El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha denunciado que el Ministerio de Hacienda ha impedido destinar los 2 millones de euros de superávit presupuestario del ejercicio de 2016 a ampliar los servicios públicos en las urbanizaciones y en el casco urbano a pesar de que las arcas municipales gozan de una salud financiera "envidiable" con una deuda pública "a cero" y con todos los préstamos bancarios liquidados actualmente. Las cuentas económicas del presupuesto de 2016 se han liquidado con unos ingresos de 26 millones y unos gastos de 24 millones de euros,
La decisión del Gobierno central se basa en la denominada Ley Montoro sobre estabilidad que persigue impedir que las administraciones locales se puedan endeudar notablemente a pesar de que un consistorio tenga sucesivos superávits presupuestarios, remanentes económicos y haya eliminado por completo la deuda municipal, como es el caso del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
El Ministerio de Hacienda ha limitado cualquier iniciativa del gobierno municipal de Riba-roja de destinar buena parte de los 2 millones de euros del superávit presupuestario a la contratación de empresas para aumentar los servicios públicos de la localidad o ampliar las plantillas de personal de algunos departamentos del consistorio como la policía local enfocados para mejorar las labores que se prestan en las 12 urbanizaciones del término o en el propio casco urbano.
Entre los servicios que el consistorio tenía previsto llevar a cabo cabe destacar un aumento en la seguridad ciudadana, unas mejoras notables en la limpieza viaria, un incremento en los trabajos de jardinería, en las tareas de señalización de las calles o en trabajos de iluminación, ya que la citada ley del ejecutivo de Rajoy impide la contratación de empresas externas para ejecutar este tipo de proyectos.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha recordado que a principios de la legislatura el consistorio liquidó un préstamo de 2'3 millones de euros procedente de la época del Partido Popular con la que se generó un ahorro financiero de 30.690 euros en materia de intereses bancarios, de forma que la deuda pública quedó eliminada por completo. El citado préstamo se solicitó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el año 2013 -con una carencia de dos años en el pago de intereses- para el pago a los proveedores por un montante total de 3'8 millones.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado que la ley de estabilidad de Montoro "coarta y restringe la autonomía municipal y es un ataque a la gestión de un ayuntamiento que ha cumplido con firmeza y convicción las directrices marcadas, con una deuda municipal inexistente, con una reestructuración de los departamentos públicos para ganar en eficiencia y eficacia y al mismo tiempo destinamos mayores partidas en áreas esenciales como sanidad, obras públicas, educación o en servicios sociales, entre otros".
Raga ha subrayado que "este ayuntamiento, por tanto, ha cumplido todas sus obligaciones, incluso hemos vendido patrimonio para revitalizar el sector industrial y hemos incrementado enormemente los ingresos por en el impuesto de bienes inmuebles fruto de esas políticas y, sin embargo, no podemos ofrecer mejores y mayores servicios municipales a todos nuestros vecinos con el remanente obtenido".
De hecho, cabe reseñar que en el último presupuesto municipal se han reducidos los gastos de personal en 120.000 euros, se ha producido un descenso del 30% en los gastos financieros, una consolidación de las inversiones reales que se sitúan en 1'9 millones de euros y un aumento del 5'9% en los gastos de corrientes de bienes y servicios fruto de la voluntad del equipo de gobierno por consolidar e incrementar el nivel de bienestar y las prestaciones sociales de los ciudadanos.
La decisión del Gobierno central se basa en la denominada Ley Montoro sobre estabilidad que persigue impedir que las administraciones locales se puedan endeudar notablemente a pesar de que un consistorio tenga sucesivos superávits presupuestarios, remanentes económicos y haya eliminado por completo la deuda municipal, como es el caso del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
El Ministerio de Hacienda ha limitado cualquier iniciativa del gobierno municipal de Riba-roja de destinar buena parte de los 2 millones de euros del superávit presupuestario a la contratación de empresas para aumentar los servicios públicos de la localidad o ampliar las plantillas de personal de algunos departamentos del consistorio como la policía local enfocados para mejorar las labores que se prestan en las 12 urbanizaciones del término o en el propio casco urbano.
Entre los servicios que el consistorio tenía previsto llevar a cabo cabe destacar un aumento en la seguridad ciudadana, unas mejoras notables en la limpieza viaria, un incremento en los trabajos de jardinería, en las tareas de señalización de las calles o en trabajos de iluminación, ya que la citada ley del ejecutivo de Rajoy impide la contratación de empresas externas para ejecutar este tipo de proyectos.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha recordado que a principios de la legislatura el consistorio liquidó un préstamo de 2'3 millones de euros procedente de la época del Partido Popular con la que se generó un ahorro financiero de 30.690 euros en materia de intereses bancarios, de forma que la deuda pública quedó eliminada por completo. El citado préstamo se solicitó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el año 2013 -con una carencia de dos años en el pago de intereses- para el pago a los proveedores por un montante total de 3'8 millones.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado que la ley de estabilidad de Montoro "coarta y restringe la autonomía municipal y es un ataque a la gestión de un ayuntamiento que ha cumplido con firmeza y convicción las directrices marcadas, con una deuda municipal inexistente, con una reestructuración de los departamentos públicos para ganar en eficiencia y eficacia y al mismo tiempo destinamos mayores partidas en áreas esenciales como sanidad, obras públicas, educación o en servicios sociales, entre otros".
Raga ha subrayado que "este ayuntamiento, por tanto, ha cumplido todas sus obligaciones, incluso hemos vendido patrimonio para revitalizar el sector industrial y hemos incrementado enormemente los ingresos por en el impuesto de bienes inmuebles fruto de esas políticas y, sin embargo, no podemos ofrecer mejores y mayores servicios municipales a todos nuestros vecinos con el remanente obtenido".
De hecho, cabe reseñar que en el último presupuesto municipal se han reducidos los gastos de personal en 120.000 euros, se ha producido un descenso del 30% en los gastos financieros, una consolidación de las inversiones reales que se sitúan en 1'9 millones de euros y un aumento del 5'9% en los gastos de corrientes de bienes y servicios fruto de la voluntad del equipo de gobierno por consolidar e incrementar el nivel de bienestar y las prestaciones sociales de los ciudadanos.
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