El pacto del PP y PSOE acorde al salario mínimo y al techo de gasto: oro a cambio de madera por Eduardo Garzón

El pasado viernes 2 de diciembre el gobierno anunció un incremento del salario mínimo en un 8% para 2017. Esta medida ha sido vendida como una exigencia del Partido Socialista a cambio de aceptar el techo de gasto público propuesto por el Partido Popular, y por supuesto como un logro histórico en materia laboral y de protección social. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

En primer lugar, porque lo que realmente han hecho el PP y el PSOE ha sido pasarse por el arco del triunfo la proposición presentada por Unidos Podemos y aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, pues ésta pedía un incremento del salario mínimo hasta 800 euros mensuales y el pacto anunciado hoy conlleva un incremento sólo hasta 707,6 euros. Lo que a primera vista parece una medida positiva no es otra cosa que un recorte drástico de la medida que había sido aprobada en el Congreso y que por lo tanto podría haberse adoptado. Pero eso sí, los grandes medios lo venden como un exitoso logro social y al PSOE le sirve para lavarse algo la sucia cara que se le quedó al permitir a Mariano Rajoy ser investido como presidente del gobierno.

En segundo lugar, porque el techo de gasto que ha aceptado el PSOE es en realidad una absoluta barbaridad económica y social que echa por tierra cualquier aspecto positivo del incremento del salario mínimo. A cambio de incrementar en unos tristes 52,6 euros mensuales el salario mínimo –del cual apenas se beneficiará uno de cada 10 trabajadores españoles– el gobierno recortará el techo de gasto en unos mastodónticos 5.057.000.000 euros, que no viene a ser otra cosa que consolidar los recortes que han implementado PSOE y PP desde mayo de 2010: concretamente 78.000.000.000 euros en todas las partidas presupuestarias diferentes de pensiones e intereses de deuda (educación, sanidad, cultura, dependencia, etc). Y ojo, todo ese dinero recortado es parte del salario de los trabajadores: es lo que se conoce como salario indirecto. Al fin y al cabo, para poder acceder, por ejemplo, a servicios educativos cada vez más encarecidos por culpa de los recortes de gasto público al trabajador no le queda otra que utilizar el dinero que recibe en su nómina. Si el salario mínimo aumenta en 52,6 euros pero las tasas universitarias lo hacen en 500 euros, no hace falta ser economista para saber que el efecto resultante es muy perjudicial para el trabajador. Cuantas más prestaciones públicas sean recortadas, más dinero de la nómina tendrán que utilizar los trabajadores para satisfacer sus necesidades. Y el recorte en el techo de gasto que ha permitido el PSOE supone aceptar un recorte brutal del salario indirecto muy superior a lo que aumenta el salario mínimo. En otras palabras: han entregado oro a cambio de madera y nos intentan hacer creer que ha sido un intercambio justo y razonable.

Todo ello no quiere decir que el incremento del salario mínimo sea negativo. Se trata de una medida positiva, aunque claramente insuficiente. En los últimos 6 años el salario mínimo ha caído en términos reales: el salario mínimo nominal ha aumentado un exiguo y ridículo 3,4% mientras que los precios lo han hecho en un 9,4% durante el mismo periodo acorde a los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, la Carta Social Europea recomienda que el salario mínimo se establezca en el 60% del salario medio, lo que en España se traduciría en un salario mínimo de 966,8 euros. El salario mínimo español es también inferior al de otros países que tienen menor desarrollo económico, como Eslovenia, y si se tienen en cuenta los precios, también al de Malta y Estonia. Al mismo tiempo, otros países del entorno gozan de un salario mucho más elevado como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En España hay margen económico para incrementar el salario mínimo, y además es una exigencia social a tenor de las elevadas y creciente cuotas de precariedad laboral que sufre la economía. Lo contrario es seguir condenando a muchos trabajadores a la pobreza (actualmente, el 18% están por debajo del umbral de la pobreza).

