Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca piden que se extienda al resto de Comunidades Autónomas.
El gobierno de coalición Psoe-A e Izquierda Unida ha mostrado que hay herramientas y posibilidades de legislar en favor de los ciudadanos/as.
Las medidas consisten en permitir que las viviendas que los bancos subasten y pertenezcan a familias con un perfil de necesidad social determinado, queden en posesión de sus actuales habitantes (la familia), por un plazo de tres años, al menos. Pasado dicho plazo, e indemnizado adecuadamente el nuevo propietario por la Junta de Andalucia, la vivienda volverá a su propiedad, porque la expropiación sólo será de uso.
Realmente lo que se busca es dotar de una herramienta de negociaicón a las familias frente a la banca y frenar las subastas ¿qué banco va a seguir hasta subasta si sabe que de inmediato va a tener que seguir cediendo la vivienda a la familia que la habita?. Se trata de familias que cumplan los requisitos de necesidad explicitados en el decreto que se publicará el jueves. Por esta vía los propios bancos aceptarán el alquiler social de la vivienda que piden las Plataformas de Afectados por la Hipoteca en su ILP.
Ni las segundas residencias, ni las viviendas cuya propiedad sea privada serán afectadas, porque el decreto se dirige explicitamente frente a entidades financieras y grandes empresas que se dediquen a la explotación de viviendas.
El gobierno de coalición Psoe-A e Izquierda Unida ha mostrado que hay herramientas y posibilidades de legislar en favor de los ciudadanos/as.
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| Elena Cortes y el portavoz del ejecutivo Miguel Angel Vazquez |
Realmente lo que se busca es dotar de una herramienta de negociaicón a las familias frente a la banca y frenar las subastas ¿qué banco va a seguir hasta subasta si sabe que de inmediato va a tener que seguir cediendo la vivienda a la familia que la habita?. Se trata de familias que cumplan los requisitos de necesidad explicitados en el decreto que se publicará el jueves. Por esta vía los propios bancos aceptarán el alquiler social de la vivienda que piden las Plataformas de Afectados por la Hipoteca en su ILP.
Ni las segundas residencias, ni las viviendas cuya propiedad sea privada serán afectadas, porque el decreto se dirige explicitamente frente a entidades financieras y grandes empresas que se dediquen a la explotación de viviendas.
La nueva norma incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy
graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de
gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva
residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de
habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con
destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas
por ley, casos en los que la penalización puede alcanzar los 9.000
euros, y cuya recaudación se destinará al patrimonio público de suelo de
la Junta.
Con esto el gobierno andalúz consagra la vivienda como lo que es como un Derecho Humano y no como sun simple bien especulativo y da respuesta a una situación de evidente emergencia social, económica y
habitacional. El decreto marca la diferencia con la actuación del gobierno de Mariano Rajoy porque se situa en la defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas.
La Consejera de Fomento y Vivienda (IU) Elena Cortés ha declarado que el decreto se hacia necesario porque en Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, y desde 2007 se han producido unos 86.000 desahucios, según destacó la consejera, que ha enfatizado: "Hoy, en Andalucía, decimos ¡basta! y defendemos la vivienda como un derecho humano". y porque "cabe reseñar que la política en materia de vivienda ha dado un giro radical.
Respecto a la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional destacan que el afectado tenga en la vivienda hipotecada la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar exclusión social y que las condiciones económicas de los afectados suponga un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido.
El Decreto-Ley avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto países con legislaciones que defienden con muchas más garantías el derecho a la vivienda, caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda.
En este momento en que la polémica por la negativa del PP en el gobierno del Estado, con el presidente Rajoy a la cabeza se niega a legislar en favor de la sociedad y sigue su camino de fortalecer a la banca, aún en contra de la opinión de la mayoriá de los ciudadanos que se sienten muy cerca de las propustas de las PAH.
Respecto a la opción que plantea el decreto ley de que se expropie el uso de las viviendas embargadas a personas en riesgo de exclusión social, José Antonio Griñán ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ya en 1987 reconoció que "el derecho a la propiedad tiene una función social y no es un derecho ilimitado".
"Estamos hablando de cuando se producen ejecuciones hipotecarias en familias con situaciones cercanas a la exclusión social", ha dicho José Antonio Griñán, quien ha indicado que en casos que cumplan esas características se haría una "expropiación de uso" para que la familia tuviera un "derecho de arrendamiento" sobre la vivienda.
Este decreto ley "es un primer paso que no será el último" del Gobierno andaluz para luchar "contra la exclusión social y las consecuencias de la crisis".
En este sentido, Griñán ha anunciado que "próximamente el Gobierno andaluz tomará más decisiones en este sentido", porque los índices de desempleo y de endeudamiento de las familias están provocando "una nueva forma de marginación que entre todos debemos afrontar".
Con esto el gobierno andalúz consagra la vivienda como lo que es como un Derecho Humano y no como sun simple bien especulativo y da respuesta a una situación de evidente emergencia social, económica y
habitacional. El decreto marca la diferencia con la actuación del gobierno de Mariano Rajoy porque se situa en la defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas.
La Consejera de Fomento y Vivienda (IU) Elena Cortés ha declarado que el decreto se hacia necesario porque en Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, y desde 2007 se han producido unos 86.000 desahucios, según destacó la consejera, que ha enfatizado: "Hoy, en Andalucía, decimos ¡basta! y defendemos la vivienda como un derecho humano". y porque "cabe reseñar que la política en materia de vivienda ha dado un giro radical.
Respecto a la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional destacan que el afectado tenga en la vivienda hipotecada la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar exclusión social y que las condiciones económicas de los afectados suponga un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido.
El Decreto-Ley avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto países con legislaciones que defienden con muchas más garantías el derecho a la vivienda, caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda.
En este momento en que la polémica por la negativa del PP en el gobierno del Estado, con el presidente Rajoy a la cabeza se niega a legislar en favor de la sociedad y sigue su camino de fortalecer a la banca, aún en contra de la opinión de la mayoriá de los ciudadanos que se sienten muy cerca de las propustas de las PAH.
Respecto a la opción que plantea el decreto ley de que se expropie el uso de las viviendas embargadas a personas en riesgo de exclusión social, José Antonio Griñán ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ya en 1987 reconoció que "el derecho a la propiedad tiene una función social y no es un derecho ilimitado".
"Estamos hablando de cuando se producen ejecuciones hipotecarias en familias con situaciones cercanas a la exclusión social", ha dicho José Antonio Griñán, quien ha indicado que en casos que cumplan esas características se haría una "expropiación de uso" para que la familia tuviera un "derecho de arrendamiento" sobre la vivienda.
Este decreto ley "es un primer paso que no será el último" del Gobierno andaluz para luchar "contra la exclusión social y las consecuencias de la crisis".
En este sentido, Griñán ha anunciado que "próximamente el Gobierno andaluz tomará más decisiones en este sentido", porque los índices de desempleo y de endeudamiento de las familias están provocando "una nueva forma de marginación que entre todos debemos afrontar".
PD Añadimos el enlace la publicación hoy 11 de abril de 2013
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