La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local puede acabar con lo que queda de la Ley de la Dependencia

'Actualmente se vive una etapa de retroceso y demolición de la ley'

La pasada semana el Observatorio Estatal para la Dependencia presentaba  la valoración de los últimos seis meses de aplicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Según los datos con que cuentan, se ha pasado a una fase no ya de estancamiento, sino de involución y demolición en lo que a estas personas y sus familias se refiere, especialmente tras la aplicación de las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. 

 

El final puede ser la prohibición a los Ayuntamientos para que atiendan las llamadas competencias impropias, es decir aquellas que no vienen expresamente en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, con ello el sistema cambiará los llamados Servicios Sociales con el antiguo concepto, que creíamos superado de "Beneficencia".

En el informe se describen Seis Fases y la actual es la de demolición. En las diferentes fases se ve siempre a la CC.AA Valenciana entre los últimos lugares de propuestas hechas, el filtro que realiza la Comunidad es tal que apenas propone beneficiarios para la Ley.

Los 6 años de la Ley: sus fases
1ª.- Fase de inicio y desconcierto: Transcurre desde la aprobación de la Ley (diciembre 2006) hasta un año después, y se produce como consecuencia de su complejo desarrollo en cuanto a procedimientos, la diversidad de Administraciones implicadas y el complicado anclaje del nuevo Sistema en las estructuras del Sistema de Servicios Sociales.

2ª.- Fase de consolidación y expansión: Transcurre desde inicios del 2009 hasta finales de 2010, el desarrollo del SAAD en cuanto a volumen de gestión (solicitudes, valoraciones, PIAs,…) es frenético y dinámico. Más de 735.000 beneficiarios reciben una prestación o servicio en virtud de la Ley.

3ª.- Fase de ralentización y estancamiento: Se inicia en mayo de 2011 con las elecciones autonómicas, el  SAAD sufre una ralentización o estancamiento en el ritmo de solicitudes, valoraciones y beneficiarios. Durante el año 2011 apenas se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios y disminuyen el número de los denominados “grandes dependientes”.

4ª.- Fase de retroceso y demolición: Se inicia con el mandato de Rajoy con los primeros recortes de derechos y de presupuesto, y se agudiza con el Real Decreto-ley 20/2012, que supone la práctica destrucción del SAAD y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias. En los últimos meses del año ya no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, los recortes en el presupuesto se llevan a cabo en base a los fallecimientos, se amplían los plazos para recibir atención (2 años y medio) y se recortan prestaciones (15%) y presupuesto ( 850 millones de euros anuales).

El secreto del deterioro en el año de Rajoy está en la presión ejercida a las CC.AA para que rebajen su déficit, en procentajes muy por encima de los que lo hace el Estado y en la no extensión del periodo de gracia que la Troika ha aceptado para el Estado (ampliación en años) que no ha sido estendido a las CC.AA. El resultado es que las Comunidades Autónomas que son las que tienen que mantener la Dependencia y asimismo la Enseñanza y la Sanidad, han procedido a deteriorar estos servicios básicos del Estado del Beinestar. El Plan no puede ser más claro y malintencionado.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Generentes de los Servicios Sociales explicaba ante los medios que en los seis años desde la aprobación de la ley, se han podido vivir esas diferentes fases, siendo la actual la de retroceso y demolición de la misma. "En los últimos meses de 2012 ya no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, los recortes en el presupuesto se llevan a cabo en base a los fallecimientos, se amplían los plazos para recibir atención (dos años y medio) y se recortan prestaciones (un 15%) y presupuesto (850 millones de euros anuales)", expuso.

El informe que se presentó puede bajarse aquí.  y entre otras valoraciones contiene a siguiente:

A finales de diciembre de 2012 son 230.203 personas que están en el “limbo de la dependencia” lo que supone el 23% de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. El resultado no parece tan malo en el gráfico anterior, ya que se aprecia un continuado descenso de este Limbo o desatención desde diciembre de 2010; pero ello sólo es producto de un “espejismo estadístico” producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015, lo que hace que aquellas personas en situación de dependencia valoradas con grado I, que les otorgaba el derecho a ser atendidos, a partir del

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, salieron del “Limbo de la Dependencia” al perder el derecho a ser atendidos; además de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo.

Como ocurre en casi todos los demás aspectos que venimos analizando, el Limbo de la Dependencia varía mucho de unas Comunidades a otras. Las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. A contrario sensu hay Comunidades en las que el porcentaje del Limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal: Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia (37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).