UGT y CCOO destacan que el escenario económico en el que se
desarrollará la negociación salarial en 2017 viene definido por una
situación de crecimiento de la economía española que, aunque está
registrando una cierta desaceleración en su ritmo, supondrá el cuarto
año consecutivo de crecimiento del PIB y advierten de que los mayores
riesgos que se presentan en este momento son la evolución de los precios
del petróleo, el impacto del Brexit y la ausencia de una política
fiscal más expansiva, que termine de una vez con la nefasta estrategia
de la austeridad practicada desde 2010.
Para los sindicatos, este ciclo expansivo muestra tres carencias que
están impidiendo que sus efectos positivos lleguen a todo el mundo y que
se consolide una senda de desarrollo sostenible y duradera: la mala
calidad del empleo que se crea (la precariedad como modelo de
crecimiento), la devaluación salarial sufrida desde 2010 y el aumento de
las desigualdades y de las situaciones de pobreza relativa y exclusión
social.
Unas características que son la consecuencia de un modelo de
crecimiento agotado, basado en la continua contracción de los costes
laborales, que apenas logra aumentos de competitividad –y los que
consigue son rápidamente absorbidos- y genera un creciente
empobrecimiento de la clase trabajadora, o lo que es lo mismo, de la
mayoría de la población.
En este contexto, CCOO y UGT defienden que ese modelo injusto y
empobrecedor de crecimiento tiene que terminar, y, para ello, es
necesario que la política económica -de la cual la política salarial es
una pieza esencial- se dirija a lograr tres objetivos centrales:
Reforzar el crecimiento económico, para que genere más empleo y de mayor
calidad; Ayudar al cambio de modelo productivo, para hacerlo más
equilibrado, eficiente y sostenible; y reducir los niveles de
desigualdad y pobreza.
En este sentido es fundamental que los salarios ganen poder de compra
y que ganen participación en la distribución primaria de la renta, la
que se realiza en la negociación colectiva, algo que además servirá
para:
Reforzar el crecimiento económico y ayudar a crear empleo. Este
argumento lo defienden ya incluso organismos internacionales que han
venido promoviendo la devaluación salarial, como el Banco Central
Europeo, que ha reclamado recientemente que la política salarial pase a
ser más expansiva, certificando el fracaso de las políticas de
austeridad extrema.
Para que los salarios recuperen parte del poder de compra perdido
durante la crisis, que a pesar del aumento de los últimos años
propiciado por una inflación negativa, se sitúa en -4,8 puntos
porcentuales desde 2009. Una pérdida salarial que, además, ha castigado
más al 30% de trabajadores con menores salarios y peores puestos de
trabajo, que son los que más contribuyen proporcionalmente con su
consumo al crecimiento de la economía.
Para contribuir a cambiar el modelo de crecimiento, basado en la
continua caída de los costes laborales. De 2009 a 2015 los costes
laborales unitarios cayeron en España 6,3 puntos porcentuales, mientras
que los de la media de la eurozona aumentaron 4,8 puntos. Esta reducción
de coste ha aumentado la competitividad de pocas empresas, mientras ha
generado un cuantioso trasvase de rentas de los asalariados a las
sociedades.
Para equilibrar el reparto de la renta. En conjunto, de 2010 a 2015
la remuneración de los asalariados ha caído en 31.100 millones de euros,
mientras que las rentas empresariales y de la propiedad han aumentado
en 7.100 millones. En cuanto a las empresas no financieras, han salido
muy beneficiadas en términos relativos de la crisis: de 2006 a 2015 han
ganado 6,3 puntos de participación en el VAB, que es lo que han perdido
las rentas salariales. Es decir, que se ha producido un cuantioso
trasvase de rentas de los trabajadores a las empresas.
Para reducir las desigualdades y luchar contra la pobreza. España
mantiene niveles de desigualdad económica y de pobreza y exclusión
social de los más altos de la Unión Europea, y se han agudizado desde
2010. En especial, han aumentado los trabajadores en situación de riesgo
de pobreza, que ya suponen el 13,1% de la población trabajadora, el
nivel más elevado de la UE tras Rumanía y Grecia.
Para elevar los ingresos de la Seguridad Social, que no se están
recuperando como debieran en la situación actual de crecimiento
económico a causa, entre otras razones, de la mala calidad del empleo
generado, que conlleva salarios muy bajos y, por tanto, bases de
cotización reducidas.
Criterios salariales para 2017
En este escenario, y en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva (AENC) 2015-2017, UGT y CCOO mantienen que los
incrementos salariales pactados para 2017 deben crecer por encima de la
inflación, y teniendo en cuenta que la previsión de un aumento medio de
la inflación de consumo para 2017 es del 1,3%, este debe ser un suelo
irrenunciable para los incrementos salariales.
Además de ganar poder de compra, las rentas salariales deben ganar
participación sobre el reparto de la renta. Ello supone trasladar a
salarios todos los aumentos de productividad laboral, que para 2017 se
estiman en el 1,6% en términos nominales (productividad real +
inflación). Solo aumentos salariales a nivel agregado superiores a este
dígito permitirán que la participación de las rentas salariales en el
PIB aumente.
Por último, es necesario incluir en los convenios una cláusula de
garantía para el caso de que la inflación a final de año sea superior a
la prevista, para evitar que un aumento de los precios superior al
estimado inicialmente termine por absorber la ganancia de poder
adquisitivo pactada. Porque los trabajadores y las trabajadoras no
pueden terminar pagando de su bolsillo la incidencia sobre los precios
de factores que nada tienen que ver con ellos y que no controlan.
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| Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, ayer en Madrid (EFE) |
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