La cláusula introducida evitará la especulación urbanística al obligar a construir y mantener el Ayuntamiento mantiene el derecho de tanteo.
La venta
servirá para la implantación de empresas y la creación de empleo
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la venta de una parcela de propiedad municipal por un montante de 3'3 millones de euros destinada a un uso industrial procedente del excedente de aprovechamiento urbanístico que en el año 2006 generó la reparcelación de la zona. La enajenación de los terrenos salió adelante con los votos del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y Esquerra Unida- y de Ciudadanos y el rechazo por parte del Partido Popular y Riba-roja Pot. La parcela está ubicada en el polígono del parque logístico, dedicado al uso industrial y terciario.
La parcela municipal ocupa una superficie total de 26.239 metros cuadrados -de los que son edificables un total de 22.560- cuya venta se realizará mediante una subasta pública "al del mejor precio" cuya aprobación ha sido necesaria a través del pleno municipal ya que supera los tres millones de euros y supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto económico actual. En concreto, supone un 13% de los 23'5 millones de las cuentas del año 2016.
El gobierno de Riba-roja ha introducido algunas cláusulas administrativos a los futuros compradores entre las que destaca la obligación de edificar la parcela en un plazo máximo de 4 años, alrededor del 35% del total de la superficie total con el objetivo principal de que la operación financiera se convierta en un procedimiento de "especulación urbanística". En caso contrario, si el comprador incumple esta cláusula, la parcela revertiría al ayuntamiento en los mismos términos económicos con los que se ha efectuado esta enajenación ahora.
En el texto del acuerdo se recalca que "mientras la parcela no se edifique, el Ayuntamiento de Riba-roja ostentará el derecho de tanteo y retracto sobre la misma por el mismo importe de la adjudicación; dicha obligación se entenderá complica cuando la parcela tenga construido un edificio con un mínimo de edificabilidad de 0'35 por metro cuadrado".
El texto de la venta aprobado en la sesión plenaria recuerda que el ayuntamiento adquirió la parcela "como excedente de aprovechamiento que le corresponde como participación de la administración públicas en las plusvalías que se generan en las actuaciones urbanísticas" y, por lo tanto, el objetivo principal es el de proporcionar al ayuntamiento "los correspondientes recursos económicos y el de regular el mercado del suelo mediante su venta que permitirá la implantación de nuevas empresas y la creación de puestos de trabajo".
La enajenación de esta parcela pública se añade a la voluntad del gobierno actual de fomentar el tejido industrial y empresarial en los diversos polígonos industriales como por ejemplo la multinacional italiana que se ha instalado, recientemente, en el Mas de Baló sobre unos terrenos de 14.000 metros cuadrados como centro de operaciones logísticas dedicada a la exportación de materias como el aceite, vino y zumos con destinos a diversos países de Europa.
El concejal de polígonos industriales, José Ángel Hernández, ha afirmado que la operación urbanística aprobada "marca un punto de inflexión en la gestión del patrimonio municipal ya que una administración debe velar por que no se produzca la especulación que durante años, desgraciadamente, ha tenido lugar en nuestro municipio y, por ello, debemos garantizar el máximo de transparencia y participación para salvaguardar los intereses generales de nuestros vecinos; la introducción de las cláusulas de adjudicación son una buena muestra de esta forma novedosa de gobernar".
La parcela municipal ocupa una superficie total de 26.239 metros cuadrados -de los que son edificables un total de 22.560- cuya venta se realizará mediante una subasta pública "al del mejor precio" cuya aprobación ha sido necesaria a través del pleno municipal ya que supera los tres millones de euros y supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto económico actual. En concreto, supone un 13% de los 23'5 millones de las cuentas del año 2016.
El gobierno de Riba-roja ha introducido algunas cláusulas administrativos a los futuros compradores entre las que destaca la obligación de edificar la parcela en un plazo máximo de 4 años, alrededor del 35% del total de la superficie total con el objetivo principal de que la operación financiera se convierta en un procedimiento de "especulación urbanística". En caso contrario, si el comprador incumple esta cláusula, la parcela revertiría al ayuntamiento en los mismos términos económicos con los que se ha efectuado esta enajenación ahora.
En el texto del acuerdo se recalca que "mientras la parcela no se edifique, el Ayuntamiento de Riba-roja ostentará el derecho de tanteo y retracto sobre la misma por el mismo importe de la adjudicación; dicha obligación se entenderá complica cuando la parcela tenga construido un edificio con un mínimo de edificabilidad de 0'35 por metro cuadrado".
El texto de la venta aprobado en la sesión plenaria recuerda que el ayuntamiento adquirió la parcela "como excedente de aprovechamiento que le corresponde como participación de la administración públicas en las plusvalías que se generan en las actuaciones urbanísticas" y, por lo tanto, el objetivo principal es el de proporcionar al ayuntamiento "los correspondientes recursos económicos y el de regular el mercado del suelo mediante su venta que permitirá la implantación de nuevas empresas y la creación de puestos de trabajo".
La enajenación de esta parcela pública se añade a la voluntad del gobierno actual de fomentar el tejido industrial y empresarial en los diversos polígonos industriales como por ejemplo la multinacional italiana que se ha instalado, recientemente, en el Mas de Baló sobre unos terrenos de 14.000 metros cuadrados como centro de operaciones logísticas dedicada a la exportación de materias como el aceite, vino y zumos con destinos a diversos países de Europa.
El concejal de polígonos industriales, José Ángel Hernández, ha afirmado que la operación urbanística aprobada "marca un punto de inflexión en la gestión del patrimonio municipal ya que una administración debe velar por que no se produzca la especulación que durante años, desgraciadamente, ha tenido lugar en nuestro municipio y, por ello, debemos garantizar el máximo de transparencia y participación para salvaguardar los intereses generales de nuestros vecinos; la introducción de las cláusulas de adjudicación son una buena muestra de esta forma novedosa de gobernar".
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