Los indultos aprobados por el gobierno, aunque con un carácter tan parcial y condicionado que se asemejan más a una mera suspensión temporal de pena, como alerta Martín Pallín, son una buena noticia para la mayoría de la sociedad catalana y para todas las personas que hemos denunciado el injusto encarcelamiento de los representantes políticos y sociales catalanes. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el gobierno ha tenido que adoptarla a sabiendas de que iba a encontrarse con el rechazo visceral y apocalíptico del bloque reaccionario, dentro del cual la cúpula judicial lleva jugando un papel de vanguardia desde hace tiempo.
Pese a esa oposición en el seno del régimen, Pedro Sánchez ha logrado el apoyo de representantes de los grandes poderes económicos, ansiosos de cierta estabilidad política tras la pandemia, así como de la Iglesia católica, quizás a la espera todos ellos de ver compensada su actitud con nuevos tratos de favor. Con todo, es innegable que en su decisión ha pesado mucho la urgencia de adoptar esa medida con el fin de neutralizar la creciente desautorización que está sufriendo la imagen del Estado español ante la justicia y la opinión pública europea, como hemos podido comprobar recientemente con la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que "reclama la reforma del delito de sedición y rebelión en España, así como el indulto o la excarcelación de los presos del procés, la paralización de las peticiones de extradición y que decaigan los juicios pendientes" .
Amnistía y autodeterminación
Sin embargo, el discurso con el que Sánchez ha justificado esa decisión no debe llevar a engaño. La "utilidad pública", la "concordia" y la "magnanimidad" son razones retóricas que tratan de contrarrestar la reacción de las derechas y de la cúpula judicial, pero son claramente insuficientes ante lo que está exigiendo la mayoría de la sociedad catalana. Porque cuando hay más de 3.000 personas afectadas por procesos judiciales y, ahora, por un Tribunal de Cuentas que busca, como bien lo ha definido Neus Tomás, un verdadero "ajuste de cuentas" contra antiguos cargos de la Generalitat, parece evidente que no va a bastar el indulto aprobado para lograr esa tan ansiada "concordia". La presión a favor de una ley de amnistía va a continuar y no valen falsos argumentos como el de la vicepresidenta Carmen Calvo cuando sostiene que en las democracias no hay amnistías: basta con recordar las de 1934 y 1936, de distinta naturaleza, durante la Segunda República.
Pero es que, además, en la cuestión de fondo del conflicto que nos ocupa, el mensaje de Sánchez desde el Liceo de Barcelona demuestra una vez más que sigue sin atreverse a presentar una propuesta alternativa frente a la reclamación mayoritaria del derecho a decidir de la sociedad catalana. En ese acto se ha limitado a convocar a un "Reencuentro" dentro del marco constitucional vigente, no reconociendo así que la interpretación fundamentalista del Tribunal Constitucional en su sentencia de junio de 2010 de ese mismo marco es la que hizo trizas el Estatut previamente recortado por las Cortes españolas y finalmente aprobado en referéndum en Catalunya. No tiene sentido, por tanto, imponer como línea roja para el diálogo prometido una Constitución material cada vez más restrictiva y estrecha. Por encima de ella siguen estando los tratados internacionales que reconocen el derecho de autodeterminación, experiencias de referéndum pactado en el ámbito europeo como las de Montenegro y Escocia o la jurisprudencia internacional en el caso de Kosovo.
La apelación de Sánchez a "utilizar la política entre todos para alcanzar el fin más noble de todos: la convivencia" ha ido unida, además, a la reafirmación de una concepción de la relación entre España y Catalunya que no sólo sigue excluyendo la vía de un referéndum sobre la independencia, sino que ni siquiera se atreve a proponer un nuevo modelo de relación que incluya la palabra federal, tan apreciada en el pasado por el actual ministro Iceta. Así que mucho nos tememos que sin una presión popular a través de una movilización sostenida, no sólo desde Catalunya, difícilmente cabe esperar del PSOE algo más que una larga negociación en torno a una moderada mejora en el sistema de financiación y un nuevo Estatut autonómico, sin ninguna garantía además de que éste no vaya a ser invalidado otra vez por el Tribunal Constitucional.
Pocas esperanzas podemos tener sobre la mesa de diálogo que se iniciará en otoño y por eso no puede sorprender, como ya se le ha reprochado a Sánchez, que por mucho que se haya apoyado en citas de un poema del gran Miquel Martí i Pol, haya obviado hacerlo de su cierre final: "tot està per fer i tot és possible". Porque de eso se trata precisamente y así lo han recordado los 9 presos y presas a la salida de la cárcel reivindicando la amnistía y la independencia. Esas declaraciones sólo han podido escandalizar a quienes siguen manteniendo una concepción de democracia militante (más bien, autoritarismo posdemocrático) que, de nuevo con José María Aznar a la cabeza, se obstina en continuar imponiendo la unidad de España –y su monarquía- por encima de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.
Desbordar el marco de un régimen en crisis
Pese a sus limitaciones, es posible que tras los indultos estemos entrando en una nueva fase, pero para que lo sea, la judicialización del conflicto y la ausencia de una vía democrática para su resolución han de dejar ser la tónica de la misma. Todo esto en el marco de una emergencia múltiple global y de una crisis de régimen que no apunta perspectivas de salida del bloqueo político actual.
Un conjunto de crisis que, además, hace más compleja la crisis territorial ante el paso a primer plano de fracturas que hasta ahora habían quedado poco visibilizadas. Como la que tiene que ver con la agravación de las desigualdades derivadas de los rasgos que ha ido adquiriendo el capitalismo español en su historia y con el acelerón neoliberal y extractivista de los últimos decenios: desigualdades que se manifiestan hoy dramáticamente en los nefastos efectos del colonialismo interno en determinadas comunidades autónomas y en la denominada España vaciada; pero también en el salto adelante hacia la conversión de la Comunidad de Madrid en un verdadero paraíso fiscal bajo el mandato del PP.
Ante este panorama, desde la izquierda consecuentemente democrática tenemos un doble desafío en el ámbito estatal. Por un lado, no ceder ante la estrategia de tensión del bloque reaccionario político-judicial reforzando la presión sobre el gobierno a favor de la demanda de una Ley de Amnistía y una vía de resolución democrática del conflicto catalán. Por otro lado, extender el debate nacional-territorial más allá de Catalunya para caminar hacia una alianza confederal de fuerzas políticas, sociales y culturales que ponga en el centro del debate la necesidad de ir poniendo en pie un proyecto republicano, plurinacional y superador de los desequilibrios territoriales en un sentido ecosocialista y feminista.
Jaime Pastor es politólogo, editor de viento sur y miembro del colectivo Madrileñ@s por el Derecho a Decidir
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