Las tragedias en las residencias de mayores, gestionadas por empresas como Clece, visibilizan una crisis de cuidados existente antes de la pandemia COVID-19. De las luchas feministas en las ciudades surgen alternativas para una transformación del sistema que ponga la vida en el centro.

En las últimas semanas hemos podido leer noticias que contrastaban, por un lado, el número de muertes en las residencias de gente mayor en el Estado español -más de 19.000 personas desde que inició la pandemia del covid-19-, con la demanda de compensación de costes “sobrevenidos e imprevisibles” que alegan han tenido que afrontar las empresas que las gestionan para el cuidado de las personas. Ha sido el caso de Clece, empresa que administra más de 30 residencias y que ha solicitado el resarcimiento económico de la mayoría de contratos de concesión que mantiene con diversas administraciones públicas donde exponen haber tenido gastos “imprevistos”, por valor de 7,2 millones de euros, y el haber perdido usuarias por los fallecimientos, lo que implica el no tener los beneficios esperados.

Paralelamente, hemos sabido que en la comunidad de Madrid, se han otorgado a esta empresa en el contexto de crisis sanitaria cerca de 7 millones de euros en contratos por la vía de emergencia. Principalmente, las licitaciones corresponden a servicios de limpieza de 32 hoteles dispuestos por el Gobierno regional para alojar personal sanitario y personas enfermas de covid-19, que suman un importe total de 2,7 millones. No parece que esté tan agravada la situación para la empresa en relación a servicios de necesidad en la pandemia cuando acepta nuevos contratos relacionados con su gestión, mientras pide compensaciones económicas por otros. Y esto es así porque Clece sigue haciendo negocio en el actual contexto. Porque la lógica corporativa del lucro no se detiene en contextos de emergencia, y las vidas son solo contabilizadas en relación a los ingresos.

La pandemia covid-19 visibiliza la crisis de los cuidados

 y la profunda crisis de cuidados y mercantilización de la vida existente. Esto quiere decir, que la expansión del capitalismo financiarizado y su ideología neoliberal ha cambiado el valor de los cuidados, poniendo en primer lugar el capital y el beneficio antes que la sostenibilidad de la vida. Los cuidados se han vuelto una mercancía preciada. Y en términos de la gestión, cada vez más, los trabajos de cuidados esenciales para la vida, especialmente en las ciudades, donde se acumulan las infraestructuras de cuidados como hospitales, escuelas, los servicios de atención a las personas o la limpieza, los gestionan y controla el sector privado, están en manos de grandes multinacionales.

En este contexto, Clece es un ejemplo claro de multinacional que se lucra con los cuidados. Si resides en el Estado español es prácticamente imposible que no se cruce en algún momento de tu existencia para “cuidarte”. Es una empresa multiservicios que opera en el país desde 1992 —y en los últimos años en Reino Unido y Portugal—, filial del Grupo Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS) y propiedad de Florentino Pérez, también presidente del club de fútbol Real Madrid. Está presente en el ámbito sociosanitario, hospitalario, educativo, hotelero, deportivo, aeroportuario, industrial y financiero. En concreto, vende servicios de cuidados, mantenimiento, limpieza, restauración, jardinería, logística interna y seguridad. ¿Dónde? En hospitales, escuelas, residencias, centros de acogida, servicios sociales, hoteles, aeropuertos, bancos, entre otros. Trabaja con diferentes sectores de la sociedad en contextos de exclusión, desde personas sin hogar hasta mujeres en situación de violencia machista. Incluso ofrece servicios de seguridad en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.

Clece sabe que en el corazón de lo que se mueve en una ciudad y de lo que sostiene la vida están los cuidados, y ha desarrollado una extensa red para “cubrir” esas necesidades. Lo integran en su eslogan: “una empresa de personas para personas”. Florentino Pérez hasta la definió como “una ONG (...), se dedica a dar satisfacción a la gente que lo necesita”. Lo cierto es que Clece gestiona la vida de las personas: progresivamente ha ido penetrando en todos los servicios relacionados con la reproducción social. Al tratarse de servicios básicos acapara muchos contratos de las administraciones públicas (locales, regionales y estatales). Ello supuso alrededor de 1.200 millones de euros en 2018, el 80 por ciento del negocio de la empresa. La “ONG” de Florentino Pérez es, sin duda, de lo más lucrativa. Y ha convertido los cuidados en una mercancía preciada. En 2018, Clece registró unas ventas totales de sus servicios por valor de 1.504 millones de euros que se tradujeron en importantes y crecientes beneficios en los últimos años.

