Dejen de proteger a quien no contribuye por Liliana Marcos y Miguel Alba

11.594 millones de euros. Se dice pronto y, sin embargo, más o menos es esa la cantidad que le costaría a España subir la inversión en educación hasta el 5% del PIB. Por no hablar de lo que podrían hacer Estados más pobres que el nuestro con mayores desafíos en derechos sociales. 

11.594 millones son, también, lo que las grandes multinacionales con matriz española se han ahorrado en impuestos si comparamos lo que realmente han pagado (un 12,6% de sus beneficios) con lo que hubieran aportado si hubieran alcanzado el tipo nominal español del impuesto de sociedades, un 25%. 

Si podemos dar hoy el dato de cuánto dejan de aportar las grandes multinacionales es porque la Agencia Tributaria acaba de hacer pública, por primera vez y aunque sea de forma agregada, información incluida en los informes ‘País por país’, reportes que las grandes empresas deben presentar a las agencias tributarias de los países donde tienen su matriz con los beneficios e impuestos que pagan en cada Estado; informes que, por ahora, son secretos. 

Resulta paradójico que se proteja a quien no contribuye poniéndole frenos a la transparencia. Oxfam ha solicitado en distintos espacios que los informes ‘País por país’ sean públicos por imperativo legal. Mientras, la información publicada por la Agencia es un primer paso valioso en la dirección correcta. No obstante, es un paso pequeño. El siguiente podría ser ofrecer información segmentada por sector de actividad, tal y como ya hace la administración tributaria de Estados Unidos. 

O podrían, incluso, ser las propias empresas las que motu proprio hicieran pública la información. Según los datos revelados por la Agencia Tributaria, en torno al 40% de las multinacionales pagan más del 20% de sus beneficios. El otro 60% paga tan poco que baja significativamente la media. Si quien hace los deberes lo dice alto y claro y publica su informe ‘País por país’,reforzaría su posición de marca ante los consumidores, redundaría en una efectiva rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y les pondría los cachetes colorados a las multinacionales que reducen su factura fiscal al mínimo posible.

Los titulares que de vez en cuando saltan a la prensa con las ridículas cifras que buscadores de Internet o plataformas globales de streaming pagan de impuestos en España son sólo la punta del iceberg de un problema mayor: para tasar a las grandes empresas de la era digital estamos usando normas fiscales diseñadas en 1920; si las multinacionales españolas pagan de tipo efectivo prácticamente la mitad de lo que marca el tipo nominal es porque necesitamos un diseño de impuesto de sociedades adaptado a comprar por Internet a una empresa con sede en Irlanda, capaz de lidiar con sofisticados “trucos” de ingeniería fiscal o que anule los incentivos de operar a través de paraísos fiscales. 

Los informes ‘País por país’ fueron el resultado de la cooperación y negociaciones internacionales que se produjeron en el seno de la OCDE con el nombre BEPs. Unos acuerdos que prometían mucho pero que, a la luz del desafío, se quedaron cortos. Ahora mismo se negocia el BEPs 2.0 y España juega un papel clave en las discusiones que han de configurar un nuevo sistema fiscal. No tiene sentido que una empresa tribute sólo donde tiene sede fiscal y no donde obtiene los beneficios. Igualmente, no tiene sentido que no se tasen los beneficios de las multinacionales como un “todo” en vez de por países. Sin embargo, en los debates que ahora mismo se están produciendo hay quien rebaja la ambición de la reforma y quien “tira para casa”, favoreciendo los intereses de las multinacionales y reduciendo al mínimo la parte de los beneficios globales que las empresas tributarían donde realmente se ha generado la actividad económica.

Esperemos que el nuevo sistema fiscal global sea capaz de eliminar la sangría de recursos fiscales que padecen la mayoría de los países y que impiden que la fiscalidad resulte efectiva para reducir las desigualdades. 

Nada menos que 11.594 millones.

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Liliana Marcos y Miguel Alba son miembros de la Plataforma por la Justicia Fiscal