El Consell Juridic, del que forma parte Camps decidirá sobre la fianza de 170.000 € para San Antonio

El Alcalde ha tenido el expediente paralizado desde noviembre del 2011, en que la Intervención informó la necesidad de incautar la fianza o parte de ella y sin resolver durante más de un año. Según hemos podido saber la empresa concesionaria ya había solicitado al alcalde de San Antonio, Eugenio Cañizares y por escrito, en octubre de 2011 la rescisión del contrato. Según la empresa concesionaria, hubo de reiterar el escrito un año después en octubre del 2012, porque el alcalde, ante el informe de Intervención mantiene el expediente paralizado sin resolver y es en el mes de marzo de este año 2013, cuando se solicita al Secretario que realice otro informe, que es contrario a la incautación. De haber reaccionado a tiempo y haber intimado a la empresa por el tiempo transcurrido hasta ese momento, ahora San Antonio tendría muchas más razones para poder obtener una indemnización de daños y perjuicios por este asunto. O, al menos, las multas y penalizaciones por el retraso de la obra estarian aseguradas. Cierto que la cuantía es importante, pero parece más razón para que se acelerara el expediente.

Se trata de la rescisión del contrato sobre el deportivo privado de San Vicente- una parcela entregada por 40 años a una empresa a cambio de que construyera un deportivo privado- y es cuestión de resolver si los " 170.781 euros", o parte de ellos deben quedarse en manos del Ayuntamiento ante la rescisión del contrato, en concepto de incumplimiento o de daños y perjuicios. Mientras esto se resuelve, no ha quedado claro si se ha rescindido o no el contrato,. Es como si el alcalde quisiera alargar esta agonia administrativa incapaz de recuperar para el municipio una parcela municipal.

San Antonio deberá centrarse en las ruinas abandonadas

Lo cierto es que San Antonio se queda sin deportivo, aunque fuera privado, después de casi cuatro años de tener en sus manos la empresa la parcela lo que al menos merece una compensación, ya que la sociedad entró en la licitación en el año 2009, firmando en el 2010, es decir bien entrada la crisis económica y consciente ya de la situación. Argumentos que, al parecer de la Interventora y de muchos de los mortales parecen razonables, mientras que según el otro técnico el Secretario, la crisis, a pesar de estar ya bien entrada, es un argumento fundamental.

Elevar la discrepancia al Consell Juridic Consultiu de la Generalitat Valenciana, del que forma parte Camps por haber sido President, es lo que ha acordado el Pleno de San Antonio, ante los dos informes contradictorios y "enfrentados" de la Interventora municipal y del Secretario del Ayuntamiento. En el primer caso favorable a a la incautación de la fianza por entender que se había incumplido el contrato y en el segundo caso, contrario a la incautación de la fianza por entender que la crsis económica ha impedido la financiación.

En cualquieir caso, el debate técnico-jurídico excede por ahora las competencias del Pleno, que se ha limitado a enviarlo al Cosnell Juridic Consultiu ante la discrepancia técnica. En el Consell Juridic Consultiu es miembro "nato" por decisión del Parlamento Valenciano el anterior President Francisco Camps quien ocupa dicho puesto y recibe las prebendas correspondientes como componente "nato" del mismo.

San Antonio tendrá que centrarse ahora en terminar, de una forma u otra, el primer polideportivo planificado cuyas ruinas (en la foto) se encuentran en la calle 8 de abril, al lado del Colegio, y que se encuentra paralizado más de 8 años y en el estado que puede verse en la foto y acelerar la recuperación para el patrimonio municipal de la parcela que cedió por 40 años en la zona de San Vicente.

Camps tendrá ahora la oportunidad de intervenir en un asunto de San Antonio y favorecer, o no a las arcas municipales por el tiempo en que ha estado paralizado por la empresa concesionaria sin realizar ningún trabajo y la parcela secuestrada. Es cuestión de ver si Camps y el Consell arreglan el desaguisado de Cañizares o todo sigue el plan 'previsto' y fuera de todo procedimiento administrativo sigue dando plazo a una empresa interesada más en evitar que se le incaute la fianza que en construir el nuevo deportivo.