Según la organización de consumidores con ello se permitirá la transposición de la Directiva Europea 2012/19/UE, el Gobierno tiene la posibilidad de dar un importante impulso a la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, ya que su régimen sancionador debería suponer un avance en su protección.
La obsolescencia programada, es una manera de fabricar los bienes de consumo que acotan su vida con intención. De esta forma se provoca un consumo continuado, al obligar a renovar un producto, que de forma programada comienza a fallar pasado un tiempo.
Los diputados galos, a propuesta de Los Verdes, acaban de aprobar en su Asamblea que establecer de fábrica un periodo de funcionamiento determinado para un producto a partir de ahora ya va a poder ser castigado incluso penalmente, pudiendo conllevar una multa de hasta 300.000 euros e incluso en algunos casos una pena de prisión de hasta dos años.
La inclusión en electrodomésticos y dispositivos digitales de componentes programados premeditadamente para que dejen de funcionar en un número de usos o tiempo determinados constituye un fraude en toda regla para sus compradores.
De este modo, la asociación considera imprescindible para la legítima defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que desde los poderes públicos no se toleren prácticas comerciales que resultan del todo abusivas en muchos procesos productivos.
En este sentido, la organización también pide a las autoridades españolas en materia de consumo que revisen el actual régimen de garantías e imponga a los fabricantes una ampliación del actual periodo legal mínimo obligatorio de dos años de garantía para esta clase de productos, pues sería un método eficaz a la hora de evitar estas prácticas.
Asimismo, FACUA exige controles y sanciones más severos para aquellas empresas que incumplan con su deber de atender al legítimo derecho que los usuarios tienen por ley a reclamar que esas garantías sean rigurosamente respetadas, algo que actualmente no suele suceder.
FACUA insta a los representantes políticos españoles a que se impliquen en la protección del consumidor en lo relativo al cumplimiento de las garantías, así como en iniciativas para que la Comisión Europea empiece a perseguir legalmente la obsolescencia programada y que atienda al llamamiento realizado en pleno por el Comité Económico y Social de la UE (EESC) hace ahora un año exigiendo su prohibición en toda Europa.
La asociación recuerda también la promulgación llevada a cabo el pasado mes de junio de la "Declaración de Madrid" por parte de la Comisión Consultiva de Transformaciones Industriales, en la que fueron reclamados a la Unión Europa nuevos fundamentos de sostenibilidad a lo largo de todo el modelo productivo.
Producción responsable de bienes duraderos
Para la asociación, la solución a la actual crisis debe pasar por el fomento de una economía basada en un nuevo modelo que esté fundamentado en principios comerciales sostenibles, los cuales propicien una producción responsable de bienes duraderos, respetuosa con los derechos y garantías de los consumidores.
Este nuevo modelo también debería hacer frente al mantenimiento de otra obsolescencia como es la "psicológica", motivada en este caso por la enorme presión publicitaria que las multinacionales ejercen sobre el consumidor por medio de la imposición de modas.
En cualquier caso, la organización considera que la penalización de la obsolescencia programada aprobada por la Asamblea Francesa es una iniciativa legal necesaria que debe ser sin más dilación también promulgada en España con el apoyo unánime del Gobierno y de todos los partidos políticos con representación parlamentaria tanto en Madrid como en Bruselas.
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