Incrementar moderada y progresivamente el salario mínimo no sólo es positivo para los trabajadores que lo cobran (en torno a un 10% de los trabajadores a tiempo completo acorde a la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística) sino también para aquellos que cobran o pueden cobrar en un futuro subsidios de desempleo y prestaciones derivadas de FOGASA pues ambas ayudas públicas están vinculadas al salario mínimo. Pero, además, un incremento del salario mínimo se traduce en una mayor capacidad adquisitiva de los trabajadores que puede desembocar en mayores compras y por lo tanto mayores ventas y beneficios empresariales, de forma que también las empresas pueden verse beneficiadas de un incremento del salario mínimo. Según la encuesta de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas del Banco Central Europeo, el principal problema del 32,4% de todas las empresas españolas es que no tienen suficientes clientes, algo que se podría aliviar a través del mecanismo señalado. De hecho, que la capacidad de consumo de la gente sea tan baja es precisamente lo que está lastrando la actividad económica a través de una insuficiente demanda agregada. Las empresas no venden todo lo que deberían porque la gente no tiene suficiente capacidad adquisitiva.

Al contrario de lo que señalan determinados mensajes lanzados desde el ámbito de la patronal, incrementar moderadamente el salario mínimo ni afecta a las contrataciones ni pone en riesgo los actuales puestos de trabajo. Las empresas contratan trabajadores cuando los necesitan porque tienen mayor nivel de actividad; el coste de contratación es un elemento secundario (y mucho más cuando éste sólo se incrementa 52,6 euros al mes). Por verlo de otra forma, incluso aunque el salario mínimo fuese de 1 euro al mes, si los empresarios y empleadores no necesitan nuevos trabajadores para su negocio, no contratarán a nadie. Los datos son muy claros al respecto: La encuesta trimestral de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística revela que el 93,8% de todas las empresas españolas no contratan porque no necesitan trabajadores. Sólo un 4,4% declara no contratar por el elevado coste de contratación. En otras fuentes de datos como el observatorio autónomo de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español y la encuesta de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas del Banco Central Europeo nos encontramos lo mismo: el problema de las empresas y autónomos es que no tienen suficientes clientes, no que contratar sea muy caro por pagar muchos salarios. Por verlo de otra forma, si las empresas viesen incrementar sus ventas podrían permitirse elevar los salarios de sus trabajadores. El problema es de demanda, no de salarios altos.

Evidentemente recibir 700 euros al mes sigue siendo insuficiente para sacar adelante una familia. Por eso es importante exigir un incremento del salario mínimo superior al pactado por el PP y el PSOE. No obstante, esta medida no es la única que hay que adoptar para combatir la elevada precariedad laboral que sufre nuestro país. El trabajo precario no es consecuencia sólo de bajos salarios, sino de malas condiciones laborales, como tener un contrato a tiempo parcial cuando se demanda uno a tiempo completo (así le ocurre al 61,2% de todos los trabajadores a tiempo parcial), o realizar horas extraordinarias y no cobrarlas (más de 3 millones de horas extraordinarias a la semana no se pagan), o no cobrar por tener un contrato de prácticas, o estar contratado por un día, o estar contratado como falso autónomo, etc.

Por lo tanto, lo que hay que hacer aparte de subir más el salario mínimo es combatir el elevado fraude laboral que hoy existe. Además, hay que derogar las reformas laborales del PSOE y del PP y hacer una nueva que proteja más los derechos de los trabajadores, porque hoy día están absolutamente desprotegidos. De todas formas, la mejor manera de acabar con la precariedad es crear empleo, porque hoy día la gente permite que le bajen los salarios y le deterioren las condiciones laborales porque tienen miedo de perder su puesto de trabajo porque hay aproximadamente 4 millones de parados llamando a la puerta. Si en vez de 4 millones hubiese muchos menos, el miedo a perder el empleo sería menor y por lo tanto los actuales trabajadores no cederían tantos derechos laborales. Si el sector privado no se anima a incrementar el empleo en cantidades suficientes, tendrá que intervenir el sector público contratando directamente a personas que quieran y puedan trabajar en actividades necesarias que redunden en beneficio social, ecológico y cultural de nuestro país. Esto, además, debe ir acompañado de un notable incremento de la cobertura pública en materia de educación, sanidad, dependencia, cuidados, etc, para revertir los recortes en salario indirecto que se han aplicado desde 2010.

Que no nos den gato por liebre: aunque sea una medida positiva, el incremento del salario mínimo es puro maquillaje que no compensa en absoluto todo el atropello que venimos sufriendo los trabajadores y las mayorías sociales de este país desde que las políticas de austeridad irrumpieron en nuestras vidas.