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El Ayuntamiento de Riba-roja acabará con la precariedad laboral del 40% de sus empleados


Desde el 2015 un 15% de la plantilla municipal ha pasado de ser laboral a funcionario y se ha reducido la temporalidad.

El nuevo acuerdo de Estabilización de Empleo Público y de Oferta de Empleo Público para el año 2018 impulsado por los sindicatos abrirá una vía a los Ayuntamientos para reforzar sus plantillas y reducir la temporalidad en un 8%.

Este marco laboral responde a la necesidad de adecuar los recursos humanos y los efectivos a las necesidades reales de los ciudadanos en cuanto a la prestación de servicios básicos.

Así se lo anunció recientemente el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda al alcalde de Riba-roja, Robert Raga durante su reciente encuentro en Madrid.

“Este acuerdo en materia de empleo entre los sindicatos mayoritarios posibilita a los Ayuntamientos crear empleo público y estabilizar el existente, convirtiendo interinos en indefinidos”, asegura Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria

En el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado se incluirá la previsión de que la Administración pueda disponer de una tasa adicional para estabilización del empleo temporal que incluirá plazas de sus servicios de Administración, que respondiendo a necesidades estructurales, hayan estado dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida a los tres años anteriores a diciembre de 2017.

Este proceso servirá para cubrir de forma definitiva las plazas de carácter estructural, que desempeñe personal eventual. En ningún caso supondrá un incremento de gasto ni de efectivos para la Administración.

Los procesos selectivos garantizarán los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. No obstante, será objeto de negociación en cada Administración la valoración en la fase de concurso, entre otros méritos, en su caso, el tiempo de servicios prestados a la Administración.

Desde el 2015 el Ayuntamiento de Riba-roja ya ha realizado avances en materia de estabilización del empleo. En 2015, el numero total de funcionarios era de 116, mientras que los laborales ascendían a 226. En 2017, se ha igualado esta cifra, con una reducción de la temporalidad en los funcionarios.

El número de plazas de funcionario que están ocupadas ha pasado de ser de 80 en 2015 (69%) a 137 en 2017 (74%). Mientras que en 2015 un total de 32 puestos vacantes eran cubiertos de forma temporal (28%), en 2017 lo son 42 puestos (23%), por lo que, aunque en términos absolutos han aumentado el número de plazas cubiertas de forma temporal, a efectos prácticos se ha reducido la temporalidad.


A través del nuevo acuerdo laboral, Riba-roja de Túria tendrá en 2018 una tasa de reposición de efectivos de hasta el 100%, en sectores prioritarios, ya que es uno de los Ayuntamientos españoles que ha cumplido con los objetivos del déficit, la regla del gasto y la deuda pública en 2017.

Asimismo podrá incorporar un nuevo número de efectivos equivalentes al 8% del resultado de su tasa de reposición, en aquellos sectores que requieran un refuerzo adicional de efectivos.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la tasa de reposición puede llegar al 115% y respecto a los puestos de trabajo reservados a los habilitados nacionales de la Administración, se podrá llegar hasta un 25% de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes.

El Ayuntamiento de Riba-roja cuenta actualmente con casi un 40% de empleados en situación precaria. “Se trata de una situación laboral heredada de anteriores legislaturas con trabajadores con 10 y 15 años como interinos”, matiza Raga,

“Acabar con esta clase de irregularidades ha sido una de nuestras principales tareas desde que iniciamos la legislatura”. Desde que éste consiguiese formar gobierno en los comicios de 2015, se ha regularizado la situación del 15% de la plantilla, que, tras pasar por un proceso de oposición, cuenta ahora con la condición de funcionario.


El consistorio encargó a finales de 2016 a la Universitat de València una auditoría laboral para que realizara una “radiografía exhaustiva” sobre la situación administrativa que viven los 368 empleados públicos, los funcionarios y los laborales, para “establecer la posibilidad de disfunciones entre las categorías laborales y las tareas que, realmente, llevan a cabo en los diversos departamentos municipales”.

A la vista de las conclusiones que arroje la auditoría, el actual gobierno procederá a regularizar la situación de los trabajadores interinos o temporales en el consistorio local para “dotar a estos trabajadores más expuestos a posibles caprichos de los gestores políticos”. 

Gobierno y sindicatos se han fijado el 9 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre sueldos, empleo público y condiciones laborales de los funcionarios.




Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

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