El exsecretario de Canet y de San Antonio condenado por el TS a 2 años, junto a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals

Queda pendiente  de juzgar toda la Trama de las Asesorias en la que están alcaldes  Jose A. Sancho Sempere y Rafael Parra.

 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel por delito de cohecho impuesta por la Audiencia de Valencia a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals Natividad García Castellar y al exsecretario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer José Antonio Sancho Sempere, según informa la sala de comunicaciones del TS.

El Supremo rechaza tanto los recursos de los acusados como el de la Fiscalía, que consideraba que debieron ser condenados también por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, y pedía además la condena por cohecho de la entidad Academia Valenciana de Juristas.

La condena es por recibir pagos personales para mantener el contrato de asesoria con las empresas de Jose Antonio Sancho Sempere, exsecretario de Canet de Berenguer y de San Antonio de Benagéber.

La Audiencia Provincial de Valencia los condenó en enero de 2016 a dos años de cárcel a la ex alcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, una tránsfuga del PP, por un delito de cohecho al considerar acreditado que recibió tres ingresos de 4.500, 2.900 y 1.200 euros en su cuenta corriente del responsable de una contrata municipal. El órgano judicial considera que el objeto de estas aportaciones dinerarias era que mantuviese el contrato de asesoría externa a las sociedades que gestionaba el otro condenado, José Antonio Sancho, secretario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer.

Los condenados trataron de justificar los pagos con el trabajo de asesoramiento que habría realizado la ex alcaldesa y en un préstamo que habría concedido el acusado a la acusada. Pero el tribunal desmonta ambos argumentos. El primero, porque los supuestos servicios profesionales de la ex primer edil se realizaron con posterioridad de la contratación de las empresas del acusado. Y el segundo, porque la denuncia que interpuso el acusado para reclamar la cantidad del supuesto préstamo se realizó cuando el fiscal ya había iniciado las investigaciones al respecto.

El Fiscal, en su día, en el escrito de acusación señaló que, José Antonio S. ideó con Natividad García la forma de lucrarse con fondos públicos del consistorio a través de contratos de asesoramiento o de realización de supuestos informes jurídicos --innecesarios o que no se realizaron--, para los que se valió de distintas sociedades con las que se creaba un entramado para obtener facturación evitando aparecer como beneficiario director. A Rafael Parra., con una estrecha vinculación económica con el anterior, se le abonó una factura por un estudio de modificación de créditos que no se halló en el consistorio.

Queda pendiente de juzgar toda la Trama de las Asesorias en la que están alcaldes, Jose A. Sancho Sempere y Rafael Parra.

Sancho Sempere fue secretario en San Antonio de Benagéber y mantuvo el contrato de asesoria jurídica hasta la entrada del nuevo gobierno. También Rafael Parra era liquidador de la sociedad municipal SABFES, hasta que el nuevo equipo de gobierno lo sustituyó.

Tras esta sentencia quedan pendientes las investigaciones que se abrieron y que todavía no han concluido en juicio oral, por las que se investiga a varios ayuntamientos, entre ellos el de San Antonio de Benagéber y también al que fue su alcalde Eugenio Cañizares por diferentes contratos  y,  en cuyo centro se encuentran también a las sociedades jurídicas de Jose Antonio Sancho Sempere. El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia ordenó prisión para los dos funcionarios detenidos en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, tras solicitarlo el fiscal y, también ordenó la entrada en los diferentes Ayuntamientos para localizar documentación.

Los dos funcionarios que fueron detenidos - hoy ya en libertad provisional pendientes del juicio- y que siguen acusados son el ex secretario del consistorio de Canet d'en Berenguer, José Antonio Sancho.S., y un funcionario de la administración local que se encuentra en el Consorcio de Museos en comisión de servicios Rafael Parra, según informó en su momento Europa Press.

Una moción de censura para lucrarse, según informa también El periódico de Aquí.

Aunque la condena es relativamente pequeña, la gravedad de lo ocurrido es enorme. El juez concluye básicamente que detrás de la moción de censura que se produjo en La Pobla de Farnals había un interés por lucrarse de los fondos públicos. Así, ‘‘con la finalidad de garantizarse el acusado que el Ayuntamiento mantendría este tipo de contratación con sus empresas, pactó con Natividad García que la compensaría periódicamente o bien favorecería su contratación en aquéllas con carácter remunerado’’. Lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial en el apartado de ‘hechos probados’.

Las gratificaciones de Sancho a Natividad García -que intentó sin éxito en el juicio demostrar que fueron por un préstamo personal- comenzaron con una transferencia de Sancho a la cuenta personal de la alcaldesa por importe de 4.500 euros el 22 de mayo de 2009 bajo el concepto de ‘préstamo’. Más tarde, el 2 de febrero de 2011 ‘‘una empresa del acusado, Millena III Milenio, pagó a García la cantidad de 2.900 euros mediante cheque y el día 15 de julio de 2011, Sancho volvió a realizar una transferencia a la cuenta particular de la acusada por importe de 1.200 euros bajo el concepto de Mi entrega’’.


A cambio de todo esto, Natividad García aceptó que Sancho llevara al Consistorio a la Academia Valenciana de Juristas, otro de sus chiringuitos, para llevar los asuntos jurídicos municipales.

En los hechos probados el juez recuerda el proceso de la moción de censura y las decisiones de Natividad García para beneficiar a las empresas de Sancho: ‘‘con fecha 18 de octubre de 2008 García tomó posesión como alcaldesa y (...) concenrtó con José Antonio Sancho (...) secretario municipal de Canet, y a quien poco antes le había sido presentado por persona de confianza, que se encargara de todo ello a través de contratos menores formalizados en las facturas que fuera librando, bien personalmente o a través de de profesionales pertenencientes a las entidades Academia Valenciana de Juristas, Millena III Milenio, Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogado SL’’. La alcaldesa, en noviembre de 2008, ‘‘por decreto’’, acordó que todos los asuntos judiciales y extrajudiciales pendientes de resolución se llevarán a cabo por ‘‘la Academia Valenciana de Juristas’’. Además, Sancho fue nombrado  ‘‘durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de 2009, interventor acumulado’’.