La propuesta incluye una auditoría exhaustiva de todos los
edificios e inmuebles de titularidad municipal para adaptarlos a las
directivas comunitarias sobre certificación de eficiencia energética, de
forma que en cada uno de ellos se realice un diagnóstico que permita
alcanzar los parámetros adecuados en la relación entre el coste
económico y el beneficio general extraído.
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado un plan municipal de eficiencia y ahorro energético con el objetivo de reducir los gastos en electricidad y calefacción que actualmente destinan las arcas municipales en los diversos edificios y recintos públicos y cuya suma asciende a 900.000 euros anuales. La moción aprobada, presentada por Ciudadanos, contó con el voto favorable del gobierno local -PSPV, Compromís y Esquerra Unida-, además del Partido Popular y Riba-roja Pot.
La ley vigente actualmente en materia energética se aplica a aquellos casos en los que se trate de edificios de nueva construcción, edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 metros cuadrados y que sean frecuentados habitualmente por el público. Además, se establecen plazos para su adaptación en función de las dimensiones, las superficies de los inmuebles públicos y la antigüedad de los mismos.
Los certificados energéticos tienen una validez máxima de 10 años y en ellos se evalúa pormenorizadamente el consumo de energía, las emisiones de dióxido de carbono y los distintivos oficiales que marcan el rango de cada inmueble y la situación global en la que se encuentra, de acuerdo a los parámetros analizados. Este uso es imprescindible para optar a las categorías establecidas.
Además, la certificación incluye no sólo las características energéticas de cada inmueble sino también las recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética y todas las variables posibles con el objetivo principal de fomentar el ahorro en el consumo eléctrico de los recintos e inmuebles públicos.
El análisis del consumo energético de cada inmueble se une al trabajo que actualmente está realizado el equipo de gobierno para la obtención de la licencia de actividad en un total de 25 edificios públicos que carecen de ella y cuya posesión indica que el inmueble cumple todos los parámetros y condiciones exigible en materia de seguridad y riesgos laborales.
El Ayuntamiento de Riba-roja ha sacado ya a licitación pública la redacción de todos los proyectos técnicos que permitirán legalizar, en una primera fase, 11 de los 25 edificios que carecen de la licencia de actividad y, a continuación, en una fase posterior se llevarán a cabo todas las restantes. Por ello, se podrá adaptar el edificio a los parámetros que exige la licencia de actividad y, al mismo tiempo, se complementa con la auditoría que permitirá un ahorro energético.
Entre las irregularidades y anomalías detectadas por el actual gobierno tras tomar posesión del cargo cabe destacar algunos como la ausencia de salidas de emergencia, importantes fallos estructurales de diseño, puertas que abren al revés de la normativa vigente en materia de seguridad, escaleras que incumplen la legislación o errores en la planificación técnica y en la accesibilidad de algunos edificios.
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