El médico Miguel Montes trabaja ahora por la dignidad de los pacientes desde la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente. Foto: P. P. R.
Hablar del derecho a morir dignamente en España nos obliga a retroceder en el tiempo ocho años, cuando en la primavera de 2005 estalló el llamado 'Caso Lamela', cuando el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Santiago Lamela, sembró la duda sobre las malas praxis de 15 médicos del Hospital Severo Ochoa de Leganés acusados de haber practicado sedaciones supuestamente irregulares, que la justicia finalmente desveló que no existieron.
Entre los señalados se encontraba el entonces jefe de Urgencias del Hospital, Luis Montes, y actual presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente. Montes, lejos de amedrentarse tras una campaña mediática de acoso y derribo, como asegura, continúa defendiendo con la misma intensidad el derecho de todo ciudadano a una muerte digna, no sólo luchando por unos cuidados paliativos de calidad y universales, sino también reivindicando el derecho a disponer de nuestra vida, mediante la legalización de la eutanasia.
Cuando la medicina activa fracasa
El debate sobre la eutanasia debería versar únicamente sobre la disponibilidad de la propia vida, comenta Luis Montes. "Penalizar la disponibilidad de la propia vida en unas circunstancias en las que la persona requiere la ayuda de un profesional de la salud, porque se encuentra en una situación de enorme vulnerabilidad y sufrimiento a consecuencia de la enfermedad, es una contradicción y una imposición inaceptable en una sociedad democrática cuyo fundamento es la libertad del individuo".
En el marco jurídico español existen dos leyes fundamentales al respecto. Una es la Ley de autonomía del paciente, Ley de 2002, y la otra es el código penal. La primera es una ley que regula el derecho del paciente a rechazar tratamientos y limitar el refuerzo terapéutico, lo que se conoce como eutanasia pasiva. Esta ley da la posibilidad de un tratamiento de los síntomas en el fracaso de la medicina activa. Profundiza en los derechos individuales, regulando el testamento vital, documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas, es decir, dejar por escrito instrucciones sobre cómo se desea ser cuidado en caso de que a consecuencia de la enfermedad no pueda expresar su voluntad.
La eutanasia indirecta sí que está considerada por ley como buena práctica médica
"Por lo demás", continúa Montes, "en nuestro código penal el suicidio no es un delito. El delito es la inducción y colaboración necesaria para el suicidio. Con ello, una conducta eutanásica punible sería que yo te induzca a ti a que te suicides y sea efectivo, y que además colabore de una forma activa a que tú te mueras. El delito lo cometo yo. Las demás prácticas eutanásicas no son delito".
Montes se refiere al final de la vida, los cuidados paliativos y la muerte tranquila. En este sentido, aclara lo que sí son consideradas por ley buenas prácticas médicas, como el tratamiento de los síntomas de los enfermos en la agonía, también llamado eutanasia indirecta: "el que tú estés en la UVI, con un tratamiento fútil y desproporcionado, y que dispongas de ventilación mecánica y una alimentación forzada por sonda nasogástrica. Y que, tras dos meses en esa situación, presentes todos los síntomas para no mejorar. El que yo como médico proceda contigo a una retirada de las medidas extraordinarias que se han adoptado contigo hasta llegar a un diagnóstico claro de terminalidad, el no iniciarlas o retirarlas una vez puestas (eutanasia pasiva), no es delito".
La avanzadilla de ciertas comunidades autónomas
A falta de una ley de muerte a petición para "asegurar que la vida es un derecho y no una obligación", sí es cierto que leyes como la Ley de Derechos y Garantías de los pacientes ante el Proceso de la Muerte o ley de Muerte Digna de Andalucía, Aragón y Navarra, han empezado a mover el tema y han logrado que el colectivo médico que ejerce cuidados paliativos actualmente se encuentre más respaldado.
"Sigo pensando que en este país te mueres bien o mal dependiendo del médico que te toque"
Aún así, Montes considera que, como en muchos ámbitos, si no tienes "padrino" tu situación puede variar mucho. "Sigo pensando que en este país te mueres bien o mal dependiendo del médico que te toque". Las comunidades autónomas no tienen competencias para cambiar un ordenamiento jurídico, por ello a través de esas leyes lo que hacen es garantizan derechos de lo que el marco jurídico dice que es buena práctica. "Yo en Andalucía puedo solicitar morir dormido. En Madrid no existe esa ley, depende del médico que te toque".
Ramón Sampedro abrió el debate en España sobre la eutanasia.
Libre de ya culpa, el que fuera cesado por el Gobierno de Esperanza Aguirre de su cargo por unas supuestas sedaciones irregulares, afirma que vienen tiempos duros. "En nuestro país no hay una ley de universalización de cuidados paliativos. Al no existir como especialidad, los recortes pueden llegar a afectar al servicio. Igual que se han quedado 800.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria", afirma.
Mapa mundial de la eutanasia
Actualmente, países como Bélgica, Holanda o Suiza, entre otros, disponen de una ley que regula la eutanasia. En Bélgica, por ejemplo, no existe un sistema universal público. La mayor organización de servicios médicos es Cáritas, comenta Luis Montes. Es ésta, a través de los más de 50 de hospitales, residencias médicas hospitalizadas y otros centros que gestiona, la que practica la eutanasia.
En el lado opuesto está Holanda, caso que tomaría como modelo el doctor, y donde es el sistema público y laico quien hace cumplir la ley de muerte a petición. Por otra parte, encontramos la regulación suiza, donde se penaliza la eutanasia activa y se permite la asistida. "En el primer caso, A da la muerte en una acción directa a B. En el segundo, A procura los medios para que B se dé muerte".
Precisamente las diferencias entre unos países y otros han hecho que aparezca un concepto "terrible": el turismo eutanásico. Básicamente, desplazarse a otro país para poder morir en paz: "Es horrible que al final sea la familia la que coja al enfermo; lo saque en silla de ruedas de casa; lo meta en el coche; lo lleve al aeropuerto; lo ayude a bajar; alquilen coche en Suiza; lo lleven a la clínica y le den el vaso para que se suicide. Y luego, al volver a su país, a esa misma familia se le puedan abrir diligencias previas porque ha cometido un delito".
Para el presidente Federal de Derecho a Morir Dignamente, en España la ideología dominante tiene una opinión muy clara: "una sociedad formada por ciudadanos que se puedan suicidar y disponer de su propia vida es una sociedad ingobernable para ellos. Les interesa tener súbditos".
Las diferencias entre unos países y otros han hecho que aparezca un concepto "terrible": el turismo eutanásico
"Morimos 400 mil ciudadanos al año. Por enfermedades terminales serán unos 200-250 mil muertes. Si entre el 1% y el 2% de los médicos, según indica la organización médica colegial, atiende peticiones de ayuda, yo creo que, al menos, se practican 4.000 o 5.000 eutanasias activas clandestinas en este país. Hay unos cuantos privilegiados que se mueren bien en este país. Los demás, de puta pena".
Por ello, considera que es necesario insistir en hacer pedagogía de este derecho. "Hay un pacto de silencio con la muerte y esto está dentro de nuestra cultura. Planificarte qué cuidados quieres al final de tu vida, haciendo por ejemplo el testamento vital, es empezar ya a hablar de la muerte".
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