El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciado enérgicamente las nuevas exigencias que el Ministerio de Servicios Sociales ha impuesto a las familias que quieran optar a las ayudas del Banco de Alimentos ya que desde este año es necesario presentar un informe expedido por los ayuntamientos sobre la situación económica y social de los solicitantes.
Sin embargo, el PSPV ha censurado la actitud "obstruccionista" del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ya que desde hace semanas se niega a elaborar los citados informes a las familias que lo necesitan como paso previo obligado para optar a las ayudas que concede el Banco de Alimentos a aquellas personas y núcleos familiares que así lo reclaman.
La negativa del consistorio vallbonense a elaborar los citados informes obliga a la llegada de trabajadores sociales de otras localidades del Camp de Túria para que redacten los estudios de las familias que así lo soliciten. Los asistentes sociales realizan esta labor en calidad de voluntarios, sin percibir ningún tipo de remuneración económica.
El PSPV de la Pobla atribuye los problemas detectados en los últimos meses al cambio de la administración pública encargada de velar por el control y vigilancia de este tipo de ayudas sociales. Así, hasta ahora la concesión de los productos que anualmente recibe el Banco de Alimentos desde la Unión Europea dependía del Ministerio de Agricultura pero desde este año es el Ministerio de Asuntos Sociales el que se encarga de las tareas de control.
La Unión Europea concedió hasta un total de 3 millones de kilos de productos al Banco de Alimentos en el año 2011 y, en cambio, en el ejercicio del pasado año estas cifras se redujeron hasta los 1'2 millones de kilos, fruto de los recortes económicos y de las fuertes restricciones impuestas desde los organismos europeos. No hay que olvidar que se atienden a 21.000 familias anualmente de las cuales existen alrededor de 350 procedentes de la Pobla.
La portavoz municipal del PSPV de la Pobla de Vallbona, Regina Llavata, ha lamentado que el equipo de gobierno de esta localidad, encabezado por Mari Carmen Contelles, del PP, "haya consentido los recortes que sufre el Banco de Alimentos y no haya abierto la boca para reclamar mayores facilidades para estas familias que sufren en sus propias carnes la crudeza la crisis económica".
Llavata ha subrayado que la actitud del consistorio de negarse a elaborar los informes exigidos por el Ministerio de Asuntos Sociales "evidencia la catadura moral de un gobierno que concibe este tipo de ayudas como una limosna en lugar de potenciar mayores políticas de ayuda hacia estos colectivos víctimas del despilfarro que durante años ha imperado en la Generalitat".
La portavoz socialista ha concluido con un llamamiento para que el Ayuntamiento de la Pobla "reconsidere su negativa a elaborar los informes que exige ahora el Gobierno de Rajoy que lejos de facilitar estas ayudas impone más trámites administrativos para estas familias; además, es ridículo que tengan que venir trabajadores sociales de otras localidades para enmendar las trabas creadas por el consistorio de esta localidad".
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