La medida aprobada es una iniciativa del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromis y Esquerra Unida- que ha contado con el voto favorable del resto de formaciones políticas: Partido Popular, Ciudadanos y Riba-roja Pot. Además, se ha acordado ejecutar el aval bancario que la citada empresa urbanizador depositó en su momento, 98.684 euros, que permitan concluir las obras pendientes y saldar las deudas en concepto de perjuicios al Ayuntamiento de Riba-roja, fijadas en 63.467 euros.
Aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en sesión
plenaria se retira la condición de agente urbanizador a la empresa que en
el año 2003 resultó adjudicataria de las obras de urbanización de la
unidad de ejecución Vella 6 a causa de los incumplimientos que la citada
mercantil ha infringido durante este tiempo ya que las obras no se han
finalizado en el plazo fijado al efecto.
El Consell Jurídic Consultiu ha emitido, paralelamente, un dictamen sobre la retirda de la condición de agente urbanizador a la empresa en la que apoya, punto por punto, todas las medidas aprobadas por el ayuntamiento al considerar que "el urbanizador no ha cumplido las obligaciones propias del programa, se deberá proceder a la incautación de la fianza depositada al efecto".
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado, también, que se hará cargo de la ejecución de las obras de urbanización que faltan por concluir en este programa urbanístico a través de un procedimiento de gestión directa en una zona en la que se arrastran considerables retrasos en la ejecución. Precisamente, un informe técnico municipal, fechado en el año 2011, alertaba de los retrasos en los plazos de las obras, aunque no fue hasta 2015, en el final de la legislatura, cuando el consistorio inició el expediente administrativo para solucionar este problema urbanístico.
El actual equipo de gobierno, incluso, amplió en marzo pasado el plazo para que los propietarios de la empresa urbanizadora pudiese efectuar alegaciones sobre el proceso iniciado por el consistorio para retirar tal condición a la mercantil que, posteriormente, fueron rechazados por el propio pleno municipal y se les requirió toda la documentación acreditativa sobre los pagos efectuados para la ejecución de las obras y los cobros a los propietarios.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que con la decisión del pleno "continuamos todo el proceso administrativo que permitirá concluir unas obras que arrastran un enorme retraso por culpa de la falta de vigilancia y supervisión que en su momento debían haber realizado el anterior gobierno del Partido Popular ya que la empresa incumplió sistemáticamente las obras a lo largo de los años con absoluta impunidad, ya que el ex alcalde Francisco Tarazona y la ex concejal de urbanizaciones y actual portavoz del PP, María José Ruiz, esperaron a que la mercantil entrase en concurso de acreedores para remover todo el expediente".
Raga ha añadido que la empresa urbanizadora donó 150.000 euros al ayuntamiento en contraprestación a la adjudicación de las obras que, finalmente, se destinaron a diversas obras y mejoras en la localidad "en lugar de invertirlo en obras de mejora y en atención a las reclamaciones y reivindicaciones de los vecinos de la Vella 6, como es el caso de unos accesos decentes y mayores dotaciones públicas; sin embargo, paradójicamente, el consistorio concedió licencias de construcción antes de concluir las obras de urbanización".
El Consell Jurídic Consultiu ha emitido, paralelamente, un dictamen sobre la retirda de la condición de agente urbanizador a la empresa en la que apoya, punto por punto, todas las medidas aprobadas por el ayuntamiento al considerar que "el urbanizador no ha cumplido las obligaciones propias del programa, se deberá proceder a la incautación de la fianza depositada al efecto".
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado, también, que se hará cargo de la ejecución de las obras de urbanización que faltan por concluir en este programa urbanístico a través de un procedimiento de gestión directa en una zona en la que se arrastran considerables retrasos en la ejecución. Precisamente, un informe técnico municipal, fechado en el año 2011, alertaba de los retrasos en los plazos de las obras, aunque no fue hasta 2015, en el final de la legislatura, cuando el consistorio inició el expediente administrativo para solucionar este problema urbanístico.
El actual equipo de gobierno, incluso, amplió en marzo pasado el plazo para que los propietarios de la empresa urbanizadora pudiese efectuar alegaciones sobre el proceso iniciado por el consistorio para retirar tal condición a la mercantil que, posteriormente, fueron rechazados por el propio pleno municipal y se les requirió toda la documentación acreditativa sobre los pagos efectuados para la ejecución de las obras y los cobros a los propietarios.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que con la decisión del pleno "continuamos todo el proceso administrativo que permitirá concluir unas obras que arrastran un enorme retraso por culpa de la falta de vigilancia y supervisión que en su momento debían haber realizado el anterior gobierno del Partido Popular ya que la empresa incumplió sistemáticamente las obras a lo largo de los años con absoluta impunidad, ya que el ex alcalde Francisco Tarazona y la ex concejal de urbanizaciones y actual portavoz del PP, María José Ruiz, esperaron a que la mercantil entrase en concurso de acreedores para remover todo el expediente".
Raga ha añadido que la empresa urbanizadora donó 150.000 euros al ayuntamiento en contraprestación a la adjudicación de las obras que, finalmente, se destinaron a diversas obras y mejoras en la localidad "en lugar de invertirlo en obras de mejora y en atención a las reclamaciones y reivindicaciones de los vecinos de la Vella 6, como es el caso de unos accesos decentes y mayores dotaciones públicas; sin embargo, paradójicamente, el consistorio concedió licencias de construcción antes de concluir las obras de urbanización".
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