El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado por mayoría absoluta una resolución del gobierno local en la que se exige al agente urbanizador de la unidad de ejecución de Pacadar -en el área oeste del término- la conclusión de las obras de esta actuación urbanística cuya origen se remonta al año 2005 cuando se rubricó el correspondiente convenio entre ambas partes, consistorio y mercantil.
El acuerdo plenario ha sido ratificado por el equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida-, y por Riba-roja Pot y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. El área afectada acogió durante décadas la actividad económica de la empresa Pacadar, dedicada a la fabricación de vigas, hasta que en el año 2005 decidió trasladarse a la localidad de Buñol.
El pleno reclama a la mercantil una planta baja valorada en otros 1'6 millones
El pleno reclama a la mercantil una planta baja valorada en otros 1'6 millones
El convenio suscrito preveía, entre otros, la ejecución de las obras de urbanización, la entrega al ayuntamiento de las parcelas dotacionales, una parcela edificable urbanizada y la entrega de una planta baja de 2.000 metros cuadrados construidos. Se fijaba un plazo máximo de 7 años para la ejecución de los citados compromisos. El proyecto de urbanización fue firmado en marzo de 2009, por lo que el plazo de ejecución está, actualmente, caducado. La mercantil Promociones y Propiedades Espacio Habitat adquirió las propiedades de Pacadar y subrogó todos sus derechos y obligaciones.
El pleno del ayuntamiento instó el pasado 14 de diciembre de 2015 a la mercantil a aportar en el plazo de un mes un plan de trabajo sobre la finalización de las obras y la constitución de unas garantías sobre las mismas. La empresa respondió que había cumplido parte de las obligaciones -traslado de la actividad y desalojo de los terrenos, cesión de terrenos por extensión de 27.455 metros cuadrados y un pago de compensación económica al ayuntamiento de 1'4 millones- a falta de la urbanización y la entrega de la parcela edificada y la planta baja a favor del ayuntamiento.
Sin embargo, esta empresa se halla actualmente en situación concursal se niega a cumplir los requerimientos del acuerdo del pleno del 14 de diciembre de 2015, lo que motiva una paralización de la actuación urbanística.
Los informes de la secretaria y del arquitecto municipal constatan que la paralización de las obras "genera perjuicios urbanísticos que se trata de una unidad de ejecución situada en el centro del suelo urbano, con un vacío que incide sobre el paisaje urbano y en el desarrollo del municipio; por esta razón se hace necesario insistir en la exigencia de cumplir el convenio en un plazo razonable ante la falta de fijación de un plan de trabajo por parte de la mercantil".
Ante la falta de un calendario de actuación por parte del urbanizador, el pleno ha aprobado un plan alternativo en el que se fija un plazo de 6 meses para el inicio de las obras del plan urbanístico, otros 12 meses para la ejecución del 20% de las mismas, 18 meses para el 40%, 24 meses para el 60% de las obras, 30 meses para el 80% del plan y, por último, 36 meses para la ejecución total.
Además, el pleno ha aprobado penalizaciones de 0'12 euros diario por cada 601 euros del precio de la urbanización dejado de ejecutar, al margen de establecer una garantía del 7% de sus obligaciones y otro 5% del valor de las cargas de urbanización. Así, las cargas de urbanización están fijadas en 6'7 millones de euros y se le reclama una garantía de 337.675 euros "para asegurar el cumplimiento del convenio" y en el caso de que las obras no se inicien en doce meses "se considerará que existe una causa de resolución del convenio" al margen de las penalidades económicas que concurriesen.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha culpado al Partido Popular "del convenio tan negativo y perjudicial que firmaron en su momento y que nosotros no habríamos rubricado en modo alguno, con plan que preveía 550 viviendas construidas en torres junto a una zona residencial, deportiva y educativa, lo que evidencia la falta de una planificación adecuada, además de una ausencia de garantías y avales para su ejecución".
Raga ha recordado que el PP "no hizo una correcta gestión con Pacadar al permitir que esta fábrica emblemática de Riba-roja se trasladase a Buñol y, por tanto, la eliminación de centenares de empleos entre los vecinos de nuestro municipio".
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