A través de herramientas como las Colaboraciones Público-Privadas canalizadas por contratación pública también, se fomenta la privatización y participación del sector privado en los cuidados. En el caso de Clece, cuando se presenta a los concursos hace propuestas económicas imbatibles, que esconden sueldos muy precarios para las trabajadoras que implementan los servicios. En los últimos años ha terminado desplazando a ONGs del ámbito social que solían cubrirlos. Su estrategia apunta a llegar a todos los servicios públicos.

Las multinacionales, como es el caso de Clece, obtienen sus beneficios a través de la precarización laboral y la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, su personal en 2018 era de 74.411 empleados/as, 82 por ciento mujeres y 49 por ciento en la franja de edad de 45 a 60 años. Es decir, una plantilla claramente feminizada y con edades cercanas a la jubilación, dedicadas especialmente a servicios de limpieza y servicios sociales —las actividades más intensivas en empleo— que representan un 77,6 por ciento del total del personal.

Clece presume de emplear a mujeres que han estado en situación de violencia machista, personas con diversidad funcional o de 50 años en adelante “por su dificultad de inserción”. Así es como las trabajadoras de estos colectivos, además de que ya se encuentran en situación de exclusión en un contexto de capitalismo neoliberal, ven vulnerados aún más sus derechos por las políticas de abuso recurrentes. Porque de despidos, contratos precarios, sueldos de miseria, falta de personal y de medios, de eso trata Clece, como lo demuestra su extenso historial de denuncias por parte de sus trabajadoras.

Las mujeres no solo ocupan los trabajos de cuidados en las empresas sino sostienen nuestra economía con sus labores de cuidados no remunerados en los hogares y en la economía informal. En ese sentido, la mayoría de las que limpian, alimentan, cuidan y, por lo tanto, sostienen la vida en las ciudades europeas son mujeres empobrecidas, migradas y racializadas. Mujeres anónimas, venidas de lugares lejanos, países periféricos, y que trabajan en el ámbito de los cuidados a cambio de sueldos bajos, que dejan a su vez a mujeres todavía más empobrecidas realizando estos trabajos en sus países de origen. Es la denominada “cadena global de cuidados”, una de las lógicas de la división sexual e internacional del trabajo que sustenta el capitalismo.

Esto se hace evidente en el trabajo doméstico y de cuidados en hogares y establecimientos particulares, muy feminizado en el caso del Estado español, y donde más del 42 por ciento del total de afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar son mujeres de nacionalidad extranjera. El salario que perciben las trabajadoras de este sector es un 59 por ciento inferior al salario medio bruto total y el importe medio de las pensiones es también el más bajo de todo el Sistema de la Seguridad Social.

Como muchas veces ya se ha señalado desde los feminismos, el conflicto capital contra la vida es intrínseco al sistema económico y social, y ha desembocado en los últimos años en movilizaciones de las trabajadoras en el sector de cuidados por un cambio en muchos aspectos.

El 5 de marzo de 2007, las trabajadoras de Clece de la ciudad de Girona —encargadas de la limpieza de hospitales públicos, centros escolares y otras dependencias municipales— iniciaban una huelga indefinida largamente recordada en la ciudad por el impacto que supuso y la solidaridad que despertó. Para entonces ya se revelaba una reivindicación de fondo: la (re)municipalización de los servicios. Esa huelga duró 37 días y logró en su momento algunas de sus reivindicaciones, como el compromiso de transformación de contratos temporales en indefinidos, y con ello el aumento la plantilla fija en los centros de trabajo.

Más de diez años después, las denuncias y movilizaciones de las trabajadoras de Clece siguen sucediéndose de manera continuada en todo el territorio del Estado español4. Las mismas demandas por parte de las trabajadoras ante los mismos atropellos de la empresa. O peores.

El pasado año, diversos abusos se hicieron públicos también. En septiembre, se llevo a cabo una denuncia a Integra, subcontrata de Clece, por parte de varias personas trabajadoras del Palacio Real en la ciudad de Madrid. Denunciaban jornadas laborales por encima de lo que marcaban sus contratos —11 horas diarias por 545 euros al mes—, entre otras vulneraciones de derechos. Trabajadoras, además, con diversidad funcional, razón por la cual podían requerir condiciones adaptadas a su trabajo.

Otras luchas feministas por las mejores condiciones laborales se canalizan a través de organizaciones de mujeres en sus lugares de trabajo, asociaciones y sindicatos. Es el caso de “Las Kellys”, una asociación a nivel del Estado español conformada en el 2016 por camareras de piso de hoteles y apartamentos turísticos que tiene el objetivo de defender sus derechos laborales frente a la situación de abuso en este sector. Al visibilizar su realidad y su lucha han conseguido recibir un importante apoyo por parte de la sociedad.

