La subida en el impuesto sobre la renta que está negociando el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos podría conseguir que creciera el empleo y se incremente la recaudación de una manera más progresiva.
Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo.
En realidad no es necesario recurrir a medidas fiscales para atender desde el Estado más necesidades económicas y sociales, ya que bastaría con permitir un alza del déficit público, pero estas negociaciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ya ha pactado con la Comisión Europea los objetivos de déficit público a cumplir en los próximos años, de forma que la única vía para aumentar el gasto y la inversión pública para mejorar el bienestar de la mayoría social al mismo tiempo que se aceptan esos compromisos con Bruselas pasa necesariamente por un incremento de impuestos. Y desde un punto de vista de izquierdas y de justicia económica, ese incremento ha de recaer sobre las personas más acaudaladas, de ahí que –entre otras medidas fiscales- se estén proponiendo tales reformas en el IRPF.
Ni la cantidad de personas que se verían afectadas es importante ni los tipos máximos en el IRPF que se están barajando son descabellados. Solamente el 0,46%, 90.788 personas, de todos los declarantes verían aumentar su factura en un promedio de 4.400 euros al año. Es decir, que los más acaudalados en la lista del IRPF tendrían que aportar un 3% más de las abultadas cantidades que ganan al año. No parece que a nadie se le vayan a caer los anillos. El tipo máximo se situaría, de media, en el 50,5%, y solamente en aquellas pocas comunidades autónomas que decidieran elevarlo todo lo posible, en el 52%, muy lejos de las cotas que tuvimos en nuestro país durante años anteriores (llegamos a tener uno del 65%) y también por debajo de los niveles que hoy día se aplican en países tan avanzados e igualitarios como Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Japón (55,5%), Bélgica (53,7%), Canadá (53,5%) o Finlandia (52,6%). Y es que en la actualidad nuestro país tiene, tras la última reforma impositiva aplicada por el PP y apoyada por Ciudadanos, un tipo máximo en el IRPF (45%) que se sitúa en la parte baja del ranking por países tanto de la OCDE como de la Unión Europea, a pesar de situarse en la parte alta en términos de renta. Elevar el tipo máximo del IRPF es un imperativo para lograr mayor justicia fiscal.
Es importante recordar que un tipo máximo del 52% no significa que los contribuyentes situados en lo más alto de la lista del IRPF vayan a pagar el 52% de todos sus ingresos por rendimientos del trabajo. Ésta es, desgraciadamente, una confusión muy extendida. Nuestro IRPF está diseñado de forma que uno tributa por tramos: una persona que gana actualmente más de 60.000 euros no paga el 45% de esa cantidad, sino que los primeros 12.450 euros anuales tributan al 19%, los siguientes 7.750 euros al 24%, y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad total. Es decir, no hay ningún tipo de trato discriminatorio entre personas, como ya expliqué anteriormente en un vídeo, sino que la discriminación se produce sobre los euros ganados “de más”.
Algunos analistas han apuntado que el aumento del tipo máximo podría empujar a los afectados a modificar su comportamiento, ya sea reconfigurando su declaración de ingresos o trabajando menos horas para no pagar tantos impuestos, lo que podría tener un impacto negativo tanto en producción como en recaudación. Con respecto al primer punto, es importante dejar claro que la forma de declarar los ingresos no es una cuestión de voluntad, sino una cuestión legal. Los ingresos por rendimientos del trabajos se tributan como rendimientos del trabajo, los ingresos por ahorro se tributan como rendimientos del ahorro, los ingresos por actividades empresariales se tributan como rentas empresariales, etc. Si alguien quiere declarar como rentas del ahorro o rentas empresariales lo que en realidad son rentas del trabajo para escaquearse del tipo máximo en el IRPF, entonces está violando la ley y las autoridades fiscales deberían actuar en consecuencia. En otras palabras, que algunas personas pudieran verse tentadas a cometer elusión o evasión fiscal no es argumento para dejar intacto el impuesto. La solución a ese riesgo consiste en controlar que no haya triquiñuelas tributarias, y eso se hace dotando a la Agencia Tributaria con más medios y recursos, los cuales, por cierto, son profundamente rentables: el sindicato de técnicos de Hacienda estima que por cada euro invertido en inspección tributaria se logran recaudar más de 100 euros.
