducir la burocracia, entre otras cuestiones. La probablemente medida estrella, que ya está notando el sector científico, no emana estrictamente de la ley, aunque esta la recoge también. Tras la reforma laboral, los investigadores pasarán de tener contratos temporales por obra y servicio a contratos indefinidos. Hasta hoy aquellos que conseguían fondos de proyectos europeos competitivos a través de convocatorias como las Marie Curie o el Horizonte Europa se habían quedado fuera de esta mejora; la enmienda presentada por UP y aprobada por el Pleno corrige esta disfunción.

El departamento que dirige Diana Morant también pretende aclarar la carrera investigadora y que esta sea más corta y previsible hasta la estabilización (actualmente pasa de los diez años tras el doctorado). Para ello, se introducen evaluaciones a partir del segundo año de contrato que podrá conllevar un aumento salarial y la posibilidad de obtener un certificado, denominado R3, que otorga ventajas como evitar algunas de las pruebas necesarias para acceder a un puesto de científico titular y que tienen cuotas reservadas en los contratos de reposición (para sustituir a jubilados) tanto en Organismos Públicos de Investigación (OPIs) como en las Universidades.

Otra de las cuestiones más celebradas por la comunidad científica es que la ley recoge por primera vez el derecho a indemnización por fin de contrato de los investigadores predoctorales (los que están elaborando su tesis), una reivindicación histórica del sector y que beneficiará a los nuevos contratos, pero también a los actualmente vigentes.

Unidas Podemos