La Ley de Transparencia aprobada en el Congreso por el Gobierno no gusta a la oposición, ni a Europa

La ley limita, según la OSCE, el acceso de los ciudadanos y de la prensa a la informaicón. A pesar de su rimbonbante nombre, es más bien una ley restrictiva de derechos de ciudadanos/as que lo contrario. Con carácter previo a su tramitación la OSCE ya había advertido que los cambios realizados por el gobierno eran simplemente 'estéticos', sin contenido de fondo.

El trabajo de la OSCE, con una crítica completa puede leerse aquí en castellano.

La oposición, planteó que en el trámite de la Ley ha faltado diálogo y democracia. La Ley de Transparencia la ha ganado 'el aparato de agitación y propaganda del Partido Popular'. Se le achaca que la Ley diga una cosa cuando su contenido significa otra: 'ha conseguido retorcer las palabras'.

Esta ley partía de la idea de que todos los ciudadanos debemos tener libre acceso a las cuentas que manejan tanto los organismos públicos, como aquellas entidades que reciben dinero por parte del Estado (cuando la cantidad recibida “sea superior al 50 por 100 de su capital social” )

Pero no sólo la oposición, los teóricos de la Aministración y del derecho, como Sanchez de Diego, dicen que esta ley “no reúne los requisitos para ser una buena ley de acceso a la información y de transparencia”, por ello es necesaria una profunda modificación de la misma. “Si no se cambia la ley no se lograrán los objetivos marcados en la propia ley, ni los marcados por la vicepresidenta del Gobierno en comparecencia en rueda de prensa”.

Se excluye a la Casa Real, al Congreso de los Diputados, al Consejo General del Poder Judicial, al Senado, etc. Por lo tanto, estamos ante una ley que quiere simplemente cumplir con el trámite. Se trata de una Ley hecha para proteger a las élites de la política. Hecha para la galeria Europea, a quien, como hemos dicho, tampoco ha engañado.

La profesora de derecho Pilar Cousido González, que lleva trabajando desde el año 2006 de forma activa por la transparencia con el Grupo de Investigación UCM llamado “Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación”, ha sido esta condición de experta la que le ha permitido acudir a todas las sesiones de trabajo en las que ha defendido las líneas a las que, desde su punto de vista, debería ajustarse a ley. Según la profesora, “la novedad por excelencia es que nunca hemos tenido una legislación respecto a este tema y, si ésta llega a aprobarse, definitivamente, tendremos una ley sobre transparencia”. Cousido señala que en comparación con las normas de otros países, tal y como ha sido redactada, la ley española no se ajusta a los mínimos exigibles en una ley de transparencia.

Y añade la profesora:

“Creo que el problema de esta norma es que el Gobierno no quiere aprobarla y está siendo tan restrictivo en su visión de la transparencia que la jurisdicción debería denominarse Ley de Opacidad Legalizada”, ha señalado la profesora. Algunos de los problemas que destaca son: el rango normativo de la ley, el período de vacatio legis previsto y la falta de sanciones reales tipificadas que hagan efectivo el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Y es que cuando ' más se habla de transparencia más se práctica la opacidad'. De las enmiendas planteadas por la oposición, prácticamente ninguna ha sido incorporada. Es una Ley realizada a medida de un gobierno que no quiere dar la voz a los ciudadanos/as sino limitar los aspectos en los que pueden participar. Así se manifiestan todos los portavoces de la oposición a la hora de valorar su trámite.

El portavoz de la Izquierda Plural, reprocha en el video que acompañamos que la 'Ley nace muerta' y que la protección de datos, como Ley Orgánica, estará siempre por delante del derecho de los ciudadanos a conocer lo que ocurre en la administración.

En cuanto al silencio administrativo, se consolida el Negativo, es decir la Administración que 'teóricamente' tiene la obligación de contestar, si no contesta significará que deniega la petición. Cuando lo adecuado sería que si la Administración no contesta al ciudadano/a y además razonadamente, este tenga el derecho a interpretar que su petición de información ha sido aceptada. Pero no es así en la ley, sino al contrario.

Toda una ley, según coinciden todos los portavoces de la oposición referidos, que tiene un montón de exclusiones, que deja su aplicación a la plena discrecionalidad. Por que se añade la posibilidad de no contestar, o de contestar que no cuando algo relacionado con el tema solicitado 'se encuentre en trámite'. La Administración siempre tendrá un trámite relacionado con el tema pendiente de realizar: Se trata 'de una excusa de cajon desastre'. En teoria sólo podría solicitarse información cuando ya haya sido cerrado todo el proceso de un expediente. 'Una ley en este sentido hecha sólo para historiadores'.

Asimismo la Agencia de Información. el organismo al que se le encarga controlar la ejecución de la ley, estará formada por siete personas, que serán en representación del gobierno y por funcionarios y uno nombrado por el Congreso. Ninguna representación de los ciudadanos. Nada de Participación Ciudadana.