Con respecto al segundo punto, es posible que determinados trabajadores decidieran trabajar menos horas ya que con el nuevo tipo máximo no le saldría tan rentable hacerlo. Se trata de personas que trabajan muchas horas simplemente porque ganan mucho dinero haciéndolo y que podrían pensar: “Como lo que gano con estas horas de más tributa mucho, ya no me compensa trabajar tanto así que echaré menos horas y descansaré más”. Ahora bien, evidentemente este cambio de actitud parece muy improbable que ocurra si el tipo máximo sólo se incrementa en 4 puntos porcentuales: al fin y al cabo, aunque con esas horas de más ganasen un poquito menos que antes, seguirían ganando bastante. En cualquier caso, el error está en pensar que esa posible contingencia fuese negativa. ¿No estamos siempre, desde principios de justicia económica y social, exigiendo que se reparta el trabajo? Pues ésta podría ser una forma excelente: hacer que quienes ganan mucho por echar muchas horas pagasen más impuestos, de forma que pudiera convertirse en un incentivo para que no trabajasen tanto, permitiendo así que esas horas fuesen ocupadas por otras personas que no trabajan o que trabajan menos (y que cobran menos). Mayor reparto del trabajo logrado simplemente a través de medidas fiscales. No veo nada negativo en ello, más bien sólo veo ventajas.
En cuanto a la equiparación de las rentas del ahorro y del trabajo, recuérdese que hoy día una persona que gana dinero a través de su esfuerzo y trabajo puede llegar a pagar un 45% en impuestos, mientras que una persona que se lucre simplemente por sacarle partido a su dinero o capital (y por lo tanto con mucho menos esfuerzo y trabajo) nunca pagará más del 23%. Esto supone una discriminación gravísima que penaliza al trabajo y favorece el rentismo. Si queremos sociedades sanas que no premien la pereza y que penalicen el esfuerzo necesitamos equiparar lo que paga un rentista a lo que paga un currito.
En definitiva, sin ser de las medidas fiscales más importantes que se están actualmente negociando, resulta prioritario elevar el tipo máximo del IRPF y equiparar las rentas del ahorro a las del trabajo para lograr mayor justicia fiscal y también para posibilitar un mayor reparto del trabajo.
* Creative Commons
* Eduardo Garzón EspinosaEn realidad no es necesario recurrir a medidas fiscales para atender desde el Estado más necesidades económicas y sociales, ya que bastaría con permitir un alza del déficit público, pero estas negociaciones se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno ya ha pactado con la Comisión Europea los objetivos de déficit público a cumplir en los próximos años, de forma que la única vía para aumentar el gasto y la inversión pública para mejorar el bienestar de la mayoría social al mismo tiempo que se aceptan esos compromisos con Bruselas pasa necesariamente por un incremento de impuestos. Y desde un punto de vista de izquierdas y de justicia económica, ese incremento ha de recaer sobre las personas más acaudaladas, de ahí que –entre otras medidas fiscales- se estén proponiendo tales reformas en el IRPF.
Ni la cantidad de personas que se verían afectadas es importante ni los tipos máximos en el IRPF que se están barajando son descabellados. Solamente el 0,46%, 90.788 personas, de todos los declarantes verían aumentar su factura en un promedio de 4.400 euros al año. Es decir, que los más acaudalados en la lista del IRPF tendrían que aportar un 3% más de las abultadas cantidades que ganan al año. No parece que a nadie se le vayan a caer los anillos. El tipo máximo se situaría, de media, en el 50,5%, y solamente en aquellas pocas comunidades autónomas que decidieran elevarlo todo lo posible, en el 52%, muy lejos de las cotas que tuvimos en nuestro país durante años anteriores (llegamos a tener uno del 65%) y también por debajo de los niveles que hoy día se aplican en países tan avanzados e igualitarios como Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Japón (55,5%), Bélgica (53,7%), Canadá (53,5%) o Finlandia (52,6%). Y es que en la actualidad nuestro país tiene, tras la última reforma impositiva aplicada por el PP y apoyada por Ciudadanos, un tipo máximo en el IRPF (45%) que se sitúa en la parte baja del ranking por países tanto de la OCDE como de la Unión Europea, a pesar de situarse en la parte alta en términos de renta. Elevar el tipo máximo del IRPF es un imperativo para lograr mayor justicia fiscal.
