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| Foto: B. Jiménez. |
10.30 horas del 12 de noviembre de 2012. En la calle Padre Viñas, en el barrio valenciano de Orriols, se concentra más de un centenar de personas y muchos medios de comunicación. Hacía semanas que no se ejecutaba un desahucio en Valencia ciudad y el aviso ha coincidido con la inclusión del tema en la agenda política. En el segundo piso del número 58, Juan y Engracia atienden a los periodistas que se agolpan para conocer su historia.
Los dos son cordobeses, y llevan diez años viviendo en Valencia. Él tiene 37 años, ella 32, y la hija de ambos cinco. Hace un lustro compraron el piso del que ahora están a punto de ser desahuciados. Juan es albañil y su mujer trabajaba como camarera de habitaciones en un hotel; decidieron comprar una vivienda, nada por encima de sus posibilidades, un piso de 80 metros cuadrados, de más de 40 años, en un barrio obrero. El precio de la vivienda fue de 180.000 euros.
La CAM, el banco que les concedió el préstamo, les dio algunos miles de euros más para que pudieran adquirir muebles y pagar los gastos derivados de la compra. La mensualidad ascendía a 780 euros pero, según cuentan, les explicaron que el tipo de interés era variable y que no debían preocuparse puesto que la cuota iría bajando. Sin embargo, las previsiones de la entidad no se cumplieron, la cuota fue ascendiendo progresivamente hasta llegar a los 1.006 euros mensuales.
Del desempleo al aviso de desahucio
Juan y Engracia siguieron pagando, recortando de otras partidas y adaptando su economía familiar a la nueva situación. Hasta que llegó la crisis y ambos se quedaron sin empleo. Con la prestación siguieron haciendo frente a la hipoteca, en una situación cada vez más desesperada. Hace poco más de un año, cuando se acabó la prestación y empezaron a cobrar el subsidio, de 426 euros, fue imposible seguir haciendo frente a los pagos.
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| CAM, con quien tienen la deuda Juan y Engracia, es uno de los bancos que más desahucios ha ejecutado en los últimos meses. Foto: B. J. |
Con la ayuda de la PAH
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) contactó con ellos y les ha prestado asesoramiento técnico y apoyo. Además de difundir su caso y movilizar a la gente para intentar paralizar el desahucio. Media hora antes de la convocatoria oficial, Juan y Engracia no pueden evitar llorar al ver el apoyo recibido. Son amables con los medios y prudentes, no quieren acusar a nadie: “el banco se portó bien con nosotros mientras pagamos, pero ahora…”.
Entrar en su casa es sentir la desolación en primera persona. El piso está vació. Sólo queda un dibujo de su hija colgado en un pared. Los muebles están en un guardamuebles. No tienen dónde ir, pero saben que si el juzgado ejecuta el desahucio perderán todo lo que quede dentro. Hacia las 12 horas las sospechas se confirman: el Juzgado ha paralizado el desahucio. La presión social y mediática ha salvado a Juan y Engracia, de momento. Ambos dan las gracias desde el balcón de su casa. En la calle hay ya más de 200 personas que al grito de “sí se puede” celebran esta pequeña victoria.
En busca de la solución definitiva
La historia de hoy tiene un final feliz, pero no definitivo. Juan, Engracia y las miles de personas sobre las que pesa una orden de desahucio seguirán pendientes de las decisiones que planteen los bancos y de la determinación de los políticos. Pero la lucha social y las reivindicaciones populares han hecho visible un problema que, hasta hace unas semanas, sólo era noticia en canales de información alternativos. Los afectados confían en que la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada desde la PAH y que incluye la dación en pago, acabe por anteponer las personas a los bancos, y la cooperación al ánimo de lucro.Autor: BEATRIZ JIMÉNEZ
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