La familia propietaria de los terrenos reclamó la expropiación tras un silencio de 6 meses del gobierno del PP de llegar a un acuerdo mediante un justiprecio
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha pagado ya los 3’4 millones de euros a unos vecinos de la localidad como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por la ocupación de unos terrenos por parte del consistori-rojao en los años 70 para destinarlos como futura zona verde y que en su momento fueron valorados en 879.000 euros después de rechazar una expropiación que habría rebajado considerablemente la cantidad pagada finalmente.
Los hechos surgidos a raíz de esta sentencia arrancan en julio de 2010 cuando la familia propietaria solicitó al ayuntamiento –entonces gobernado por el PP- un expediente de justiprecio sobre las parcelas para llegar a un acuerdo amistoso entre ambas partes sobre el valor de las mismas pero transcurrieron 6 meses de silencio sin que el equipo de gobierno se pronunciase al respecto.
Acto seguido, los reclamantes presentaron una hoja de aprecio al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria por un montante de 6’7 millones de euros y cuya solicitud fue rechazada por el pleno municipal con la mayoría absoluta del Partido Popular, tanto la cantidad reclamada como la expropiación de las parcelas de 58.000 metros cuadrados ubicada en la urbanización de Montealcedo.
La expropiación de los terrenos, que habrían rebajado la cantidad pagada, estaba amparada en la ley urbanística valenciana del año 2005 –impulsada y aprobada por la Generalitat de Camps- y habría supuesto un ahorro económico notable a las arcas municipales de entre 2 y 3 millones de euros.
El fallo de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ estima, de esta forma, el recurso de las familias propietarias de los terrenos aunque los 6’7 millones de euros solicitados por la familiar demandante han quedado reducidos, finalmente, a los referidos 3’4 millones a los que caben añadir otros 860.000 euros en concepto de intereses.
Una parte de los citados terrenos estaban calificados como sistema general mientras que la otra área restante estaba considerada como “dotacional de carácter local” en el que nunca se llegó a concretar ningún tipo de acuerdo entre los propietarios y los herederos del suelo y el propio Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que habría evitado llegar hasta las instancias judiciales.
El fallo subraya tajante que "las razones o chapuzas que se hicieron en los años 70 no interesan en este momento, el hecho cierto es que han quedado dos bolsas de suelo urbano que ni se han expropiado ni han sido adscritas a ningún plan parcial o urbanización, cierto que es una anomalía pero la responsable no es la solicitante de la expropiación; no se debió permitir la ejecución de las urbanizaciones sin incluir la zona verde que se debió obtener asignando aprovechamiento a los propietarios o mediante expropiación cargo a los propietarios de la urbanización".
Para hacer frente al citado pago, el Ayuntamiento de Riba-roja abonó en diciembre de 2015 un total de 879.000 euros a cuenta de la suma total –a través de otra resolución judicial- y ahora en el año 2019 ha terminado de pagar los restantes 2’5 millones de euros que aumentarán en otros 860.000 euros en intereses.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha subrayado “el esfuerzo que ha tenido que realizar el ayuntamiento con este pleito urbanístico por culpa del gobierno del Partido Popular que se negó en redondo a negociar y entablar un diálogo con los propietarios con total empecinamiento ya que pensaban que el juzgado les daría la razón y, sin embargo, ahora se ha pagado una suma enorme que se podría haber destinado a obras y servicios esenciales para nuestros ciudadanos”.
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