Otro golpe al Estado del Bienestar al que la sociedad comienza a organizar la contestación
El camino, visto desde hoy, era una planficación clara que da la razón a los que gritan que 'esto no es una crisis, sino que es una estafa'. El Gobierno asfixia las económias de las Comunidades Autónomas y cuando estas ya no pueden responder de las funciones sociales, porque el gobierno central les obliga con la estabilidad presupuestaria y la falta de traspaso de recursos, tienen que recortar en sanidad, enseñanza y servicios sociales. Entonces, el gobierno de Mariano Rajoy le da el hachazo final al Estado de Bienestar y le quita las competencias sociales a los Ayuntamientos. (El Estado no lo hace, no es su competencia, las Comunidades Autónomas no tienen dinero, los Ayuntamientos - lo hacian- y para que aguanten la presión ciudadana, se les quitan las competencias y se prohibe su realización). La privatización de lo social está hecha. Quien no tenga posibilidiades deberá vivir de la caridad.
El proyecto de Ley fue aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros y dejará a los Ayuntamientos en simples fuentes urbanísticas y en unas máquinas burocráticas cada vez más alejadas de la ciudadania.
Los Ayuntamientos que quieran realizar estas competencias tendrán que obtener la delegación de las Comunidades Autónomas y asimismo, obtener de ellas la financiación para asumirlas.¿De dónde sacarán las Comunidades el presupuesto necesario cuando ahora no pueden pagar la deuda farmaceútica?. Son lo que ahora llaman competencias impropias, pero son las que se encuentran más cercanas al ciudadano. Las subvenciones sociales, las actuaciones de Bienestar Social, etc.
Hay razones contra la ley y coinciden todos los sindicatos y la oposición.
La ley es una forma descarada, según la califican los sindicatos - FSC-CCOO Administración Local , FSP-UGT Autonómica y Local , CSIF Administración Local y FETAP-CGT ( grupos de la oposición, (Izquierda Unida, PSOE, ERC, etc), de darle el golpe final al Estado de Bienestar. Es imposible que unas Comunidades Autónomas sometidas al control y a los límites actuales, incluso a la intervención por medio del FLA y que no paga a provedores, a farmacias, que recorta la sanidad; puedan delegar en Ayuntamientos y cederles lo que no tienen, la aportación económica para mantenerlo, simplemente es un 'insulto a la racionalidad' indican los grupos que ya se organizan en mesas y plataformas para responder.
La ley, prosiguen los grupos organizadores de la contestación, con la denominación de Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Adminsitración Local, es precisamente lo contrario de lo que su titulo evoca.
El proyecto de ley tiene la intención de restringir la autonomía y la democracia participativa local así como eliminar los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias. De hecho el Consejo de Estado ha advertido sobre su constitucionalidad.
La ayuda a la dependencia, servicios sociales, guarderías y apoyo educativo, actividades culturales y deportivas, los centros de información a la mujer o la misma protección a los consumidores se verán suprimidas o reducidas a la mínima expresión.
Las organizaciones sociales ven en este ataque contra la autonomía local la pérdida de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales.
Asimismo, que los servicios se privaticen significará, según los grupos que están levantando la contestación, un aumento en las tarifas y la ausencia de canales de participación y control por parte de la ciudadanía.
Ante este cambio que quieren implantar, desde los grupos de la oposición se considera que otro municipalismo es posible y piden al Gobierno trabajar para defenderlo desde la apuesta por la participación democrática, la defensa de lo público y la eficacia y transparencia de la administración local; pero que no elimine o reduzca los derechos sociales ya alcanzados por la ciudadanía.
Compromiso social, uno de los grupos que empieza a organizar la oposición a esta ley desgrana así sus efectos:
Los objetivos perversos de la reforma local
Cinco serán las consecuencias del actual proyecto de ley de reforma local si se aprueba en las Cortes:
1) Restringir la autonomía y la democracia participativa local.
2) Eliminación de los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias.
3) La privatización prácticamente total de los servicios públicos municipales de agua, residuos sólidos urbanos, bomberos, fomento económico y servicios sociales, entre otros.
4) Destrucción de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales.
5) Disminución y deterioro de la cohesión económicay social, el emprendimiento y el desarrollo local, con la consiguiente pérdida de riqueza endógena y del arraigo de la población al territorio.
3. Las consecuencias negativas para la ciudadanía
El impacto en la aplicación de esta reforma local conllevaría demoledoras consecuencias para la ciudadanía en general:
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Brutal repercusión en el empleo público local con la supresión de puestos de trabajo y pérdida de derechos laborales.
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La afectación a los consumidores por el incremento en las tarifas, la ausencia de canales de participación social en la gestión de los servicios municipales y la falta de control por parte de la ciudadanía que conllevan la privatización de dichos servicios.
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La incidencia en las empresas de economía social, autónomos y pequeñas empresas locales que verían disminuir drásticamente su facturación por la caída de la demanda local, además de la eliminación de aquellas que sean proveedoras de los ayuntamientos al ser sustituida su actividad por la de grandes concesionarios foráneos como consecuencia de la privatización de los servicios y actividades municipales.
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Supresión o deterioro de los servicios públicos locales.
El ataque contra la autonomía local, al reducirse sus competencias y estar intervenida su gestión por la administración central o provincial, implicará la supresión del ámbito más cercano de la interlocución política y administrativa.
Mediante la excusa de la insuficiencia presupuestaria o de superar los costes estándar, los servicios públicos locales (abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos, cementerios, actividades deportivas y culturales, guarderías, etc.) serán trasvasados a las Diputaciones Provinciales para que éstas procedan a su privatización. Los efectos para las personas usuarias de los servicios son múltiples y diversos: el encarecimiento de las tarifas, la precarización y pérdida de su calidad, la ausencia de vías de participación social en su gestión y la falta de control de la misma por parte de la ciudadanía. La constatación actual es que los se rvicios privatizados locales son más caros y de peor calidad que cuando la prestación es pública.
Los servicios de ayuda a la dependencia, los servicios sociales, las guarderías y apoyo educativo, las actividades culturales, las deportivas, las sanitarias, la protección de los consumidores y usuarios, etc, se verán suprimidas o reducidas a su mínima expresión
Como alternativas se presentan múltiples propuestas pero destacamos la que hace referencia a la financiación local por entender que es de la que derivarian todas las demás.
• Garantizar la suficiencia financiera municipal desde los Presupuestos Generales del Estado incrementando sus ingresos totales.
• La transformación del actual sistema tributario local caracterizado por su ineficacia (en 2009 los costes de ineficiencia supuso 6.634 millones de euros lo que representa el 31 por ciento de la recaudación
prevista) y su falta de equidad tributaria (los tributos locales son de carácter patrimonial y se basan en criterios de proporcionalidad y no de progresividad, con clara vulneración del artículo 31 de la constitución).
Para el logro de la eficacia y equidad la nueva imposición local debe de articularse a través de los sistemas tributarios central y autonómico, mediante el establecimiento de un sistema de financiación local más eficiente, equitativo, justo y progresivo.
• Establecimiento de un Plan Estatal de Inversiones Locales con aportación íntegra del Estado y de las Comunidades Autónomas y con destino a proyectos incluidos, esencialmente, en planes y programas cuatrienales municipales, que priorice la reactivación económica y la creación de empleo de calidad.
• Nuevo sistema de reparto en la participación en tributos del Estado que venga a mejorar la cuota municipal.
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