La comisión depurará las posibles responsabilidades políticas
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria creará una comisión de investigación que se encargará de dilucidar las posibles responsabilidades políticas derivadas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que ha obligado a las arcas públicas a pagar un total de 3’4 millones de euros por la ocupación de alrededor 58.000 metros cuadrados en la denominada zona de les Paretotes.
La creación de la futura comisión municipal de investigación –a instancias de Esquerra Unida- se debatió en la misma sesión plenaria de julio en la que se aprobó, también, el último de los pagos económicos a la familia propietaria de los terrenos de les Paretotes. A los 879.000 euros del primer pago abonado en diciembre del año 2015 cabe añadir los restantes 2’5 millones de euros más los cerca de 860.000 euros correspondientes a los intereses, según el fallo judicial.
La comisión municipal de investigación estará compuesta por todos los partidos políticos con representación en el pleno que se encargará a lo largo de las correspondientes sesiones las posibles responsabilidades políticas relacionadas con el desembolso de 3’4 millones de euros por la ocupación de los terrenos en la urbanización de Montealcedo de Riba-roja.
Una de las principales incógnitas que deberá dilucidar la citada comisión será investigar las conductas del equipo de gobierno del PP en el año 2010 que ignoró y respondió con el silencio ante la petición de los propietarios de la parcela ocupada durante los años 70 consistente en la apertura de un expediente de justiprecio entre ambas partes para pactar un precio económico.
Las responsabilidades políticas que se concluyan en la comisión de investigación será la principal tarea de este organismo mientras que si en el transcurso de la misma se percibiesen o detectasen presuntas conductas delictivas o con una responsabilidad penal se pondría en conocimiento inmediato de las instancias judiciales correspondientes.
Los 58.000 metros cuadrados de terrenos ubicados en la conocida urbanización de Montealcedo estaban destinados a convertirse en una zona verde en un futuro para los residentes de esta área del término de Riba-roja aunque en aquella época nunca se llegó a ningún tipo de convenio entre los propietarios y la familia hasta que ésta última decidió reclamar al ayuntamiento en el año 2010, incluso con la expropiación al amparo de la ley urbanística de 2005 impulsada y aprobada por el PP en las Cortes Valencianas.
De hecho, la sentencia del TSJ recuerda que "las razones o chapuzas que se hicieron en los años 70 no interesan en este momento, el hecho cierto es que han quedado dos bolsas de suelo urbano que ni se han expropiado ni han sido adscritas a ningún plan parcial o urbanización, cierto que es una anomalía pero la responsable no es la solicitante de la expropiación; no se debió permitir la ejecución de las urbanizaciones sin incluir la zona verde que se debió obtener asignando aprovechamiento a los propietarios o mediante expropiación cargo a los propietarios de la urbanización".
Finalmente, los propietarios presentaron una hoja de aprecio al Ayuntamiento de Riba-roja por un montante de 6’7 millones de euros –rechazada por el Partido Popular en el pleno municipal- mediante la expropiación de los mismos. El fallo judicial determinó que el consistorio debía indemnizar con los referidos 3’4 millones de euros a la familia, más los intereses ocasionados.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha afirmado que esta comisión de investigación “es esencial para que se puedan fijar con absoluta justicia y equidad las posibles responsabilidades políticas en las que pudieron incurrir los políticos entre los año 2010 y 2014 ya que no se llegó a ningún acuerdo entre el ayuntamiento ni los propietarios que podrían haber ahorrado una cantidad importante a nuestras arcas”.
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