Esquerra Unida hace las propuestas que tienen su base en la Constitución y en los Pactos Internacionales firmados por el gobierno de España. Entre ellos se hace referencia al artículo 47 de la Cosntitución (Derecho a la vivienda) y asimismno al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ('toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuad0...') y al PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Así se despredne de la nota emitida por la formación política.
En opinión del grupo municipal de la formación Esquerra Unida, 'desde las comunidades autónomas y desde los
Ayuntamientos se deben poner en funcionamiento programas en defensa de la
vivienda, para el asesoramiento, la intermediación y protección de las familias
afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas
de su residencia habitual y permanente.
El objetivo de las medidas presentadas es, según indica el grupo de izquierdas, que el gobierno municipal no deje a los vecinos/as que están afectados por el grave problema de la amenaza de desahucio sólos frente al gran poder legal y político de que gozan los bancos.
Según indican 'en el momento en que nos encontramos la debilidad del consumidor frente a otras fuerzas económicas del mercado es notoria, por lo que ' que obliga a los poderes públicos a buscar restablecer, en lo posible, el equilibrio en las relaciones de consumo entre las entidades financieras y sus clientes, lo que se ha consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como el principio “pro consumidor”.
Las propuestas presentadas son:
1.- El Ayuntamiento procederá a modificar con carácter de urgencia la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana añadiendo al artículo 3, apartado 1, el siguiente párrafo con la letra c):
“En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto- Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas”.
(De conformidad con el Real Decreto 6/2012, de 9 de Mayo, artículo 9 de “Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.)
2.- Instar a la Comunidad Autónoma a que en el marco de sus competencias, garantice la función social de la vivienda y establezca un censo de viviendas deshabitadas, para en su caso, sancionar las viviendas que estén en manos de personas jurídicas y fomentar el alquiler de aquellas viviendas que estén en manos de personas físicas, con la idea de fomentar el acceso a la vivienda desde el alquiler.
3 .- Instar al Gobierno de España a adoptar la paralización de los desahucios tal y como se contemplaba en la ILP; a que las viviendas del SAREB pasen a ser gestionadas por las administraciones públicas autonómicas para el alquiler; a que no apruebe el desahucio expréss del alquiler, y a que se haga una quita en la deuda de las familias hipotecadas tal y como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de a burbuja inmobiliaria.
4.- El Ayuntamiento de Bétera, en el ámbito de su organización y estructura y en el marco de sus competencias en las materias de vivienda, consumo y servicios sociales, colaborará con la Administración Autonómica en el desarrollo de los programas destinados a solucionar los problemas de familias desahuciadas, comprometiendo los recursos humanos y los medios materiales que determine para la resolución de los conflictos que tengan los residentes de su término municipal en relación con su residencia habitual y permanente.
5.- El Ayuntamiento de Bétera procederá a la revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Serán destinatarios de la colaboración administrativa los ciudadanos y ciudadanas que necesiten el asesoramiento, la intermediación y, en su caso, la protección adecuadas para prevenir la pérdida de su residencia habitual y permanente.
6.- El Ayuntamiento de Bétera se compromete, a través de sus servicios sociales y previa solicitud motivada de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a realizar los informes necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a siete días, la situación social y económica de las personas destinatarias de, en su caso, la colaboración interadministrativa, al objeto de determinar si la misma está en riesgo de exclusión social.
7.- No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio.
8.- Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.
9.- Ningún desahucio en vivienda protegida pública.
10 .- Crear una bolsa de vivienda protegida pública y otra privada para alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión social.
11.- El Ayuntamiento de Bétera , a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en el marco del ejercicio de sus funciones, prestará el asesoramiento que los ciudadanos y ciudadanas necesiten sobre los problemas económicos que padecen en relación a su residencia habitual y permanente. Asimismo dará difusión de sus actuaciones, al objeto de conseguir un mejor conocimiento sobre los derechos y obligaciones que tienen los residentes en su término municipal en relación a su vivienda.
12.- El Ayuntamiento de Bétera, y en su caso, en colaboración con la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, se compromete a propiciar el realojo provisional en una vivienda de su titularidad o de sus entes instrumentales, en régimen de arrendamiento y siempre que tengan viviendas desocupadas, de las personas que hayan sido privadas del uso y disfrute de la vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud de resolución judicial, se encuentren en situación de riesgo de exclusión social y así se determine, si procede, por la Consejería de Fomento y Vivienda.
13.- El Ayuntamiento de Bétera facilitará a la Delegación Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient la información que le sea solicitada dimanante del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, al objeto de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual de su residencia habitual y permanente, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y la normativa sectorial aplicable.
14.- El Ayuntamiento de Bétera se compromete a apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de evitar y/o paliar el dramático problema de desahucios (Paralización de desahucios, dación en pago, alquiler social, reforma Ley Hipotecaria, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil...)
15.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento al objeto de dar respuesta a las cuestiones que se susciten con el desarrollo de los acuerdos recogidos en esta Moción. Estará compuesta por un representante de cada grupo municipal con representación en el Ayuntamiento.
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