Un total de 2.300 personas han perdido cada día su tarjeta sanitaria tras la aprobación del Real Decreto 16/2012 que deja fuera del servicio público a aquellas personas extranjeras sin papeles o que no han cotizado a la Seguridad Social.
La organización Médicos del Mundo ha hecho pública esta cifra partiendo de los datos ofrecidos por el Gobierno que reconoce haber retirado 873.000 tarjetas desde septiembre de 2012, fecha de entrada en vigor de la norma.
“La mayoría, personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que han formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado han perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud”, denuncian desde Médicos del Mundo.
El balance de la organización humanitaria es que el RDL 16/2012 ha demostrado ser un grave error de previsión, una regresión en el marco de derechos humanos y un radical cambio en el modelo de la sanidad pública española, que sustituye la cobertura universal por un sistema de aseguramiento. Todo en virtud de una “reforma sanitaria” que no va a suponer además ningún ahorro significativo.
Un balance que queda reflejado en el informe El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud, basado en 1.192 casos de vulneraciones de este derecho documentados por la organización, y que el presidente de la asociación ya ha hecho llegar a la Defensora del Pueblo.
Por otro lado, la organización ha presentado esta mañana una campaña de sensibilización y captación de apoyos que se vertebra en torno a la página web www.nadiedesechado.org y que espera contar con el apoyo mayoritario de la opinión pública. En la web se encuentran testimonios de personas afectadas por el RD 16/2012, pensionistas, personas con dependientes a su cargo, inmigrantes o familias con bajos ingresos.
“La mayoría, personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que han formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado han perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud”, denuncian desde Médicos del Mundo.
El balance de la organización humanitaria es que el RDL 16/2012 ha demostrado ser un grave error de previsión, una regresión en el marco de derechos humanos y un radical cambio en el modelo de la sanidad pública española, que sustituye la cobertura universal por un sistema de aseguramiento. Todo en virtud de una “reforma sanitaria” que no va a suponer además ningún ahorro significativo.
Un balance que queda reflejado en el informe El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud, basado en 1.192 casos de vulneraciones de este derecho documentados por la organización, y que el presidente de la asociación ya ha hecho llegar a la Defensora del Pueblo.
Por otro lado, la organización ha presentado esta mañana una campaña de sensibilización y captación de apoyos que se vertebra en torno a la página web www.nadiedesechado.org y que espera contar con el apoyo mayoritario de la opinión pública. En la web se encuentran testimonios de personas afectadas por el RD 16/2012, pensionistas, personas con dependientes a su cargo, inmigrantes o familias con bajos ingresos.
Pagar más por las recetas
Por otro lado, Médicos del Mundo recuerda que los enfermos de hepatitis C, artritis reumatoide o determinados tumores, a partir del 1 de octubre, van a tener que desembolsar el 10% del coste de sus tratamiento en las farmacias hospitalarias. Esto afectará a pacientes con enfermedades crónicas que ya consumen otros medicamentos sometidos a copagos y que en muchos casos tienen ingresos reducidos.
Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) sostiene que el 16% de jubilados no puede completar sus tratamientos farmacológicos debido a su elevado coste, y esto en un momento en el que las pensiones mantienen en pie a 4 de cada 10 familias en España.
Por otro lado, Médicos del Mundo recuerda que los enfermos de hepatitis C, artritis reumatoide o determinados tumores, a partir del 1 de octubre, van a tener que desembolsar el 10% del coste de sus tratamiento en las farmacias hospitalarias. Esto afectará a pacientes con enfermedades crónicas que ya consumen otros medicamentos sometidos a copagos y que en muchos casos tienen ingresos reducidos.
Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) sostiene que el 16% de jubilados no puede completar sus tratamientos farmacológicos debido a su elevado coste, y esto en un momento en el que las pensiones mantienen en pie a 4 de cada 10 familias en España.
LaMarea.com
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