Sus actuaciones durante la etapa en la que era el máximo responsable de esta entidad y Juan Cotino se encontraba al frente del consejo de administración de Vaersa en calidad de conseller de Medio Ambiente.
La sentencia dictada por conformidad (acuerdo del propio acusado), dictada el mismo día del juicio, fruto de un acuerdo entre el acusado, la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat Valenciana.
El Juzgado lo Penal número 11 de Valencia ha condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a Enrique Espinosa, exdirector de la empresa pública Vaersa, por las irregularidades cometidas en la compra de 67 vehículos todoterreno vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público.
Espinosa fue director general de Vaersa entre 2007 y 2011. La sentencia considera probado que autorizó la compra de los vehículos a sabiendas de que estaba actuando al margen de la legalidad tanto en la forma en que se hizo la contratación (sin iniciar el correspondiente expediente administrativo y sin someterlo a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y confidencialidad) como en el fraccionamiento final de los contratos para eludir el control de otros departamentos de la sociedad.
Denunció la CGT
La Fiscalía Anticorrupción inició en marzo de 2014 una investigación tras la denuncia de la Confederación General de Trabajo (CGT) tras detectar la Síndic de Comptes irregularidades. Según confirma ahora la juez, esta compra se realizó sin licitación pública pese a que por su cuantía debió incluso publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, vulnerando así la ley de Contratos del Sector Público.
Además, Espinosa adquirió los todoterrenos no solo a sabiendas de que estaba actuando al margen de la legalidad en la forma en que se hizo la contratación (sin iniciar el correspondiente expediente administrativo y sin someterlo a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y confidencialidad) sino también en el fraccionamiento final de los contratos para eludir el control de otros departamentos de la sociedad pública.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) entre 2006 y 2011 se troceó el pasado mes de noviembre en tres piezas para «agilizar la investigación». La pieza principal es la que denunció también el sindicato CGT sobre el pago de dos millones de euros a 59 directivos y personal de confianza de Vaersa desde 2006 hasta 2011, sin contar con la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda. Estos trabajadores vieron mejorar su nómina en 2010 a una media de 8.800 euros por cabeza al año. Por estos hechos se decidió imputar a los ex directores Espinosa y Enrique Simó, además de la directora de Recursos Humanos, Ana Bayarri.
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