Un fallo judicial anuló el contrato que ahora se indemniza porque el PP lo ejecutó sin el proyecto técnico
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria volverá a sacar a finales de este año el contrato del servicio de abastecimiento de agua potable que anuló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en noviembre de 2016 tras el dictamen de la comisión municipal que descartó su rescate por parte del municipio por los informes técnicos que desaconsejaban su recuperación.
Con el nuevo proceso de adjudicación, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tendrá que indemnizar con 2'3 millones de euros a la concesionaria actual que resultó vencedora del proceso administrativo que tuvo lugar bajo mandato del Partido Popular. Esta indemnización se abonará en virtud de las obras de modernización y mejora realizada en la red de abastecimiento que las arcas municipales podrán recuperar a través del nuevo contrato que establecerá la misma cantidad económica para la nueva adjudicataria que se subrogará estos gastos.
Los servicios técnicos del ayuntamiento elaborarán un nuevo pliego de condiciones previo al concurso público cuya fase final concluirá a finales de este mismo año con su adjudicación a una nueva empresa que gestionará el abastecimiento de agua a los habitantes de Riba-roja. Con el nuevo contrato se pretende subsanar los errores y deficiencias heredados de la anterior corporación encabezada por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular.
La sentencia origen de este proceso judicial arrancó cuando una de las aspirantes al concurso -Aguas de Valencia- impugnó el mismo al entender que en la actuación administrativa se habían producido una serie de irregularidades y deficiencias como la falta de redacción y aprobación de los proyectos y anteproyectos para la ejecución de las obras, la instalación a la red de saneamiento separativa del polígono industrial l'Oliveral y el abastecimiento de agua potable para el polígono industrial de la zona sur o la conexión de depósitos del Calvari con la finca existente en la variante.
El fallo judicial emitido por el alto tribunal obliga al Ayuntamiento de Riba-roja a volver a sacar a concurso el citado servicio de abastecimiento a raíz de las deficiencias admitidas en el proceso. Mientras se saca el nuevo pliego y se ejecuta la sentencia, el consistorio ha prorrogado hasta finales de este año 2018 el servicio al tiempo que una comisión ha estudiado a lo largo de las últimas semanas una posible recuperación por parte del consistorio.
Finalmente, la comisión del agua ha decidido rechazar su posible municipalización a raíz de los informes técnicos del ayuntamiento que desaconsejaban esta fórmula por los elevados costes económicos que tal medida podría suponer para las arcas municipales. Por tanto, se ha optado por continuar con la fórmula de externalizar el servicio como hasta ahora aunque el periodo establecido -fijado en 20 años en la adjudicación del PP- se adaptará a las necesidades que se requieran.
Ambas soluciones, volver a licitar el servicio del agua potable de acuerdo a la sentencia o municipalizarlo, suponían el mismo desembolso del ayuntamiento para indemnizar a la empresa concesionaria. En el caso de externalizar el servicio, el desembolso económico municipal se puede recuperar a través del pliego de condiciones del nuevo adjudicatario mientras que en la municipalización esta condición no sería viable.
Cabe recordar que el anterior ejecutivo local de Riba-roja, con el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, a la cabeza, adjudicó el servicio con fecha 30 de julio del año 2012 a la empresa Hidraqua sin la "elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y del correspondiente a las obras precisas". Además, el anteproyecto debía contener una memoria, los planos de situación, un presupuesto, un estudio del régimen de utilización y explotación de la obra, someterla a información pública y la introducción de las variantes o mejoras que estimen oportunas.
El concejal de Hacienda, José Ángel Hernández, ha señalado que con el nuevo proceso administrativo "pondremos fin a los problemas derivados de una mala gestión por parte del anterior gobierno del Partido Popular cuyo trabajo ha quedado en muy mal lugar por una sentencia de los tribunales de justicia y por ello hemos antepuesto ahora los intereses de los 22.000 habitantes de nuestro municipio antes de cualquier otro aspecto, para que reciban el servicio que se merecen".
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