Los trabajadores funcionarios pasan de 116 a 184 en esta legislatura
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha reducido en hasta un 40% la precariedad laboral entre sus trabajadores desde el principio de la presente legislatura y ha apostado con firmeza por cubrir las plazas vacantes destinadas a los funcionarios al sacar a concurso y oposición estos puestos de trabajo con el objetivo de eliminar la situación de irregularidad que se arrastra desde hace años en la administración local.
La política de personal heredada de los anteriores gestores del Partido Popular estaba determinada por una abundancia de la temporalidad y la precariedad laboral en el ayuntamiento con la existencia de hasta 144 personas clasificadas como personal interino o personal -un 40%- de las 343 que formaban la plantilla de Riba-roja de Túria en el año 2015, inicio de la actual legislatura.
Además, de las 116 plazas de funcionario sólo estaban ocupadas 80 en el año 2015, es decir, un 69% sobre el total, mientras que a día de hoy esta cifra ha aumentado hasta llegar al 74% ya que en la actualidad el personal funcionarial ha pasado de 116 a 184, de las que hay ocupadas hasta 137 sobre la totalidad. Cabe destacar también que del resto de plazas vacantes 32 eran ocupadas con carácter temporal -un 28% sobre el total- en el año 2015 mientras que en 2017 las temporales son 42 -un 23% ya que la plantilla de funcionarios ha aumentado un 58%.
En términos absolutos, la plantilla del Ayuntamiento de Riba-roja ha pasado de 342 a 368 empleados en esta legislatura como consecuencia del aumento de los servicios y las prestaciones públicas ofrecidas a los ciudadanos. Así, de los 116 funcionarios del año 2015 se ha pasado a 184 con el proceso de regularización mientras que las plazas temporales e interinas se han reducido de 226 a 184 de la actualidad, es decir, 42 menos.
Estos procesos de estabilidad laboral son posibles en el marco del nuevo acuerdo suscrito en el sector público para el año 2018 impulsado por los sindicatos que permite a los ayuntamientos reforzar sus plantillas al tiempo que se apuesta por una reducción notable de la temporalidad laboral a la que estaban sometidos los empleados públicos y, por tanto, estaban al libre albedrío de los caprichos de turno de los políticos o podían ser objeto de posible clientelismo.
En el caso de Riba-roja de Túria, se han llegado a detectar situaciones irregulares por parte de algunos trabajadores que encadenaban hasta 10 y 15 años de contratos interinos o temporales sin que se sacasen a concurso público los citados puestos de trabajo mediante las correspondientes pruebas o ejercicios consistentes en concursos-oposición u oposiciones directamente.
En este procedimiento de regularización del personal del ayuntamiento no se producirá ninguna descompensación económica en las arcas municipales, de forma que no supondrá ni un incremento del gasto ni tampoco un incremento del número de empleados públicos. La finalidad del consistorio de Riba-roja pasa por apostar notablemente por el empleo de calidad de forma que las plazas interinas se puedan convertir en su gran mayoría en funcionarios.
Los procesos selectivos para cubrir estos puestos de funcionarios se realizarán bajo las premisas de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, mediante una negociación pormenorizada con las organizaciones sindicales las valoraciones en las fases de concurso y de oposición. Paralelamente, una auditoría laboral encargada a la Universitat de València se encargará de radiografiar la situación administrativa de los empleados públicos.
El concejal de personal, José Luis López, ha destacado "el enorme esfuerzo que estamos realizando desde el principio de la legislatura por regularizar todo el embrollo de personal heredado del Partido Popular que se dedicó a fomentar el personal interino y a realizar subidas ilegales de sueldos rechazadas en sede judicial con el único objetivo de someter a su capricho la labor de los trabajadores".
López ha añadido que "nos hemos visto obligados a determinar nuestras prioridades a pesar de las trabas del ministro Montoro que nos impide aumentar servicios esenciales aunque dispongamos de superávits presupuestarios y una economía saneada con cero deudas bancarias".
