Los anuncios de licitación alcanzaron las 1.000 empresas en el año 2020
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ahorró 3’8 millones de euros en la adjudicación de los contratos públicos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 gracias al aumento de ofertas recibidas derivadas de los procesos de participación auspiciados por el actual equipo de gobierno. La mayoría de las contrataciones se realizaron mediante procedimientos abiertos al máximo de empresas.
Los presupuestos de licitación del pasado ejercicio correspondiente a 2020, en plena pandemia, ascendieron a un total de 2’3 millones de euros que, finalmente, se adjudicaron por un montante de 2 millones, de tal forma que el ahorro conseguido se situó en 270.000 euros en total. Cabe señalar que durante este ejercicio muchos contratos no se pudieron licitar por las restricciones administrativas impuestas por el Estado de Alarma.
De esta forma, durante los pasados tres ejercicios presupuestarios se obtuvo un importante ahorro para las arcas municipales. A los 270.000 euros del año 2020 hay que añadir el 1’3 millones del ejercicio de 2019 –de los 5 millones de la licitación se adjudicó por 3’6 millones- y los 2’2 millones el presupuesto de 2018 –de los 9’5 millones de licitación se adjudicó en 7’2 millones de euros-. La diferencia del ejercicio de 2018 respecto del resto estriba en la licitación de algunos servicios que vencían aquel año.
Además, durante el año de la pandemia 2020, la crisis sanitaria obligó a generar más gastos en otros ámbitos para paliar las consecuencias originadas que se articularon mediante otros mecanismos como ayudas o subvenciones públicas de otras administraciones públicas. También se cerraron diversas instalaciones municipales y se acordaron medidas restrictivas. En el año de la pandemia se adjudicaron todos los contratos licitados por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a diferencia de otros ejercicios donde esta circunstancia no se llevaba a cabo.
Los procesos de licitación y adjudicación posterior se han regidos bajo los preceptos aprobados por el pleno municipal de Riba-roja de Túria basados en la transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno. Así, durante el pasado ejercicio predominaron los procedimientos abiertos tramitados con un 72’80% sobre el total. Otro 11’85% de los contratos cristalizaron mediante acuerdos marco, otro 11’48% fueron contratos menores y, por último, un 3’87% corresponden a la tramitación de emergencia derivados del periodo del Estado de Alarma.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria adjudicó contratos de servicios en un 50’84%, otro 45’88% fueron contratos de obras y, finalmente, un 3’28% correspondieron a suministros municipales. En este último ejercicio han aumentado los contratos de servicio hasta el punto de rebasar a los de obras ya que han ido venciendo los procedimientos adjudicados durante el año 2018.
Como novedad cabe señalar que durante el presupuesto de 2020 se efectuó una reserva de contratos para los Centros de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción reguladas por la ley, como se prevé en el actual ordenamiento jurídico. Además, se han incrementado los contratos licitados mediante lotes que permite el acceso y la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Los procedimientos administrativos de licitación han tenido en cuenta determinadas medidas para elevar la participación de las pymes mediante una mayor publicidad y una mayor previsión para las mismas, un incremento de la planificación para la presentación de ofertas y una mejor definición de los lotes. Fruto de estos criterios, las redes sociales se han convertido en un canal fundamental de difusión, con el Portal del Licitador o algunas cuentas del ayuntamiento, con más de 4.600 impactos. Durante 2020 los anuncios alcanzaron a más de 1.000 empresas nacionales.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado “el enorme esfuerzo de los diversos departamentos del ayuntamiento por aumentar la transparencia y la participación de las empresas que se presentan en los procesos de licitación que no solo es un signo de mayor democracia sino también un elemento esencial que permite una rebaja en las adjudicaciones finales”.
Entre los objetivos del año 2021 cabe mencionar la elaboración de un mapa de riesgos en la contratación en función de la fase del procedimiento, reforzar la asistencia a autónomos, pymes y micropymes y, por último, la creación de una unidad de seguimiento.
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