Es importante recordar que un tipo máximo del 52% no significa que los contribuyentes situados en lo más alto de la lista del IRPF vayan a pagar el 52% de todos sus ingresos por rendimientos del trabajo. Ésta es, desgraciadamente, una confusión muy extendida. Nuestro IRPF está diseñado de forma que uno tributa por tramos: una persona que gana actualmente más de 60.000 euros no paga el 45% de esa cantidad, sino que los primeros 12.450 euros anuales tributan al 19%, los siguientes 7.750 euros al 24%, y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad total. Es decir, no hay ningún tipo de trato discriminatorio entre personas, como ya expliqué anteriormente en un vídeo, sino que la discriminación se produce sobre los euros ganados “de más”.
Algunos analistas han apuntado que el aumento del tipo máximo podría empujar a los afectados a modificar su comportamiento, ya sea reconfigurando su declaración de ingresos o trabajando menos horas para no pagar tantos impuestos, lo que podría tener un impacto negativo tanto en producción como en recaudación. Con respecto al primer punto, es importante dejar claro que la forma de declarar los ingresos no es una cuestión de voluntad, sino una cuestión legal. Los ingresos por rendimientos del trabajos se tributan como rendimientos del trabajo, los ingresos por ahorro se tributan como rendimientos del ahorro, los ingresos por actividades empresariales se tributan como rentas empresariales, etc. Si alguien quiere declarar como rentas del ahorro o rentas empresariales lo que en realidad son rentas del trabajo para escaquearse del tipo máximo en el IRPF, entonces está violando la ley y las autoridades fiscales deberían actuar en consecuencia. En otras palabras, que algunas personas pudieran verse tentadas a cometer elusión o evasión fiscal no es argumento para dejar intacto el impuesto. La solución a ese riesgo consiste en controlar que no haya triquiñuelas tributarias, y eso se hace dotando a la Agencia Tributaria con más medios y recursos, los cuales, por cierto, son profundamente rentables: el sindicato de técnicos de Hacienda estima que por cada euro invertido en inspección tributaria se logran recaudar más de 100 euros.
Con respecto al segundo punto, es posible que determinados trabajadores decidieran trabajar menos horas ya que con el nuevo tipo máximo no le saldría tan rentable hacerlo. Se trata de personas que trabajan muchas horas simplemente porque ganan mucho dinero haciéndolo y que podrían pensar: “Como lo que gano con estas horas de más tributa mucho, ya no me compensa trabajar tanto así que echaré menos horas y descansaré más”. Ahora bien, evidentemente este cambio de actitud parece muy improbable que ocurra si el tipo máximo sólo se incrementa en 4 puntos porcentuales: al fin y al cabo, aunque con esas horas de más ganasen un poquito menos que antes, seguirían ganando bastante. En cualquier caso, el error está en pensar que esa posible contingencia fuese negativa. ¿No estamos siempre, desde principios de justicia económica y social, exigiendo que se reparta el trabajo? Pues ésta podría ser una forma excelente: hacer que quienes ganan mucho por echar muchas horas pagasen más impuestos, de forma que pudiera convertirse en un incentivo para que no trabajasen tanto, permitiendo así que esas horas fuesen ocupadas por otras personas que no trabajan o que trabajan menos (y que cobran menos). Mayor reparto del trabajo logrado simplemente a través de medidas fiscales. No veo nada negativo en ello, más bien sólo veo ventajas.
En cuanto a la equiparación de las rentas del ahorro y del trabajo, recuérdese que hoy día una persona que gana dinero a través de su esfuerzo y trabajo puede llegar a pagar un 45% en impuestos, mientras que una persona que se lucre simplemente por sacarle partido a su dinero o capital (y por lo tanto con mucho menos esfuerzo y trabajo) nunca pagará más del 23%. Esto supone una discriminación gravísima que penaliza al trabajo y favorece el rentismo. Si queremos sociedades sanas que no premien la pereza y que penalicen el esfuerzo necesitamos equiparar lo que paga un rentista a lo que paga un currito.
En definitiva, sin ser de las medidas fiscales más importantes que se están actualmente negociando, resulta prioritario elevar el tipo máximo del IRPF y equiparar las rentas del ahorro a las del trabajo para lograr mayor justicia fiscal y también para posibilitar un mayor reparto del trabajo.
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