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha reducido en hasta un 40% la precariedad laboral entre sus trabajadores desde el principio de la presente legislatura y ha apostado con firmeza por cubrir las plazas vacantes destinadas a los funcionarios al sacar a concurso y oposición estos puestos de trabajo con el objetivo de eliminar la situación de irregularidad que se arrastra desde hace años en la administración local.
La política de personal heredada de los anteriores gestores del Partido Popular estaba determinada por una abundancia de la temporalidad y la precariedad laboral en el ayuntamiento con la existencia de hasta 144 personas clasificadas como personal interino o personal -un 40%- de las 343 que formaban la plantilla de Riba-roja de Túria en el año 2015, inicio de la actual legislatura.
Además, de las 116 plazas de funcionario sólo estaban ocupadas 80 en el año 2015, es decir, un 69% sobre el total, mientras que a día de hoy esta cifra ha aumentado hasta llegar al 74% ya que en la actualidad el personal funcionarial ha pasado de 116 a 184, de las que hay ocupadas hasta 137 sobre la totalidad. Cabe destacar también que del resto de plazas vacantes 32 eran ocupadas con carácter temporal -un 28% sobre el total- en el año 2015 mientras que en 2017 las temporales son 42 -un 23% ya que la plantilla de funcionarios ha aumentado un 58%.
En términos absolutos, la plantilla del Ayuntamiento de Riba-roja ha pasado de 342 a 368 empleados en esta legislatura como consecuencia del aumento de los servicios y las prestaciones públicas ofrecidas a los ciudadanos. Así, de los 116 funcionarios del año 2015 se ha pasado a 184 con el proceso de regularización mientras que las plazas temporales e interinas se han reducido de 226 a 184 de la actualidad, es decir, 42 menos.
Estos procesos de estabilidad laboral son posibles en el marco del nuevo acuerdo suscrito en el sector público para el año 2018 impulsado por los sindicatos que permite a los ayuntamientos reforzar sus plantillas al tiempo que se apuesta por una reducción notable de la temporalidad laboral a la que estaban sometidos los empleados públicos y, por tanto, estaban al libre albedrío de los caprichos de turno de los políticos o podían ser objeto de posible clientelismo.
En el caso de Riba-roja de Túria, se han llegado a detectar situaciones irregulares por parte de algunos trabajadores que encadenaban hasta 10 y 15 años de contratos interinos o temporales sin que se sacasen a concurso público los citados puestos de trabajo mediante las correspondientes pruebas o ejercicios consistentes en concursos-oposición u oposiciones directamente.
En este procedimiento de regularización del personal del ayuntamiento no se producirá ninguna descompensación económica en las arcas municipales, de forma que no supondrá ni un incremento del gasto ni tampoco un incremento del número de empleados públicos. La finalidad del consistorio de Riba-roja pasa por apostar notablemente por el empleo de calidad de forma que las plazas interinas se puedan convertir en su gran mayoría en funcionarios.
Los procesos selectivos para cubrir estos puestos de funcionarios se realizarán bajo las premisas de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, mediante una negociación pormenorizada con las organizaciones sindicales las valoraciones en las fases de concurso y de oposición. Paralelamente, una auditoría laboral encargada a la Universitat de València se encargará de radiografiar la situación administrativa de los empleados públicos.
El concejal de personal, José Luis López, ha destacado "el enorme esfuerzo que estamos realizando desde el principio de la legislatura por regularizar todo el embrollo de personal heredado del Partido Popular que se dedicó a fomentar el personal interino y a realizar subidas ilegales de sueldos rechazadas en sede judicial con el único objetivo de someter a su capricho la labor de los trabajadores".
López ha añadido que "nos hemos visto obligados a determinar nuestras prioridades a pesar de las trabas del ministro Montoro que nos impide aumentar servicios esenciales aunque dispongamos de superávits presupuestarios y una economía saneada con cero deudas bancarias".
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