El origen de este proyecto se inició en el año 2003 cuando el
Ayuntamiento de Riba-roja acordó adjudicar a la citada mercantil la
urbanización del proyecto Vella 6 y cuyas obras debían estar concluidas
desde el año 2010. Sin embargo, la empresa ha incumplido reiteradamente
las obligaciones legales a pesar de que en el año 2011 un informe del
ayuntamiento alertaba sobre el retraso de las obras.
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado por unanimidad la aprobación de la liquidación del contrato-convenio con un agente urbanizador encargada de las obras del programa de actuación integrada (PAI) de la unidad de ejecución Vella 6 por abandonar el proyecto sin antes haberlo concluido y haber dejado una deuda de 183.428 euros en total.
La crisis económica unida a las enormes cargas económicas que debían soportar los vecinos propietarios de las obras para sufragar las mismas y la entrada de la mercantil en concurso de acreedores propiciaron la parálisis de las obras de este proyecto que debía dar servicio a los más de 200 vecinos ubicados en este área del término municipal junto a la carretera a Manises.
El pleno municipal acordó en el año 2015 la retirada de la condición de agente urbanizador a la vista de los hechos y la asunción de la gestión directa por parte del Ayuntamiento para terminar la ejecución de las obras de urbanización en Vella 6. Además, a propuesta del actual equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se procedió a imponer 63.467 a la empresa por las cuotas recaudadas y los perjuicios originados a la administración local.
El pleno municipal acordó en el año 2015 la retirada de la condición de agente urbanizador a la vista de los hechos y la asunción de la gestión directa por parte del Ayuntamiento para terminar la ejecución de las obras de urbanización en Vella 6. Además, a propuesta del actual equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se procedió a imponer 63.467 a la empresa por las cuotas recaudadas y los perjuicios originados a la administración local.
Ahora, el pleno municipal ha fijado en 183.428 euros la cantidad que el agente urbanizador debe abonar en concepto global tras la liquidación de las obras realizadas por la mercantil que será cobrado gracias al aval bancario que en su día la empresa depositó en una entidad financiera por un montante de 98.684 euros, aunque la cantidad restante requerida deberán ser requerida por vía judicial. El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se inscribirá a su nombre las dos parcelas que en su día la empresa se adjudicó por los costes de urbanización en virtud de los acuerdos plenarios aprobados para poder cobrarse parte de la deuda contraída por el citado agente después de que el consistorio haya asumido la gestión directa del programa urbanístico Vella 6.
Un informe técnico municipal ha detallado que las obras ejecutadas en el programa urbanístico ascienden a un total de 390.604 euros mientras que las cuotas devengadas por los vecinos incluidos en el mismo suponen un total de 606.694 euros. Las parcelas que se inscribirá el consistorio, próximamente, se han valorado en un total de 73.505 euros en total.
El Consell Jurídic Consultiu ha emitido, paralelamente, un dictamen sobre la retirada de la condición de agente urbanizador a la empresa en la que apoya, punto por punto, todas las medidas aprobadas por el ayuntamiento al considerar que "el urbanizador no ha cumplido las obligaciones propias del programa, se deberá proceder a la incautación de la fianza depositada al efecto".
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que "estamos ante un nuevo problema urbanístico que hemos tenido que resolver ahora de todos los programas y proyectos que heredamos en su momento del Partido Popular por su nula visión de futura y su escasa capacidad para detectar las necesidades que tenía el municipio; no hay que olvidar que las empresas actuaban así por la aquiescencia del ex alcalde Francisco Tarazona y la ex concejal de urbanizaciones y actual portavoz del PP, María José Ruiz, ya que esperaron a que la mercantil entrase en concurso de acreedores para remover todo el expediente".
Raga ha añadido que la empresa urbanizadora donó 150.000 euros al ayuntamiento en contraprestación a la adjudicación de las obras que, finalmente, se destinaron a diversas obras y mejoras en la localidad "en lugar de invertirlo en obras de mejora y en atención a las reclamaciones y reivindicaciones de los vecinos de la Vella 6, como es el caso de unos accesos decentes y mayores dotaciones públicas; sin embargo, paradójicamente, el consistorio concedió licencias de construcción antes de concluir las obras de urbanización".
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