La resolución refrendada por Riba-roja de Túria se suma al lema de la ONU “soy de la generación de la igualdad” en la que se insta al gobierno a presentar y aprobar una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres con el objetivo de garantizar el derecho a la conciliación, así como la adopción de medidas efectivas que hagan posible la igualdad real en el trabajo.
El equipo de gobierno se compromete en la misma propuesta a elaborar políticas de igualdad de carácter transversal y en el presupuesto con la finalidad de evaluar y hacer un seguimiento de los acuerdos tomados en materia de igualdad a través de planes de igualdad tanto para la ciudadanía como para el resto de las plantillas municipales del Ayuntamiento de Riba-roja.
Además, la resolución incluye un impulso de las políticas que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer, para así propiciar la eliminación de las políticas que aún hoy todavía tienen lugar de forma encubierta en determinadas profesiones, para de esta forma que las tareas en el cuidado de la familia no supongan una desigualdad en la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y en su carrera profesional.
Uno de los puntos aprobados insta al ayuntamiento a comprometerse y alentar al resto de instituciones a seguir trabajando en la igualdad y en el desarrollo de políticas para la igualdad y en contra de la violencia machista y de género, con alusiones al Pacte de Estado, con la correspondiente dotación presupuestaria y una garantía para su continuidad en el tiempo.
Riba-roja de Túria está adherida a la red de municipios libres de la trata de blanca desde el 7 de noviembre de 2016 y a la red de municipios protegidos contra la violencia de género de la Diputación desde el 20 de septiembre de 2018.
Por último, la resolución aprobada por el pleno recuerda que la crisis económica de la pasada década nos encaminó hacia una involución en los derechos de las mujeres, que provocó una mayor desigualdad, empobrecimiento, una feminización de la precariedad, un recorte en los derechos sociales y una pérdida paulatina de los derechos de la ciudadanía, incluso algunos ya consolidados.
Los recortes económicos supusieron un recorte directo hacia el proceso de igualdad entre hombres y mujeres ya que la precariedad laboral, la atención e las personas en situación de dependencia recae de forma mayoritaria sobre las mujeres en aquellos casos en los que las instituciones públicas no las cubren.
La concejala de Igualdad, Políticas Inclusivas y Derechos Sociales, Lola Verdeguer, ha lamentado que una propuesta “consensuada y aprobada en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) por todos los partidos políticos excepto por Vox y, en cambio, en el pleno de Riba-roja el Partido Popular ha optado por el voto en contra y Ciudadanos y Esquerra Unida por la abstención”.
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