Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana da la razón, en parte, a las Compañias de Telefonia móvil. El gobierno del PP de La Pobla anuló el pasado Pleno, la ordenanza relacionada con el cobro de la referida Tasa que tenia en vigor desde el año 2010.
Lo curioso del asunto es que el Ayuntamiento no la había aplicado a pesar de ser efectiva y obligatoria desde 2010, algo inexplicable puesto que a ningún ciudadano se le perdona una tasa que se encuentre en vigor.
La sentencia judicial estima algunas de las alegaciones que en su día una de las compañías de telefonía móvil interpuso contra la decisión del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona -aprobada en el año 2010- de imponer una tasa económica al entender que las administraciones deben "cuantificar la tasa a la vista de las instalaciones aprovechadas por las operadoras de móviles en el dominio local" algo que, a juicio de los magistrados, no ocurría en la ordenanza de la Pobla ya que "descarta a priori una indagación como la impuesta".
El portavoz municipal de Esquerra Unida, Javier Descalzo, ha lamentado que una vez más "el Partido Popular de la Pobla se erige en defensor de los beneficios de las grandes empresas antes de pensar en el bienestar de sus propios vecinos que están pasando verdaderas dificultades para pagar los impuestos y las tasas hasta el punto que si no lo hacen deben abonar un recargo de apremio e incluso el ayuntamiento puede llegar al embargo de sus cuentas corrientes y sus salarios".
Descalzo añade que en un corto espacio de tiempo "el PP que encabeza la alcaldesa Mari Carmen Contelles ha recibido severos correctivos por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano en relación a la tasa de telefonía y también por parte del Síndic de Greuges por la actitud del ejecutivo local de no facilitar la información a la oposición de asuntos de interés público; el PP debería cambiar su actitud obstruccionista en aras a la transparencia municipal pues los ciudadanos exigen otras políticas por parte de los mandatarios
Esquerra Unida de la Pobla subraya que esta sentencia judicial "es un nuevo varapalo a la gestión que lleva a cabo el Partido Popular en la localidad y ahora cabría preguntarse por qué se afanaron tanto en aprobar una ordenanza que preveía el cobro de una tasa y, en cambio, decidieron no aplicarla; el PP debería explicar por qué a las grandes empresas esperan a cobrar tanto tiempo y a los vecinos y contribuyentes de la Pobla se les cobra tan rápidamente sin ningún problema".
La tasa anulada preveía cobrar entre los 632 y los 44.212 euros anuales a las operadoras de telefonía móvil en función de la cuota de mercado y la cantidad de abonados de cada una de ellas. Sin embargo, pese a que la tasa se aprobó en 2010 el Ayuntamiento de la Pobla no ejecutó las directrices que contenía la citada ordenanza ya que en ningún se momento se llegó a cobrar cantidad económica alguna. De hecho, los ingresos se estiman en cerca de 90.000 euros anuales que habrían reportado, por tanto, cerca de 270.000 euros durante el tiempo en vigor de la misma.
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