¿Cómo y al servicio de quién se han hecho los contratos de concesión de autopistas de peajes en el Ministerio de Fomento?” -se pregunta el Portavoz de Los Verdes de España, Joan Francesc Peris, ante la noticia de que el Estado tendrá que pagar 1.494 millones a la compañía Abertis, concesionaria de la AP-7, por el bajo uso del tramo Tarragona-La Jonquera desde 2006.
“Justamente, en el 2006, finalizaba la anterior concesión de
la autopista AP-7 y fue prorrogada hasta el 2019, cuando debería haberse
liberado del peaje. Ahora, nos sorprende y nos indigna que sea verdad,
si la sentencia del tribunal madrileño acaba siendo firme ante posibles
recursos del Estado, que la letra del contrato que firmó la ministra del
PSOE, Magadelana Álvarez, obligue a un pago multimillonario a la
concesionaria” -ha dicho Peris.
“Para Los Verdes, está claro que ni el PP, ni el PSOE, los
dos partidos que durante la democracia han estado al frente del
Ministerio de Fomento. han tenido interés alguno en acabar con el gran
negocio que suponen las concesiones de autopistas en España, sobre todo
de la AP-7 que tiene uno de los peajes más caros de Europa y durante
muchos años ha rendido grandes beneficios a sus accionistas. Al
contrario, si la sentencia ahora conocida se confirma, parece ser que el
Ministerio de Fomento se encargaba de asegurar estos beneficios, se use
o no la autopista, con lo que se estaría descaradamente, una vez más,
socializando las pérdidas de las grandes empresas financieras o las
menores expectativas de ganancias, cuando las concesiones se deberían
hacer a riesgo y ventura de la empresa que opta a la concesión” -ha denunciado el Portavoz de Los Verdes.
“La ciudadanía española merece una explicación pública
detallada hasta los más mínimos detalles de cuáles son los contratos,
los anexos y los mecanismos que estableció el Ministerio de Fomento para
el control hasta el céntimo de los cobros en los peajes de las
autopistas desde el 2006 y, ante esta alarmante noticia de la
indemnización multimillonaria, exigimos una Comisión de Investigación en
el Parlamento para establecer posibles responsabilidades políticas y
penales de aquellos políticos y altos funcionarios que hayan participado
en una gestión de las concesiones que parece contraria a toda lógica
defensa de los intereses del Estado y del dinero público” -ha exigido Peris.
Los Verdes exigimos una Comisión de Investigación en el Congreso de Diputados que estudie las concesiones de autopistas, en particular la AP-7 desde el principio y se informe a la ciudadanía de cuánto dinero han ganado las concesionarias hasta hoy. “Al
mismo tiempo, nos tememos que, con estas sentencias, se esté preparando
una nueva prórroga del período de concesión de la AP-7 con la excusa de
pagar la deuda ahora reconocida por el juez y, así, que siga el gran
negocio financiero que montaron los mandamases del franquismo en los
años 60-70. Es indignante” -ha concluido el Portavoz de Los Verdes, Joan Francesc Peris.
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