La Cumbre Social estatal celebró su 15 reunión el día 5 de junio con un pleno monográfico dedicado a analizar la situación de la justicia en nuestro país. Para la Cumbre, las reformas (contrarreformas habría que matizar) anunciadas y en algún caso, ya materializadas por el ministro Ruiz Gallardón, constituyen un retroceso grave en las libertades públicas y en los derechos de participación democrática.
Entre los muchos grupos sociales asistentes, llevaron a cabo las principales ponencias sobre el chequeo a la Justicia, los juristas Ximo Bosch, (juez valenciano y portavoz de Jueces para la Democracia ) y Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, abogada penalista; Bernardo García Rodríguez, abogado laboralista; y Rafael Lafuente i Sevilla, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ).
Entre los muchos grupos sociales asistentes, llevaron a cabo las principales ponencias sobre el chequeo a la Justicia, los juristas Ximo Bosch, (juez valenciano y portavoz de Jueces para la Democracia ) y Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, abogada penalista; Bernardo García Rodríguez, abogado laboralista; y Rafael Lafuente i Sevilla, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ).
En la declaración, la Cumbre advierte que la justicia se encuentra gravemente erosionada en nuestro país y que con estas reformas el Gobierno está alejando la justicia de los ciudadanos y ciudadanas.
Entre las conclusiones más importantes llegaron al siguietne acuerdo sobre las contrarreformas de la Justicia:
La Cumbre Social cree que la trascendencia de las reformas (contrarreformas) anunciadas y/o ya puestas en marcha por el ministro Gallardón debe provocar la más amplia y unitaria respuesta social. Apuesta por una justicia ágil, rápida, no corporativa, homogénea, con criterios de equidad y con separación de competencias.
Por ello, llama a todas las organizaciones sociales y políticas, a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones que puedan organizarsepara rechazar este grave retroceso democrático
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| El debate monográfico del 15 plenario de la Cumbre Social, giró en torno al estado de la justicia en España, a partir de varias ponencias realizadas por Joaquín Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia; Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, abogada penalista; Bernardo García Rodríguez, abogado laboralista; y Rafael Lafuente i Sevilla, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ). El anteproyecto de ley de justicia gratuita, el anteproyecto sobre jurisdicción voluntaria, la reforma de la ley orgánica del poder judicial, del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley de Tasas, la nueva Ley del aborto, la reforma laboral o la ofensiva penal contra el derecho de huelga y la criminalización de los sindicatos, constituyen a juicio de los/as ponentes un retroceso sin precedentes en la reciente historia democrática. “A través de estas contrarreformas se incorporan nuevas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, se cercenan las libertades democráticas, para con ello acallar la protesta social, lo que es propio de gobiernos autoritarios; se pretende convertir el conflicto social en un continuo conflicto de orden público; se avanza una nueva política penal basada en la exclusión social; se limitan las libertades ciudadanas y lejos de ofrecer vías de integración y de expresión articulada de los conflictos sociales se opta por la acción represiva, como lo demuestran los más de 50 procesos abiertos a centenares de sindicalistas por el mero hecho de ejercer el derecho constitucional de convocatoria y preparación de una huelga general; se ponen trabas, en muchos casos insalvables, para acceder en igualdad de condiciones a la acción de la justicia; y se produce una radical involución en los derechos de las mujeres cuando se intenta reemplazar la vigente ley de interrupción del embarazo por otra profundamente reaccionaria que hurta a la mujer el derecho a decidir sobre una maternidad responsable. Se destacó la necesidad de concienciar a la ciudadanía que la Justicia es un servicio público, un instrumento en su beneficio, garante de los derechos democráticos, y que como tal debe ser defendida y reivindicada. En ese sentido se convocó esta Cumbre Social monográfica. Debemos denunciar el proceso de privatización que se ha iniciado con el Registro Civil, el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limita la libertad de asociación de las autoridades judiciales. Se está produciendo un | desmantelamiento de la justicia, un ataque a la independencia judicial, un recorte de los derechos y libertades, con una tendencia hacia una legislación restrictiva y no preventiva. El orden público, en una Democracia, no debería servir para blindar una política partidista determinada, sino para proteger libertades y derechos. En la reforma propuesta del Código Penal se incrementan las penas, se crean nuevos tipos agravados (equiparando la amenaza con la acción) y se aprecia, por parte de la Fiscalía, una actuación de represión penal desproporcionada, criminalizando con peticiones de pena de hasta 8 años de cárcel en el ejercicio del derecho de huelga y de actuaciones puramente sindicales. Esta reforma es particularmente innecesaria ya que España cuenta con bajas tasas de criminalidad desde los años 80, e injusta, populista e insolidaria (no tiene en cuenta las personas en exclusión social). Por último, se aludió a la inconstitucionalidad de la ley de seguridad ciudadana. La conclusión es que la justicia se encuentra gravemente erosionada en nuestro país y que con estas reformas el Gobierno está alejando la justicia de los ciudadanos y ciudadanas. Un buen ejemplo de toda esta situación, lo constituye la problemática denunciada por la asociación AUME, respecto a su sistema disciplinario militar, que permite que “quien juzgue” no solo no tenga conocimientos básicos de derecho, sino que además pueda ser juez y parte en el proceso, lo que vulnera un principio básico de la justicia en un estado derecho, por lo que la Cumbre Social, manifestó su apoyo a la reivindicación de dicha asociación La Cumbre Social cree que la trascendencia de las reformas (contrarreformas) anunciadas y/o ya puestas en marcha por el ministro Gallardón debe provocar la más amplia y unitaria respuesta social. Apuesta por una justicia ágil, rápida, no corporativa, homogénea, con criterios de equidad y con separación de competencias. Por ello, llama a todas las organizaciones sociales y políticas, a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones que puedan organizarse para rechazar este grave retroceso democrático. Madrid, 5 de junio de 2014  |
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