¿Camina España hacia el Estado fallido?

El término se usa para países que en los que el Gobierno no puede hacerse cargo ni de ejercer el monopolio de la fuerza. Sin embargo, en la España de la crisis en la que el Estado del Bienestar empieza a pasar a un segundo plano, comienzan las dudas a medida que la pobreza y la exclusión social siguen aumentando.

No hay una definición tipo para explicar qué es un estado fallido. Periodistas y analistas políticos han usado el término tradicionalmente para calificar a zonas en las que un Gobierno no puede asegurar cuestiones básicas de la organización de un país como el control del territorio, el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, la toma única decisiones, el suministro de servicios básicos o las relaciones de igual a igual con otros países del orden internacional. Leyendo ese listado básico propuesto por la organización Fondo por la Paz, parece complicado que un país como España pueda ser un estado fallido. De hecho, según el último estudio publicado por la revista 'Foreign Policy' sobre este tipo de zonas, España se sitúa en el puesto 153, considerándose una región "estable". Sin embargo, la escalada de recortes y la crudeza de la crisis económica, que se encamina hacia su octavo año en la zona Euro, ha multiplicado las desigualdades.

En España hay cerca de 13 millones de personas que tienen serio riesgo de pobreza, según datos de la Fundación Tomillo, lo que supone un 23% de la población total. Colectivos como los inmigrantes, los parados de larga duración o los emigrantes que pasan más de 90 días fuera de territorio nacional están encontrando dificultades dentro de los sistemas de salud de algunas Comunidades Autónomas. En educación o en seguridad los recursos son cada día menores y los servicios comienzan a precarizarse hasta límites peligrosos para la salud, según denuncian los agentes sociales. El estado del bienestar comienza a dar signos de agotamiento y hay quien comienza a aplicar el concepto de Estado Fallido a países como España, Portugal o Grecia.

El caso griego es el más llamativo de todos los de la Unión Europea. El estado entró en 'shock' tras las consecuencias de los rescates aportados por la 'troika' (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Los servicios sociales públicos entraron en bancarrota y el Estado heleno se vio imposibilitado a seguir pagando salarios a sus policías, médicos, barrenderos, funcionarios de prisiones o administrativos. Tampoco tenía posibles para poder mantener hospitales, medios de comunicación públicos u oficinas de hacienda, por poner un ejemplo. La red asistencial desapareció de un plumazo.

Sin llegar al extremo griego, los datos que se manejan en la España de 2014 son desalentadores. El déficit del conjunto de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos descendió el pasado ejercicio a los datos que el Gobierno se había comprometido a alcanzar. Los municipios cerraron 2013 con un superávit de 7.000 millones de euros, mientras que las Comunidades contuvieron su déficit casi cuatro décimas. Este dinero ahorrado por los distintos escalones de la Administración se traduce en 3.736 millones menos para educación (con la pérdida de más de 40.000 profesores incluida) y 7.000 millones menos para sanidad, sin contar con el copago de ciertos servicios y medicamentos. Datos, que se suman a los 7.267 millones de euros que ya se recortaron en 2012 y que da cuentas del 'lifting' social que ha sufrido el Estado.

Cruzar los datos que presentó Cáritas hace unos meses con estos recortes enseña cómo el Estado está siendo incapaz de salir de su propio callejón sin salida. Según un informe de la organización, más de cinco millones de españoles se encuentran en situación de exclusión social extrema, una cifra casi el doble de la que había antes de que explotara la crisis, y eleva a más de 11 millones el número de las personas que necesitan una ayuda para salir adelante. Situación esta, a la que el Estado no puede hacer frente ni con comedores sociales: la mayoría de ellos son de gestión privada y cuentan con el apoyo de oenegés, fundaciones o patronatos. Comunidades Autónomas como Galicia o La Rioja se han negado a abrir en verano los comedores escolares para asegurar una comida digna al día a miles de niños por falta de presupuesto.

Tras amagar con su supresión al principio de la legislatura, el Gobierno de Rajoy mantuvo la prestación social por desempleo en su reforma laboral, endureciendo los supuestos para poder recibirla. Desde ese momento sólo tienen derecho a ella las familias en las que la suma de todos sus ingresos no superen los 483,98 euros, lo que dejó fuera a un 36% de los parados a los que le correspondía esta ayuda. Para hacer más complicada la coyuntura, 1.978.900 hogares tienen todos sus miembros en paro, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).

La Oficina del Defensor del Paciente denuncia que en 2013 hubieron casi 800 muertes en España por culpa de los recortes, ya sea por no haber recibido la atención médica necesaria o por no haber recibido ninguna, como el caso del joven senegalés que falleció por tuberculosis tras no ser atendido en el Hospital de Inca (Mallorca) al no tener tarjeta sanitaria. En regiones como Castilla-La Mancha, denuncia el Defensor de Paciente, más de 600.000 enfermos superaron los 100 días de espera para poder operarse.

Prácticamente ningún colectivos se salva de los reproches al Gobierno por culpa de las consecuencias de los recortes en su ámbito. Los juzgados de lo social y lo mercantil se encuentran desbordados ante la avalancha de casos relacionados con la crisis y la fata de recursos. Hacienda no tiene medios para combatir a los grandes defraudadores. Policía y Guardia Civil se quejan de graves deficiencias en instalaciones y materiales, mientras organizaciones en defensa de los inmigrantes denuncian el limbo legal de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), a los que el Estado tampoco sabe dar solución.

La respuesta en la calle se traduce en descrédito y deslegitimización de los políticos y de la capacidad del Estado para resolver los problemas de la población. Entre los diez problemas que más preocupan a la sociedad española, según datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se encuentran la corrupción y el fraude (segundo lugar con el 35,7%), los políticos en general (cuarto lugar, 25,6%) y los partidos (3,2%, en el décimo lugar). El descrédito de la clase política no ha parado de crecer desde 2009 y ya en 2012 casi la mitad de los españoles tenía una opinión negativa del funcionamiento de las administraciones públicas.

Movimientos como las plataformas de afectados por la hipoteca o los recortes, así como las decenas de herederos del espíritu del 15M están asumiendo un papel asistencial que antes ejercía la Administración en cualquiera de sus escalones. Los recortes que intentaron salvar el Estado del Bienestar comienzan a acabar con él. Lejos queda la frase de Luis de Guindos recién aterrizado como Ministro de Economía cuando señaló verse "obligado" a subir los impuestos ese mismo año "porque no se habría mantenido a futuro el estado del bienestar" de no haberlo hecho.