Existen experiencias de huelgas laborales históricas en ámbitos de trabajo de cuidados, lideradas y participadas casi exclusivamente por mujeres, con las que se han conseguido importantes logros. Es el caso de las trabajadoras de residencias de Bizkaia. Estas mujeres hicieron huelga durante 370 días, entre 2016 y 2017, y lograron con su lucha importantes mejoras en su jornada y salario, entre otros.

Las huelgas feministas en las ciudades por la defensa de la vida

Donde se reproduce la vida, y frente a las corporaciones y sus beneficios, se libran las batallas. Así se manifiesta también en las que conocemos como huelgas feministas de los últimos años: desde que en 1975 las mujeres de Islandia protagonizaron una huelga, que secundó hasta el 90 por ciento, y consiguieron paralizar el país por completo. En lugar de ir a trabajar fuera de la casa o dedicarse a las tareas domésticas, las mujeres salieron a las calles para manifestarse. La convocatoria tenía el objetivo de demostrar que, sin el trabajo de las mujeres, productivo y reproductivo, la sociedad no podía funcionar.

En el Estado español, la idea de una huelga general feminista se recuperó en 2014 y 2015, la “huelga de todas”, y convocó a miles de mujeres a salir a las calles en el territorio catalán. Los años posteriores se realizaron paros cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero no fue hasta el impulso de las huelgas feministas en Argentina y del movimiento “Ni Una Menos”, con la consigna “Si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras” que las últimas convocatorias, en 2018 y 2019, se han internacionalizado y han generado una repercusión masiva.

    Las huelgas feministas pretenden visibilizar que las mujeres sostienen el mundo no sólo con el trabajo doméstico no remunerado, sino también con los trabajos asalariados precarizados que mantienen 

Las huelgas feministas pretenden visibilizar que las mujeres sostienen el mundo no sólo con el trabajo doméstico no remunerado que mayoritariamente realizan ellas en los hogares, sino también con los trabajos asalariados precarizados que mantienen en pie oficinas, fábricas, residencias, escuelas, hospitales... ciudades enteras. Han sido convocadas por el movimiento feminista a nivel de la producción, la reproducción y el consumo y de las estudiantes. Se realizaron piquetes, acciones descentralizadas y otras movilizaciones en más de 170 países en la huelga del 8 de marzo del 2019. Esto supuso un jaque al sector corporativo, especialmente afectado por el importante número de mujeres en la plantilla de las empresas que dejó de producir, y por la huelga de consumo que denunciaba los intereses de las multinacionales y las condiciones precarias detrás de los productos que se compran.

Siguen existiendo muchos retos en estas movilizaciones, como la participación de las mujeres más precarizadas —muchas de ellas migrantes y/o racializadas— que no han podido secundarlas o han cuestionado la concreción de las propuestas por no tener en cuenta la diversidad de realidades. Muchas otras mujeres han recibido represalias por haberla realizado, en sus puestos de trabajo o en sus casas.

Frente a un modelo que vende los cuidados al mejor postor en forma de mercancía, algunas propuestas desde las ciudades para poner la vida en el centro pasan por las (re)municipalizaciones y colaboraciones público-comunitarias en las que participe la organización autónoma de mujeres. Las reivindicaciones de las (re)municipalizaciones y la lucha por lo público y lo común se libra donde se da la vida: en las luchas por la vivienda, por el agua y por la energía, pero también por otros servicios muy vinculados a los cuidados que sostienen las ciudades.

Ya existen precedentes de municipios que se han posicionado, para empezar, en contra de los abusos de gestiones como la de Clece. La ciudad de Córdoba se querelló contra la empresa que pretendía dejar provisionalmente sin asistencia de atención domiciliaria al municipio y a la plantilla en situación de desempleo. Ello después de que el Ayuntamiento la presionara ante las demandas de las trabajadoras del servicio.

En 2019, en Catalunya se debatió la aprobación de una ley de externalización de los servicios a las personas —salud, educación, ámbito social—, la denominada Ley Aragonés, precedida de la Directiva 24/2014 de la Unión Europea (UE) sobre contratación pública. La norma se centraba en regular y estructurar el modelo de externalización de estos servicios públicos —incluyendo algunos que nunca fueron privatizados—en lugar de incluir opciones público-comunitarias. En síntesis, esta normativa hubiera supuesto abrir aún más la puerta a futuras privatizaciones y legitimar las actuales en ámbitos que cubren derechos básicos y fundamentales. La ley fue finalmente tumbada en febrero de este año tras la organización y lucha por parte de movimientos sociales y sindicatos alternativos, organizados en la antigua Plataforma Aturem la Llei Aragonès, actualmente la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics.

