Además el pleno aprueba una sanción de 13.750 euros por daños y perjuicios
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos iniciar la resolución del contrato con la mercantil Rosamar Inversiones al incumplir sus obligaciones como agente urbanizador de la unidad de ejecución Gas 1-A y ha acordado incautarse de un aval bancario de 45.959 euros que la citada empresa había depositado para llevar a cabo el programa urbanístico.
La sesión plenaria también ha decidido imponer una sanción económica total de 13.750 euros a la mercantil en concepto de daños y perjuicios ocasionados a la administración por parte del urbanizador como consecuencia de la tarea administrativa que, pese a no ejecutarse finalmente el plan, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha tenido que realizar.
La relación entre la empresa y el ayuntamiento se remonta a diciembre del año 2004 cuando el pleno municipal aprobó el programa de actuación integrada ubicado en el polígono del Oliveral, la mercantil aportó 12.000 euros a favor de distintas asociaciones municipales y un aval de 45.959 euros. Sin embargo, la empresa obvió algunas de sus obligaciones como la tramitación de un estudio de detalle del programa, no presentó el proyecto de reparcelación forzosa y tampoco se suscribió el contrato-convenio para el despliegue y ejecución del programa urbanístico.
La ejecución del PAI estaba estipulada en un coste de 687.540 euros, un plazo de ejecución de dos años a partir de abril de 2007 cuando de firma la adjudicación definitiva y un pago en metálico de toda la actuación. Sin embargo, los trabajos no se han iniciado a pesar de que debían estar concluidos desde abril de 2009 y, por ello, la empresa solicita la resolución del contrato.
El pleno ha decidido proceder a la resolución del contrato bilateral a la vista de que los plazos para la ejecución de las obras están vencidos desde hace muchos años y la empresa urbanizadora está inactiva durante largo tiempo, por lo que se aplica la resolución del contrato "por incumplimiento culpable del contratista" y se aplica la incautación de la garantía de 45.959 euros.
Además, la calificación de los terrenos afectados volverá a su situación anterior como suelo urbano incluido en una unidad de ejecución pendiente de una nueva programación aunque el plan de reforma interior permanecerá inalterable. El informe municipal considera, no obstante, que se ha generado un perjuicio a la administración por el proceso de tramitación, por lo que se aplica una penalidad de 13.750 euros en virtud del 2% del coste total de la actuación.
De esta forma, el ayuntamiento recibirá 59.700 euros resultantes de la suma de la garantía bancaria y de las penalidades económicas derivadas por los gastos de tramitación administrativa. También se solicitará un informe del Consell Jurídic Consultiu valenciano previo a la resolución definitiva del contrato y a la liquidación económica derivada del mismo.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, incluye la resolución de este contrato "en la amalgama de problemas y embrollos en los programas y las actuaciones urbanísticas heredadas por la caótica gestión llevada a cabo por el Partido Popular durante sus 20 años de mandato que nos obliga actualmente a realizar una tarea ímproba para enderezar la ordenación urbanística y resolver las cuestiones pendientes".
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos iniciar la resolución del contrato con la mercantil Rosamar Inversiones al incumplir sus obligaciones como agente urbanizador de la unidad de ejecución Gas 1-A y ha acordado incautarse de un aval bancario de 45.959 euros que la citada empresa había depositado para llevar a cabo el programa urbanístico.
La sesión plenaria también ha decidido imponer una sanción económica total de 13.750 euros a la mercantil en concepto de daños y perjuicios ocasionados a la administración por parte del urbanizador como consecuencia de la tarea administrativa que, pese a no ejecutarse finalmente el plan, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha tenido que realizar.
La relación entre la empresa y el ayuntamiento se remonta a diciembre del año 2004 cuando el pleno municipal aprobó el programa de actuación integrada ubicado en el polígono del Oliveral, la mercantil aportó 12.000 euros a favor de distintas asociaciones municipales y un aval de 45.959 euros. Sin embargo, la empresa obvió algunas de sus obligaciones como la tramitación de un estudio de detalle del programa, no presentó el proyecto de reparcelación forzosa y tampoco se suscribió el contrato-convenio para el despliegue y ejecución del programa urbanístico.
La ejecución del PAI estaba estipulada en un coste de 687.540 euros, un plazo de ejecución de dos años a partir de abril de 2007 cuando de firma la adjudicación definitiva y un pago en metálico de toda la actuación. Sin embargo, los trabajos no se han iniciado a pesar de que debían estar concluidos desde abril de 2009 y, por ello, la empresa solicita la resolución del contrato.
El pleno ha decidido proceder a la resolución del contrato bilateral a la vista de que los plazos para la ejecución de las obras están vencidos desde hace muchos años y la empresa urbanizadora está inactiva durante largo tiempo, por lo que se aplica la resolución del contrato "por incumplimiento culpable del contratista" y se aplica la incautación de la garantía de 45.959 euros.
Además, la calificación de los terrenos afectados volverá a su situación anterior como suelo urbano incluido en una unidad de ejecución pendiente de una nueva programación aunque el plan de reforma interior permanecerá inalterable. El informe municipal considera, no obstante, que se ha generado un perjuicio a la administración por el proceso de tramitación, por lo que se aplica una penalidad de 13.750 euros en virtud del 2% del coste total de la actuación.
De esta forma, el ayuntamiento recibirá 59.700 euros resultantes de la suma de la garantía bancaria y de las penalidades económicas derivadas por los gastos de tramitación administrativa. También se solicitará un informe del Consell Jurídic Consultiu valenciano previo a la resolución definitiva del contrato y a la liquidación económica derivada del mismo.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, incluye la resolución de este contrato "en la amalgama de problemas y embrollos en los programas y las actuaciones urbanísticas heredadas por la caótica gestión llevada a cabo por el Partido Popular durante sus 20 años de mandato que nos obliga actualmente a realizar una tarea ímproba para enderezar la ordenación urbanística y resolver las cuestiones pendientes".
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