Un puñado de expertos, sindicalistas y políticos defendieron este viernes en un evento en el Congreso de los Diputados que elevar la participación de los trabajadores en el capital y la gestión las empresas sería positivo en términos de eficiencia económica, estabilidad del empleo o reducción de la desigualdad. La jornada 'Democracia en la empresa', convocada por la Plataforma por la Democracia Económica y los partidos que convergen en el grupo parlamentario Unidas Podemos, dio continuidad a la propuesta de la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de principios de mayo y representó en formato físico el libro '¿Una empresa de todos?', recién publicado por Catarata.

A perseguir la participación de los trabajadores en el gobierno corporativo se le puede dar tres enfoques. Uno político, que tiene que ver con aumentar la democracia en la sociedad, que en "la Transición se quedó en las puertas de los centros de trabajo", como denunciaba Marcelino Camacho, histórico secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). Otro de equidad, puesto que implica que los trabajadores acceden al reparto de los beneficios (dividendos), por lo que mejora la redistribución de la riqueza (y se podría mitigar el impacto de la inflación). Y por último, un enfoque económico, concretamente de eficiencia económica.

España tiene un déficit de productividad respecto a la media de la eurozona y, sobre todo, frente a Alemania o Suecia, donde existen desarrollados mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas, tanto en el capital como en la gestión. "En 2020, la productividad media de la economía de nuestro país fue un 22% inferior a la francesa y la alemana y un 26% inferior a la sueca, sin señales claras de convergencia", destacaron en la jornada los economistas Emilio Huerta (Universidad Pública de Navarra) y Vicente Salas, en base al Producto Interior Bruto (PIB) por hora trabajada.

Las razones de este déficit son múltiples, desde la especialización en actividades poco productivas como el turismo, pasando por desacertadas políticas públicas (o por su ausencia), hasta la menor democracia en las empresas.

"La clave de la productividad en el mundo desarrollado [volcado en el sector servicios] está en los activos intangibles", continuó Vicente Salas, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Entre esos activos intangibles se encuentran las marcas, la innovación, la digitalización, la formación... y la participación de los trabajadores de las empresas "en la capacidad para funcionar como una verdadera organización".

Si los trabajadores ganan peso en los procesos de diseño de las estrategias corporativas y también en los resultados (en el reparto de los beneficios), como ocurre en los países del norte de Europa según diferentes modelos, la eficiencia económica crece, al aumentar el compromiso, la estabilidad del empleo, la transparencia o, incluso, la confianza entre empresa y trabajador, según se observa en distintos estudios que relacionan el grado de participación respecto a la productividad.

"La empresa con primacía de los accionistas (financiadores del capital) se ha demostrado efectiva en una época de desarrollo económico donde el recurso estratégico importante fue el capital tangible (máquinas, edificios...). La progresiva relevancia de los activos intangibles (diseño, reputación, innovación, compromiso de las personas...) en el stock del capital productivo de las empresas más competitivas y su relación con el capital humano justifican el desarrollo de otras formas de gobierno empresarial para asegurar la acumulación de esos activos intangibles", explicó Vicente Salas.

En ese mismo sentido, Jone Nolte, presidenta de Laborpar (Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de España) incidió en la importancia "de retener el talento, de crear empleo estable y de calidad y de alinear al trabajador y a la empresa".

Los modelos para aumentar la democracia corporativa, ya sea desde el punto de vista de la cogestión o de la entrada en el capital, son múltiples, y algunos existen y están regulados en España, como la creación de cooperativas, las sociedades laborales o el derecho de los trabajadores a sentarse en los consejos de administración de las empresas públicas (como ocurre en Adif o en Navantia). En este último caso, la representación, al ser minoritaria, es incapaz de bloquear decisiones pese a tener derecho a voto. Y, al mismo tiempo, tampoco las plantillas participan de los resultados.

"¿Por qué no avanza la democracia en las empresas? Porque influiría en el reparto de los beneficios, y los accionistas se niegan a ceder parte de las ganancias a pesar de perder la oportunidad de crear riqueza neta", concluyó Vicente Salas.

Existen excepciones en España donde los trabajadores han entrado en el capital de la empresa y cobran los dividendos. Félix Vicente, sindicalista de CCOO en CAF, relató la experiencia en el fabricante de trenes y material ferroviario (uno de los líderes mundiales). "Al principio de la década de los 90, la empresa no apostaba por la internacionalización, y existía la amenaza de que entraran inversores especulativos, inversiones no productivas, en el capital, lo que generó una preocupación entre los sindicatos y también en el Gobierno vasco", recordó.

Ante esta situación, y tras producirse un cambio en la dirección, esta aprovechó la negociación del nuevo convenio para incluir una propuesta: "Un plan de participación que consistía en una cartera social, una sociedad de inversión que compraría acciones de la compañía que voluntariamente podrían adquirir los trabajadores con contrato indefinido".

Las secciones sindicales de ELA-STV, LAB, UGT y CCOO en la empresa aceptaron la propuesta, y de un 18% del capital con el que partieron inicialmente, los trabajadores adheridos a este plan tienen ahora un 24% (entre 3.400 empleados en total). De esta manera, CAF y el Gobierno vasco (que en este caso y en otros también ha entrado con participaciones públicas) han evitado inversiones especulativas que intentaran deslocalizar la producción y la plantilla tiene la posibilidad de participar de los beneficios. Aunque no se han conseguido asientos en el consejo de administración, lamenta Félix Vicente.

Unidas Podemos