Podemos apuntar que modelos en defensa de lo público y de lo común son las (re)municipalizaciones y la gestión directa de los servicios. Estas opciones han repercutido en una importante mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, como lo son el aumento de sus sueldos y una mayor estabilidad y beneficios en sus contratos. Además, representan una mayor calidad y calidez de los servicios y recursos ofrecidos a las personas que los reciben. Es importante remarcar que las (re)municipalizaciones han sido impulsadas por las mismas trabajadoras de los servicios a través de su organización y movilización.

En este ámbito, en los últimos cinco años se han (re)municipalizado en Barcelona algunos servicios, como son tres guarderías, la atención sanitaria a domicilio en fin de semana y festivos, los puntos de información y atención a las mujeres (PIADs) y el servicio de atención, recuperación y acogida de mujeres víctimas de violencia. Otros municipios han seguido el mismo camino con el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD): Pamplona, Chiclana, Jérez de la Frontera, Atarfe y Albolote. De la misma manera, en los últimos años también se (re)municipalizaron servicios relacionados con la limpieza, como la viaria y la de edificios públicos en varios municipios. Pero todavía queda mucho por hacer en este camino de defensa de lo público y comunitario.

Las (re)municipalizaciones son opciones compatibles con una gestión ciudadana e iniciativas desde las economías transformadoras -feminista, social y solidaria-, a través de colaboraciones público-comunitarias. Éstas son opciones que se sustentan en el compromiso colectivo entre instituciones y ciudadanía; colaboraciones que integran autonomía de las comunidades y garantía de la función pública de los recursos bajo criterios de acceso, sostenibilidad, arraigo territorial y gobernanza democrática de los servicios públicos y los comunes. Por tanto, se contraponen al modelo de las concesiones público-privadas que representan básicamente la lógica privatizadora. Un ejemplo en el ámbito de cuidados para cubrir servicios públicos es la propuesta que ofrece la cooperativa de trabajo de Servicio de Atención Domiciliaria, SAD Mujeres Pa’lante, creada en Barcelona por la asociación de mujeres del mismo nombre e integrada en gran parte por mujeres migradas y racializadas.

La salida de la crisis cuidados y de la gestión del covid-19 seráfeministao no será

El trabajo de cuidados se externaliza y mercantiliza —para quien lo puede pagar—, creando un modelo de negocio con el que lucrar; o se internaliza —para quien no lo puede costear—, aumentando la presión de horas de trabajo en el ámbito de la reproducción social. En síntesis, existe una acumulación por desposesión8 del tiempo y trabajo de muchas mujeres que se viene agravando en los últimos años, y que ha provocado una importante crisis de cuidados en la etapa actual de capitalismo financierizado.

En la crisis financiera del 2008 la decisión política fue priorizar el pago de la deuda financiera9, lo que supone graves medidas de austeridad y una consecuente desinversión en ámbitos tan importantes como la salud, la educación o los servicios sociales. Esto generó fuertes impactos en la población y se tradujo en la dedicación de miles de horas de trabajo de cuidados de mujeres que hacen de “colchón” de los recortes sociales. Lo mismo está sucediendo en la crisis del COVID-19, contexto en el que las mujeres se han visto más afectadas en su salud y en sus cargas de trabajo porque realizan mayoritariamente tareas esenciales y en relación a la reproducción de la vida -enfermería, cuidados de personas, limpieza, atención en establecimientos de alimentación y bienes de primera necesidad, entre otros-. Esto se debe a que en un contexto de estado de alarma, donde se han de evitar las aglomeraciones, se cierran las escuelas y residencias, la infancia, las personas mayores o con diversidad funcional se queden en casa, y son las mujeres las que han asumido mayoritariamente su cuidado, además de ocuparse de sus trabajos remunerados dentro o fuera de sus hogares según su situación.

Como hemos expuesto a lo largo del artículo, el logro de las opciones alternativas a la gestión privada en manos de empresas subcontratadas y las prácticas de abuso asociadas se ha conseguido, sin duda, gracias a la lucha de las mujeres por sueldos dignos y por una atención de calidad. También por su batalla dentro y fuera de los hogares por la visibilización de la importancia y redistribución del trabajo de cuidados. Y así, ante la utilización de los cuidados y de las ciudades como una mercancía por parte del capital, que se han evidenciado tan claramente en la gestión de la pandemia del COVID-19, se posicionan propuestas desde perspectivas feministas, para construir modelos alternativos tan necesarios de seguir tejiéndose en la “nueva normalidad” y en defensa de vidas que sean dignas de ser vividas.

Blanca Bayas  se autodefine como  "Ecofeminista batallando contra las derivas del capital y el heteropatriarcado Investiga en el  ODG  Participa en AcciónEcofeminista"